Daniel Pérez Rojas, alias “Cachetes” y “Cachetón 49”, exmilitar mexicano convertido en lugarteniente de alto rango del cártel de Los Zetas, se declaró culpable el 22 de abril de 2026 ante un tribunal federal de Estados Unidos de cargos de conspiración para el narcotráfico internacional, en un proceso que forma parte del expediente en el que también están acusados los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, “El Z-40” y “El Z-42”, exlíderes de la organización criminal.
Según documentos judiciales del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), Pérez Rojas desertó de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano en 2001 para integrarse a Los Zetas, organización fundada por exmilitares que operó originalmente como brazo armado del Cártel del Golfo. Dentro de la estructura criminal ascendió a posiciones de seguridad para los entonces dirigentes de la organización, hasta ser designado en 2007 como sucesor designado del líder Heriberto Lazcano Lazcano. El acusado fue extraditado a EE.UU. en agosto de 2025, de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional de México.
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Pérez Rojas se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y mil kilogramos o más de marihuana con destino ilegal a territorio estadounidense. La sentencia quedó programada para el 30 de octubre de 2026, fecha en la que el acusado enfrentará una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. Un juez de distrito federal determinará la sanción definitiva tras considerar las directrices de sentencia del Gobierno de EE.UU. y otros factores legales.
A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del DOJ, señaló que Pérez Rojas fue responsable de violencia, corrupción e intimidación generalizadas en México y otros países, lo que permitió que el cártel continuara sus operaciones de trasiego de narcóticos. “La condena de hoy es un claro recordatorio de que la División Penal perseguirá con firmeza a los miembros violentos de los cárteles y los hará responsables del daño que han causado aquí y en el extranjero”, declaró el funcionario federal en un comunicado. Por su parte, Matthew W. Allen, jefe de operaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), afirmó que “nadie escapa a la justicia en Estados Unidos.”
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Entre los hechos documentados en el expediente destaca que en 2008 Pérez Rojas viajó a Guatemala, donde Los Zetas habían pagado millones de dólares en sobornos al presidente recién electo. Durante ese viaje, el acusado y otros miembros del cártel se reunieron con funcionarios del Gobierno guatemalteco para negociar la expansión de la organización en ese país, y con narcotraficantes locales para coordinar el suministro de cocaína. En el transcurso de una de esas reuniones, Pérez Rojas y sus acompañantes mataron a un rival guatemalteco y a varios de sus asociados y guardaespaldas.
La Administración para el Control de Drogas de EE.UU. está a cargo de la investigación. Los fiscales Kirk Handrich, Hunter Smith y Erik Cervantes, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Penal, llevan el proceso. La Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ brindó asistencia en el traslado del acusado desde México.
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La declaración de culpabilidad de Pérez Rojas se produce en el contexto del proceso que se sigue simultáneamente contra los hermanos Treviño Morales, extraditados el 27 de febrero de 2025 al amparo de la Ley de Seguridad Nacional mexicana y recluidos en distintos penales federales estadounidenses. Ambos se declararon no culpables el 14 de marzo de 2025 ante el juez Trevor McFadden, en la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington D.C., por cargos de empresa criminal continua, conspiración de tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y conspiración internacional de lavado de dinero. El 12 de septiembre de 2025, el DOJ informó al juez McFadden que no solicitaría la pena de muerte contra ninguno de los dos hermanos, decisión autorizada por la fiscal general Pamela Jo Bondi.
El proceso contra los Treviño Morales incluye un expediente probatorio de 4.9 millones de archivos recopilados por agencias gubernamentales de EE.UU. y México, entre ellos 490 mil llamadas telefónicas interceptadas, informes de inteligencia y documentos judiciales aportados por oficinas de la DEA en Houston, Dallas y Laredo. La siguiente audiencia de estatus quedó programada para el 1 de mayo de 2026. En ese mismo proceso, “El Cachetes” había comparecido de forma virtual en la audiencia del 14 de octubre de 2025 como uno de los acusados en el mismo expediente, siendo ahora el primero en formalizar una declaración de culpabilidad.
Las masacres atribuidas a los hermanos Treviño Morales, en particular la de Allende, Coahuila —en la que durante los días 18, 19 y 20 de marzo de 2011 fueron privadas de la libertad, asesinadas e incineradas decenas de personas— y la de San Fernando, Tamaulipas, donde 72 migrantes fueron asesinados en agosto de 2010, siguen siendo referentes centrales del expediente en EE.UU. Organizaciones de víctimas como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) y Alas de Esperanza han exigido que el proceso federal estadounidense derive en sanciones proporcionales a los crímenes documentados, ante la ausencia de sentencias integrales en México. “Ojalá la justicia estadounidense pueda hacer lo que no hizo el Gobierno mexicano y en especial el Gobierno del Estado de Coahuila”, declaró Daniel Durán, integrante de Fuundec.
El caso forma parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, iniciativa nacional del DOJ que moviliza recursos federales contra la inmigración ilegal, los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales. La organización Los Zetas fue declarada organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) el 20 de febrero de 2025.
