En la lucha por el poder al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, los policías estatales tardaron apenas cuatro años en ganar la pugna interna a los militares enviados por el Gobierno Federal y retomar los puestos de mando.
Lo hicieron bajo la gestión del general Laureano Carrillo Rodríguez como secretario de Seguridad en Baja California. Bastaron tres crisis de credibilidad pública, generadas por dos robos de droga, y un allanamiento ilegal con tortura, cometidos por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, para que los elementos de la policía estatal sacudieran a la SSCBC y, finalmente, expulsaran a militares de puestos de mando.
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En abril y junio del 2025, cuando el general Carrillo enfrentó los primeros actos públicos de corrupción, percibió el autogobierno de la FESC, e hizo las primeras reestructuraciones y cambios de mando. La tropa le dio el beneficio de la duda. “Los agentes corruptos le están hablando al oído y él, por falta de contexto, los está escuchando”, era la premisa en la corporación.
Ahora, a 14 meses de su llegada, tras las suspensiones y el regreso de elementos ligados a cárteles que “organizan los robos de droga, que ordenan el retiro de elementos de áreas en horarios específicos, y que esos mandos continúan pidiendo dinero a los jefes, subjefes y agentes para no cambiarlos de zona o puesto”, la versión interna respecto a Carrillo Rodríguez es más dura: “Los jefes corruptos le están llevando su parte del dinero al general”, manifestaron desde las filas de la FESC.
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En este contexto, los agentes empoderados fueron identificados nuevamente por sus ligas con el también policía reinstalado, Joel Héctor Manuel Valenzuela Bernal, alias el Princeso, hermanastro de la ex primera dama Brenda Ruacho Bernal, esposa de Francisco Vega de Lamadrid, último gobernador panista en Baja California, clasificado como persona de interés para el Gobierno de los Estados Unidos, que le quitó la visa, mientras Homeland Security Investigations (HSI, por sus siglas en inglés) lo investiga, junto con, por lo menos, otros ocho elementos de la FESC, por presuntos delitos de conspiración, corrupción, delincuencia organizada y vinculación con los carteles delictivos en Baja California.
Se trata de policías que Valenzuela Bernal acomodó estratégicamente entre enero y febrero del 2025, al vincularse con el teniente coronel Jorge Enrique Medina de Jesús, él primer militar designado por el general Carillo como coordinador general operativo de la Fuerza Estatal, quien fue obligado a renunciar la primera semana de septiembre del 2025 por su involucramiento en el intento de “tumbar” las redes sociales de Ciudad Capital y de los periodistas Eduardo Villa Lugo y Jorge Heras, este último, atacado a golpes y amenazado por Hugo “N”, policía municipal de Mexicali, el 26 de septiembre.
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Estos elementos señalados como afines al Princeso, y nuevamente empoderados, son: Omar Jonathan Rosiles Hidalgo (coordinador de la FESC), Guillermo Reyes Mejorada (comandante operativo), Orlando Hankel Diaz (coordinador operativo), Samuel Ceballos, Jaime Brambila López, Roberto Cervantes, Marco Antonio Ochoa Rodelo, Moraila Gaxiola, y otros apellidos como Aguilera, Briones, Fernando Yáñez Santiago, Alberto Camacho Marrufo, Estrada, Mejía y Arellano Moreno.
En la lista también están Miguel Ángel López Montes, señalado de ligas con el Cártel Arellano (CAF), más directamente con Alán Fernando Garmiño Moreno, alias el Karateca, detenido en 2016 y posteriormente liberado. (Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP).
Todos, agentes acusados en narcomantas y denunciados por la integración de comandos negros y “grupos fantasmas que operan las 24 horas, usando vehículos oficiales sin balizar, dedicados al robo de droga y protección de narcotraficantes”.
“Además, tienen acuerdos para la compra-venta de droga robada: en zona costa con Bryan Jaquez, sobrino político de Pablo Edwin Huerta Nuño, alias el Flaquito, del CAF, aliados con el Cártel Jalisco; y su contrario, Rafael Yocupicio, alias el Cabezón del Cártel de Sinaloa; y en Mexicali con los Rusos del CDS”.
