La XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur anunció la aprobación de la Ley para la Atención y Protección de Personas con la Condición del Espectro Autista, argumentando que el objetivo es impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad del sector con esta condición.
No obstante, activistas, colectivos, padres y madres de familia de menores autistas denunciaron que esta ley es un avance disfrazado: una política débil, ya que no garantiza ninguno de los derechos y tampoco se contemplaron las necesidades más urgentes de la comunidad.
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Con alrededor de mil 500 niños, niñas y adolescentes autistas en Baja California Sur, las modificaciones en materia educativa era una de las áreas de mayor oportunidad y donde más se remarcan los cambios que esta ley debía traer consigo.
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SIMULACIÓN EN LA CONSULTA
Marcela Arrevillaga Robledo, miembro del Colectivo de Padres y Activistas, explicó que esta iniciativa surge a raíz de una impugnación que se interpuso en 2024, en contra de la ley que promulgó la legislatura anterior, debido a que en ese proceso no se llevó a cabo una consulta.
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En respuesta, el recurso de revisión llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolviendo que el Congreso del Estado tenía un año para llevar a cabo esta consulta y proceder con las modificaciones necesarias para crear esta ley.
Aunque este ejercicio de participación ciudadana sí se llevó a cabo, la sociedad recalca que fue una simulación, ya que consideran que no fueron escuchados por las y los diputados de la XVII Legislatura.
“En mi opinión particular, como miembro del colectivo y con pláticas con mis demás compañeros, créeme que nos dejó mucho desear porque fue muy limitado el tiempo. Se sintió como que fue muy a prisas: no hubo la difusión suficiente; no hubieron los ajustes razonables correspondientes; no se llegó a la mayor cantidad de personas autistas, que ellos son los que realmente importan”, manifestó Marcela Arrevillaga.
La activista precisó que tampoco se implementaron herramientas para esta consulta, como uso de QR o para garantizar el acceso a personas con movilidad reducida.
“La consulta, la verdad, quedó demasiado simulada, por así decir, o simbólica; eso fue el descontento en las consultas”, agregó.
El trabajo se tomó alrededor de tres meses después de que la SCJN notificó al Congreso, bajo el argumento de que necesitaban un documento, pero sin dar más detalles de la demora.
Aseveró que sí integraron propuestas dentro del documento, pero no eran claras. Además, insiste, el tiempo de las mesas de trabajo fue insuficiente, con apenas dos horas para abordar aspectos importantes como educación, salud, trabajo y previsión social.
En este punto remarca, sobre todo, la falta de difusión, calificando como una tristeza el número de participantes en las mesas porque solamente dieron una fecha.
“Sí es una ley que reconoce derechos y que habla de después de derechos bonitos y todo, pero que no obliga con la fuerza suficiente para garantizarlos”, señaló.
LAS DEBILIDADES DE LA REFORMA
Marcela, como madre de un niño autista, comenta que la ley parte bien, pero se queda corta en lo esencial, y en todo aquello que debe ser fuerte, no lo es: en exigir y garantizar derechos de esta comunidad.
Sí habla de inclusión educativa, de derechos de la salud; sí cumple con la consulta que mandató la SCJN e integra el estándar ordenado. El problema real es que está llena de un lenguaje ambiguo, con términos como “progresivamente”, “disponibilidad presupuestaria”, “se promoverá”, lo que implica que esta ley carece de fuerza jurídica.
“Si yo como familia voy y quiero interponer una demanda, por discriminación o por acoso escolar, la ley a mí no me da suficientes herramientas para que yo obligue al Estado a cumplir inmediatamente esa necesidad”, expuso.
“Tendría yo que contratar un abogado y que ese abogado me ayude en base a la ley a llevar el litigio. Pero dime tú: si gastamos en terapias, gastamos en medicamentos, pasajes, etc… para qué vamos a gastar en más abogados”, añadió.
Es por ello que la representante del colectivo recalcó que esta iniciativa debía atender, aunque sea un poco, la sobrecarga económica que tienen las familias con un integrante autista.
“Créeme que la palabra inclusión es demasiado grande, y eso es lo que peleamos, eso es lo que nos duele: que nuestra ley no tenga dientes de dientes propios, porque lo que hizo el Congreso fue simular escuchar a la gente con las mesas de trabajo”, denunció.
LAS NECESIDADES
Con respecto a cuáles son las necesidades que expusieron y que esta ley no contempló, Marcela Arrevillaga enlistó los siguientes aspectos:
El primero de todos es el presupuesto, siendo el más importante, ya que no garantiza ningún monto anual para obligar al Gobierno del Estado a cumplir con los derechos que marca la reforma.
