Fueron notorios los desencuentros que, en su momento, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador protagonizaron el entonces fiscal general de la República, Alejadro Gertz Manero, y el por aquellos tiempos titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, cuando el segundo, sin la colaboración del primero, solía congelar cuentas bancarias de relevantes miembros de los cárteles de las drogas.
Sostenía Gertz que al bloquear cuentas, la UIF, ante la presunción de lavado de dinero, violaba el orden jurídico y también las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano que se había pronunciado contra tal medida. Mientras, Nieto argüía el combate a la criminalidad organizada y los cárteles de las drogas.
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Pero los exabruptos de Gertz no minaron la capacidad de Nieto para continuar congelando cuentas a los narcotraficantes, sus financieros y sus empresas fachadas para el lavado de activos económicos. En una sola ocasión, Santiago Nieto informó, por ejemplo, el congelamiento de unas 12 mil cuentas bancarias que, de acuerdo a sus investigaciones, estaban ligadas a grupos criminales que cometían diversos delitos, por ejemplo. El huachicol, el narcotráfico, el blanqueo de dólares y la emisión ilícita de facturas. Tales cuentas sumaban más de 50 millones de dólares, que por el momento estaban fuera del alcance de los señalados.
Esto provocaba berrinches en la conducta del exfiscal Gertz Manero, quien calificaba el trabajo de Nieto más como un espectáculo mediático que una real estrategia de combate a las estructuras financieras del crimen organizado; y todo porque no acudía a la FGR para que ésta, a su vez, colaborara con la investigación, y a través del Ministerio Público, solicitara a un juez la orden para bloquear las cuentas. Ese era el procedimiento. No seguido, pero era, hasta hace unos días, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, y votado por mayoría de los ministros, donde se faculta a la UIF para el bloqueo de cuentas bancarias, clasificando esta acción no como una sanción penal, sino como una medida cautelar administrativa, ante la presunción en los resultados de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, de actividades ilícitas ligadas al blanqueo de capitales por parte de personas físicas o empresas.
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De hecho, antes de la validación de la Corte en los primeros días de abril de 2026, el titular de la UIF ya había congelado cuentas bancarias sin una orden judicial, sino en inmediata reacción a los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y su Oficina de Activos en el Extranjero, la OFAC, en el caso, por ejemplo, de la diputada federal de Morena por Baja California, Araceli Brown Figueredo.
La exalcaldesa de Rosarito, Baja California, Brown Figueredo, fue mencionada en una investigación del Departamento del Tesoro sobre la célula de los Mayos en el Estado 29, liderada por los hermanos Aquiles y René Arzate, indagación que fue titulada como “El Imperio del Contrabando en Rosarito”.
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La OFAC dio a conocer su indagación el 19 de septiembre, e incluyó a la exalcaldesa de Rosarito, hoy aún diputada federal de Morena, Brown Figueredo, en la red de protección de los hermanos Arzate, y a dos empresarios, cercanos a la morenista, Jesús González Lomelí y Candelario Arcega Aguirre, como partícipes del blanqueo de dólares a través de distintas empresas, unas 20 compañías que también fueron exhibidas en el documento del Departamento del Tesoro, y que entre sus dueños incluyen desde empresarios ligados a políticos, hasta familiares de la familia de Jorge Hank Rhon y empleados del mismo.
Semanas después de darse a conocer esta investigación, la UIF, ya titulada por Omar Reyes Colmenares, un cercano al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, congeló las cuentas bancarias de Araceli Brown, Candelario Arcega y Jesús González, así como los de las empresas mencionadas.
A la fecha -y ese es un descontento para las autoridades de los Estados Unidos-, a pesar que las cuentas de los tres, y de varias de las empresas, siguen congeladas por ordenamiento de la UIF, tienen conocimiento que la Fiscalía General de la República no ha iniciado investigación ministerial sobre los susodichos, y que Morena no ha relevado de su escaño en la Cámara de Diputados a Brown Figueredo, a quien el gobierno norteamericano le ha revocado la visa de turista que tenía para entrar a aquel país.
La cuestión ahora, con la nueva resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que ya, de manera legal, jurídica y en plena facultad, la UIF podrá congelar cuentas de personas o empresas ante la sola presunción de una actividad ilícita, o de relaciones con personas o empresas que se presuma tienen ligas con la criminalidad organizada para el blanqueo de dinero.
Es decir, no necesitará la intermediación de la FGR o la orden de un Juez para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria que congele las cuentas que presumen están ligadas a actividades ilícitas. Los ministros justificaron:
“Estas medidas tienen un carácter netamente cautelar y administrativo, orientadas a proteger la integridad del sistema financiero. Su adopción no constituye un acto de investigación penal ni una medida cautelar penal. Por ello, la Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que el bloqueo no es una sanción penal, no implica la determinación de responsabilidad y no sustituye la función que constitucionalmente corresponde al Ministerio Público”.
El problema es que la UIF puede congelar cuentas por facultad propia y de manera directa, y, por ejemplo, en el pasado, como cuando estuvo al frente Pablo Gómez, esa Unidad de Inteligencia Financiera fue utilizada para el golpeteo político; lo mismo sucedió en la presidencia de López Obrador, para indagar a la oposición.
Ahora, tanto políticos de oposición, como ciudadanos y empresas, tendrán que verificar con quiénes hacen negocios, acuerdos, empresa o intercambios económicos, pues de realizarlos con personas o compañías “malas”, investigadas, señaladas por autoridades estadounidenses, o ligadas a políticos bajo la sospecha de algún delito o desvisados, podrían correr el riesgo de ver sus cuentas congeladas, particularmente en el oficialismo morenista que ha resultado bastante vengativo en términos políticos, de oposición y hasta empresariales. Así que, mucho ojo.