“Están tan organizados que tienen fleteros para pasar a Estados Unidos la droga que se roban”, detallaron elementos de la FESC a ZETA.
En Rosarito, otro señalado es el comandante Óscar Ochoa Gastélum, detenido a los 20 años en el 2006, al intentar cruzar a Estados Unidos en un auto que cargaba 120 kilos de mariguana, mientras ayudaba a su padre en la venta de vehículos, y posteriormente fue liberado.
En Tecate, otro civil, traído de “fuera” por el secretario Laureano Carrillo, Rafael Herrera Castro -tiene más de un año viviendo en Baja California-, lo puso a cargo del grupo operativo Proteo 4-25, que desde mediados de diciembre del 2025 trabaja en la zona urbana de Tecate, La Rumorosa y El Hongo, integrado por “28 elementos que recientemente ingresaron a las filas de la corporación no fueron enviados con los grupos en función con años de antigüedad, lo anterior para evitar que viejas prácticas o posibles actos de corrupción”.
El problema es que el comandante Herrera Castro ya ha sido señalado internamente de “extorsionar comerciantes y proteger delincuentes”, bajo el apoyo y asesoría de los agentes Moraila Gaxiola, Aguilera y Briones. Además, algunos de los jóvenes “proteos” han presentado solicitudes de cambio, porque el jefe Herrera, consumidor habitual de bebidas alcohólicas, los obliga acompañarlo a bares como el Red Lion.
Adicionalmente en Mexicali, a través de una carta anónima esta semana, elementos de la FESC solicitaron a la gobernadora Marina del Pilar Ávila y al general Laureano Carillo, “por favor, hagan algo” respecto a Camacho Marrufo, recién regresado de una suspensión por extorsionar y de Yánez /Lláñez, porque están acosando a los agentes en Mexicali, pidiéndoles dinero mientras les prohíben patrullar el valle cachanilla.
MILITARES REMOVIDOS Y CRISIS PÚBLICAS
“El general -Carrillo- no hace nada hasta que la información se hace pública en la prensa y la gobernadora lo presiona en las reuniones de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad”, expuso un mando presente en las juntas de coordinación.
“Cuando el robo de la cocaína en octubre del año pasado, y ahora en marzo el robo de metanfetamina, él fue informado en cuanto sucedió; todos nos enteramos porque los señalamientos empezaron a llegar por múltiples vías, pero él no ordenó suspensiones, ni investigaciones, hasta que los temas salieron a la luz pública”.
El más reciente inició con el robo de mil o mil 700 libras de mentanfetamina, el 17 de marzo del 2026 en una bodega-taller de la calle Arboledas, de la colonia San Pablo en Tecate, en la que se reportó el aseguramiento de 700 libras contenidas en nueve macetas cubiertas con tres bloques de concreto. Extraoficialmente, el primer informe reportó que había por lo menos el doble; el día 18 de marzo, cuando se ejecutó el cateo, varias macetas fueron encontradas rotas al interior del inmueble.
Sergio Chávez Mondaca, director del Área de Investigación de la Fuerza Estatal, junto Carlos René Soto García, comandante del área de Investigación Ensenada -que participaron en el aseguramiento-, y Jorge Mora, excomandante de la FESC en Tecate, fueron acusados del robo, a través de una narcomanta el 20 de marzo, del robo del enervantes y de tener acuerdos que no respetaron, aunque internamente refirieron que los acuerdos eran con el grupo de la FESC que operaba en la zona, encabezado por el excomandante Óscar Ochoa Gastélum.
Aunque el general Carrillo aseguró esa misma semana, que los señalados habían sido enviado a puntos fijos para investigación, todos continuaron laborando normalmente dos semanas, hasta el sábado 4 de abril.