Sumó que tampoco se contempló la garantía de contar con Centros de Autismo en cada municipio, debido a que la comunidad crece y cuentan con pocos especialistas. Calculan que hay alrededor de cinco neuropediatras a nivel estatal y muy pocos terapeutas de lenguaje.
En este punto, recalcó que se trata de especialidades que no son parte del plan de estudios de las universidades.
“Necesitamos terapeutas en comunicación humana para las terapias de lenguaje, porque el autismo es una de las principales barreras que ponen en las infancias y en los adultos y adolescentes, a veces es el lenguaje”, explicó.
“Es muy triste de que no contempla ni exige que en las universidades haya este tipo de especialidades como neuropediatría, paidopsiquiatría, psiquiatría, neuropsicología, licenciados en comunicación humana; que de verdad se les capacite en neurodivergencias”, expresó.
Comentó que también era necesario aumentar la cantidad de personal en los Centros de Salud, debido a que los tiempos de consulta se han reducido o el espacio es muchísimo. Por ejemplo, expone para tener una cita con la paidopsiquiatra del Instituto Mexicano del Seguro Social esperan entre tres y seis meses.
Otra necesidad que es urgente es la ausencia de docentes monitores en las aulas de Baja California Sur. Las familias se ven obligadas esta asistencia educativa de manera privada, lo que les llega a costar alrededor de dos mil 500 pesos a la semana; sin embargo, los diputados de las comisiones que trabajaron la ley se negaron a incluir este tema.
Expuso que los legisladores alegaron que no podían abordar esto porque es de competencia federal, insistiendo en que en la Ley de Educación no existe la figura del docente monitor.
La activista subrayó que, a pesar de que saben y entienden que no existe la palabra específica en la ley federal, ésta sí contempla una educación inclusiva y con ajustes razonables, y dentro de estos conceptos entra el apoyo humano dentro del aula.
“No podemos hablar de educación inclusiva no solamente por darle un cupo a un niño en la escuela y pegar en todas las paredes de las escuelas carteles de inclusión, eso no es suficiente. Lo necesario es el acompañamiento, el apoyo que los docentes estén capacitados para recibir personas autistas y poderles dar el apoyo pedagógico necesario”, reiteró.
La problemática en las escuelas llega a tal punto que los maestros se ven rebasados porque no atienden únicamente a un alumno, sino a varios.
“Ahí es donde figura la importancia del acompañamiento humano dentro del aula. Si un niño autista a la hora del recreo está solo, sin acompañamiento, si no se integra, si no pertenece realmente la comunidad”, remarcó.
Por último, mencionó la necesidad de infraestructura educativa para crear espacios de regulación sensorial en una esquinita dentro de un salón, así como adaptar este o darle material al docente para hacer aulas menos estimulantes.
Desde el 12 de marzo, ZETA solicitó una entrevista con el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y presidente de la Comisión de Asuntos Educativos, Martín Escogido Flores, para abordar las inconformidades del colectivo y de activistas en torno a estos puntos; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta del legislador.
MORENA DESECHÓ ESTOS PUNTOS: SALDAÑA
La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros, denunció que ella presentó algunos de los puntos que las familias y colectivos insistieron en agregar a la ley, sin embargo, fueron desechados por la bancada de Morena durante la votación de la iniciativa.
La legisladora de oposición acusó que este proyecto necesitaba abordar aspectos fundamentales, por lo que propuso agregar reducir el número de estudiantes en aulas en las que se tenga un menor autista para que el profesor a cargo pueda cubrir las necesidades educativas del grupo.
También pidió anexar garantías para que el mobiliario escolar cuente con las características que demandan algunos niños y niñas con esta condición, como sillas especiales.
Asimismo, subrayó que era importante que se crearan áreas de calma para atender a las y los menores cuando tengan una crisis, coincidiendo con los colectivos.
“Propuse también que poco a poco se fueran dando este tipo de monitoras o maestras sombra para que estos niños puedan tener acompañamiento pedagógico”, añadió.
Sin embargo, Guadalupe Saldaña reiteró que Morena y Nueva Alianza votaron en contra de todos estos puntos, obteniendo el apoyo a favor de los diputados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“La ley habla de progresividad y que de acuerdo a la suficiencia presupuestaria, me parece que fue una actitud egoísta, una actitud nada empática con este sector. Me parece que cuando hay mucho discurso y no hay recurso, es pura simulación. Y es lo que pasó hoy con los diputados de Morena, desafortunadamente”, expresó la diputada.
