El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) anunció la expansión de su política de restricción de visas para individuos en el hemisferio occidental que apoyen a los adversarios de Washington en acciones que socaven los intereses estadounidenses en la región, y confirmó que ya tomó medidas contra 26 individuos en varios países en el marco de esa política. El anuncio llegó en el contexto de una campaña de presión que, según la agencia británica Reuters, acumula al menos 50 revocaciones de visas a políticos y funcionarios mexicanos, la mayoría vinculados al partido Morena.
En un mensaje difundido a través de la cuenta oficial de la red social X, el DOS señaló que la medida ya había operado contra 26 personas en distintas naciones del hemisferio, sin precisar sus identidades ni sus países de origen. “El Departamento de Estado está restringiendo las visas estadounidenses para individuos de países en nuestro hemisferio que apoyan a nuestros adversarios en socavar los intereses de Estados Unidos en nuestra región”, indicó la dependencia federal estadounidense, que agregó que la Administración encabezada por el presidente Donald John Trump continuaría trabajando por la seguridad y prosperidad de la región.
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La política ampliada se suma a una serie de medidas migratorias de la Administración de Trump que han impactado de manera directa a funcionarios mexicanos. El 14 de octubre de 2025, la agencia Reuters informó, con base en declaraciones de dos funcionarios mexicanos que prefirieron el anonimato, que el Gobierno de Estados Unidos había revocado visas a al menos 50 políticos y funcionarios de México, en su mayoría militantes o ligados a Morena. Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés), reiteró en distintas ocasiones que contar con una visa es un privilegio, no un derecho.
Entre los casos confirmados públicamente en México se encuentran el de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California desde el 1 de noviembre de 2021 y militante de Morena, y el de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, exdiputado federal y excoordinador honorario de proyectos del Gobierno estatal. Torres Torres anunció la noche del 10 de mayo de 2025 que el DOS le revocó su visa de no inmigrante; horas después, la madrugada del 11 de mayo de 2025, Ávila Olmeda reveló a través de su cuenta en la red social Facebook que había recibido “una notificación similar”. El 12 de mayo de 2025, durante una conferencia de prensa en el Centro de Gobierno ubicado en Tijuana, Baja California, la mandataria estatal confirmó que no contaba con visa para cruzar a EE.UU., aunque calificó la cancelación como “una decisión administrativa, no una acusación”.
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El 14 de agosto de 2025, Ávila Olmeda atribuyó el retiro de su visa a “temas administrativos” y señaló que se encontraba en proceso para intentar recuperar el documento migratorio. La mandataria sostuvo que, pese a la medida, mantenía coordinación con funcionarios estadounidenses. “Seguimos trabajando con mucha coordinación con el gobierno de Estados Unidos, mucho respeto siempre, y muy tranquila aquí trabajando con el trabajo de la transformación”, declaró.
La situación de Torres Torres se complicó adicionalmente con la apertura de una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR). El 21 de enero de 2026, la gobernadora confirmó la existencia del expediente FED/FEMDO/FEIDMHDARV-BC/0000556/2025, en el que se señala a Torres Torres por su presunta participación en una red de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero vinculada al cártel de Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa. La denuncia, presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) el 11 de junio de 2025, indica que Torres Torres habría recibido pagos mensuales de 150 mil dólares de Pedro Ariel Mendívil García, extitular de la Secretaría de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, con el propósito de facilitar operaciones del grupo criminal en territorio bajacaliforniano. El 8 de octubre de 2025, la gobernadora confirmó públicamente que se encontraba en proceso de divorcio de Torres Torres.
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La presión de EE.UU. sobre funcionarios mexicanos no se limitó a Baja California. Héctor Antonio Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero y actual coordinador nacional de Enlace Político del Movimiento Ciudadano (MC), confirmó el 15 de octubre de 2025 que el Gobierno de EE.UU. le retiró su visa el 31 de julio del mismo año. Juan Francisco Gim Nogales, presidente municipal de Nogales, Sonora, reveló la noche del 7 de agosto de 2025 que su visa fue cancelada; Óscar Eduardo Castro Castro, presidente municipal de Puerto Peñasco, Sonora, la perdió el 10 de junio de 2025; y César Iván Sandoval Gámez, alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora y militante de Morena, la confirmó el 13 de noviembre de 2025. José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California, hizo lo propio el 4 de diciembre de 2025, luego de que intentara cruzar al estado de California por la garita fronteriza hacia Calexico.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había defendido el 19 de mayo de 2025 que el procedimiento correcto, en caso de que EE.UU. tuviera información sobre vínculos de funcionarios mexicanos con el narcotráfico, era que el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) notificara a la FGR. “Si hay algo que se presente a la Fiscalía General de la República con pruebas, actuaría. Mientras tanto nosotros seguimos trabajando como siempre”, declaró la titular del Poder Ejecutivo Federal. En esa misma fecha, la mandataria nacional aseguró que no existía carpeta de investigación abierta contra Ávila Olmeda y destacó el respaldo popular hacia la gobernadora bajacaliforniana.
El vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi, explicó el 27 de octubre de 2025 que las visas pueden ser canceladas en cualquier momento cuando existan indicios de que su titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla, sin necesidad de una sentencia penal y sin que el Gobierno de EE.UU. esté obligado a ofrecer explicaciones formales, que usualmente se realizan al amparo de la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La nueva política ampliada anunciada por el DOS apunta a que el alcance de estas cancelaciones podría extenderse más allá de los presuntos nexos con el narcotráfico, para abarcar a cualquier individuo considerado aliado de las potencias o grupos que Washington identifique como adversarios en el hemisferio.