Como los agentes señalados formaban parte de la Dirección de Investigación Técnica, encabezada por el teniente coronel Carlos Mederos, éste también fue separado del cargo, a pesar de haber reportado el acto de corrupción en tiempo y forma. Movimiento con el que finalmente la mafia de la FESC, después de siete meses de intentarlo, logró sacarlo de la secretaria, a la que había sido requerido en septiembre del 2025, con el objetivo de encabezar la Coordinación General de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), el puesto de mando más peleado dentro de la FESC.
En su lugar, regresaron como encargado de despacho al agente Frabricio Ruiz, quien en abril del 2025 había sido removido de la Coordinación General del Centro Estatal de Inteligencia Preventiva. “Quien irónicamente, a pesar de la experiencia, obtuvo un promedio de 7.3 en el examen de carrera policial, ese que el general dijo que iba usar para que los mejores promedios obtuvieran los ascensos y las jefaturas”, reclamaron agentes que tuvieron mejores calificaciones.
Cargo del cual, en aquel septiembre del 2025, habían removido a otro militar por otro escándalo público de corrupción; el teniente coronel Jorge Enrique Medina de Jesús.
El 27 de julio del 2025, dos grupos encabezados por el teniente coronel Medina de Jesús, y su mano derecha, Joel Héctor Manuel Valenzuela Bernal, alias el Princeso, irrumpieron sin orden de cateo en el número 2830 de la avenida Andenes, del Residencial Balboa en Mexicali-y otro domicilio en Montecarlo-, buscando un cargamento de mentanfetamina de la célula criminal identificada como los Rusos y a Junior Antonio Astorga López, alias el J5, presunto operador de los Mayos, quien resultó esposo de la agente estatal de investigación adscrita a Tijuana, Itzel Areli López Lara, suspendida tras el mencionado allanamiento, para investigación por la renta de dos viviendas con valor de entre 30 mil y 50 mil pesos . (Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP).
La agente López Lara y su marido denunciaron a los elementos de la FESC por amenazas, agresiones físicas al hombre, someter violentamente a la familia, así como robar 200 mil pesos en efectivo, joyas y otros objetos de valor.
Pero el general Carrillo tomó medidas hasta finales de septiembre, después que se hiciera público que Medina ordenó “tumbar” las redes sociales de Ciudad Capital y de los periodistas Eduardo Villa Lugo y Jorge Heras, quienes no dejaban de referir el tema del allanamiento ilegal. Y Heras fuera golpeado y amenazado por el policía municipal de Mexicali, Hugo “N”, el 26 de septiembre.
La otra crisis pública de la FESC vino tras el robo de un cargamento de 180 kilos de cocaína en un inmueble del en la zona de Ojo de Agua en Tijuana, la mañana del 4 de octubre del 2025, cometido con apoyo de una célula del cártel Arellano y usando tres autos de la corporación, un Kia y un pick up blanco. El martes 14 de octubre, apareció colgada una manta -hecha en imprenta- reclamando el robo y acusando a los agentes específicos del área de investigación e inteligencia. En el mismo operativo los FESC dejaron ir al criminal del CAF identificado sólo como “el J5”.
Entre el 10 y 11 de octubre, sin investigación, sin que tuvieran asignados los autos involucrados en el robo, suspendieron a 14 elementos, de los cuales reinstalaron a cuatro; obligado por la opinión pública, el general Carillo presentó a la Fiscalía General de la República una denuncia cuya investigación, seis meses después, sigue en proceso.
Los militares, el Mayor de Infantería, Juan Ventura Quiroz, y su subdirector, el Capitán 1ero. de Artillería, Víctor Hugo López Granados, cabezas de esta unidad, no fueron retirados hasta el mes de enero del 2026. Al Mayor de Artillería, Samuel Rodríguez Valentín, también lo sacaron de la Dirección de Inteligencia.
En cada uno de estos delitos han sido mencionados el director de la FESC, Omar Rosiles, el comandante Gullermo Reyes Mejorada, y su presunto jefe de equipo, Joel Héctor Manuel Valenzuela Bernal, el Princeso, y los tres han sobrevivido a los cambios. Permanecen en la corporación, empoderados por los nombramientos que les ha concedido el secretario Laureano Carrilo.
