Aprovechó la relación de confianza con la menor víctima” o “aprovechando que se encontraban solos en casa”, son las frases que rematan los comunicados de prensa emitidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) que hacen referencia a las agresiones sexuales contra menores de edad.
Esto no es una casualidad, sino una constante habitual en las agresiones contra las infancias, principalmente las de índole sexual, considerados los de mayor vulnerabilidad ante la violencia, dado que prácticamente todos los casos ocurren dentro de cuatro paredes, con todas las ventajas para un agresor que tiene la confianza de la familia nuclear de la víctima.
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Durante los últimos cuatro años, la FGE ha recibido un total de mil 147 denuncias por el delito de violación equiparada, teniendo en el año 2022 la cifra más alta, con más de 350 querellas por este hecho delictivo.
Según el artículo 177 del Código Penal de Baja California, comete el delito de violación equiparada “al que tenga cópula con persona menor de 14 años de edad o que por cualquier causa no esté en posibilidad de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa; se le impondrá de 12 a 22 años de prisión y hasta 500 días multa”. Sin embargo, la mayoría de los casos hechos públicos por la FGE mediante sus vocerías oficiales, no alcanzan una pena máxima, dado que se le otorgan beneficios a cambio de concluir el proceso mediante un juicio abreviado.
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La fiscal de Género, Hortencia Noriega, comentó que las agresiones sexuales que recaen en las infancias resultan complicadas y las condiciones en las que se dan son muy amplias, además de que cada caso se vuelve muy particular. Sin embargo, comentó que la mayoría de las agresiones son perpetradas por personas que integran el núcleo familiar o su círculo cercano.
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LAS CIFRAS DEL ABUSO INFANTIL
En octubre del 2025, la FGE emitió un comunicado de prensa donde anunció la sentencia contra Martín Cossío Zúñiga, por el delito de violación equiparada, tras resultar culpable de agredir a una menor de 14 años en la colonia Cerro Prieto. Para proteger a la víctima, la FGE no dio detalles sobre su edad e identidad, pero sí anunció que la sentencia otorgada por el juez, mediante un procedimiento abreviado, fue de apenas ocho años de prisión.
En febrero del 2026, la institución volvió a comunicar a la ciudadanía la sentencia de otro individuo, de nombre Luis Alberto Padilla Pantoja, tras hechos ocurridos durante una fiesta de Año Nuevo en 2023. La sentencia fue de 12 años de prisión, por confirmarse que el sujeto violentó a la menor, que se encontraba dormida en una de las habitaciones de la casa ubicada en la colonia Independencia.
Esa misma sentencia fue impuesta a Felipe de Ángeles Jiménez, por abusar de una menor de edad, cuando la víctima descansaba en su vivienda ubicada en el fraccionamiento Condesa, al oriente de Mexicali. La adolescente de 13 años de edad, fue amenazada por el sujeto para que no lo denunciara.
Dentro de los últimos casos difundidos por la FGE, sólo uno estaba relacionado con posibles actos de trata de personas, dado que el hoy imputado ofreció dinero a la menor de 14 años de edad, para sostener relaciones sexuales con ella. Esto, a pesar de que podría encuadrar en un delito más grave.
Diferentes zonas de Mexicali, de estratos sociales diversos, pero en los tres casos el agresor pertenecía al círculo familiar o gozaba de la confianza de la misma. En todos los casos se recurrió al juicio abreviado para otorgar la sentencia, lo que evidentemente otorga beneficios para los agresores.
La FGE no cuenta con datos disponibles para su análisis, pues las cifras de incidencia delictiva local ocultan el delito de violación equiparada bajo el apartado de “Otros Delitos Sexuales”, con la intención de perder los datos. Sin embargo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, refiere que son casi mil 500 casos que se han recibido durante toda la administración.
La dependencia federal establece en sus datos que en los primeros dos meses del 2026 se han documentado 23 casos, de los cuales 15 ocurrieron en el municipio de Tijuana, considerada la comunidad de mayor incidencia del Estado.
Según los datos oficiales, la tendencia de estos casos va a la baja, dado que en los meses de noviembre y diciembre del 2021 se alcanzó la cifra de 56 casos, pero en 2022 se documentaron un total de 344 denuncias de violación en contra de menores de 14 años de edad.
En 2023 la cifra alcanzó los 296, mientras que en 2024 se registraron 271 querellas. Ya en 2025, la cifra se redujo hasta los 180 casos, lo que representa una reducción sustancial en comparación con el arranque de la administración.
Esta tendencia descendente es explicable a través de la reducción de casos en el municipio de Tijuana, principalmente, que pasaron de 209 denuncias, en 2022, a 100, en 2025; en Mexicali, la reducción también se redujo de 80 a 35 casos. El resto de los municipios mantuvo una tendencia similar.
La fiscal de Género, Hortencia Noriega, comentó que la atención a infancias víctimas de violencia sexual se torna muy complejo debido a que se enfrentan diversos retos; inicialmente, de comunicación, dado que la edad temprana complica -en algunos casos- que puedan explicar claramente la agresión que sufrieron.
Por ello, la Fiscalía cuenta con especialistas en materia de psicología que presentan una serie de baterías y pruebas, con el objetivo de obtener datos que ayuden a confirmar algún tipo de agresión sexual.
Y es que han atendido casos -que son los menos- donde los mismos niños confunden agresión sexual con algún castigo físico, lo cual también es penado, pero debe ser canalizado a otras áreas.
“Hay menores que después de este proceso que te comento, pueden darnos la referencia en la primera ocasión, pero hay ocasiones en los que tenemos que volver a platicar con ellos. ¿Por qué? Porque hablamos de menores desde dos, tres, cuatro, cinco años en adelante, y sobre todo cada niño tiene sus características en particular, ¿no? Hay menores que sí son abiertos o son muy explícitos cuando te hablan; hay otros menores que es más complicado o más difícil trabajar con ellos”, refirió la funcionaria, quien agregó que la mayoría de los casos que reciben son impulsados por familiares, pero aseguró que continúan llegando atenciones derivadas de protocolos de abuso en escuelas y hospitales, aunque son menos frecuentes.
Sin embargo, cuando se dan estos casos, se analiza el contexto para saber si es necesaria una extracción del menor de su núcleo familiar y turnarlo a un albergue del DIF, donde reciben atención psicológica.
“Sí ha pasado en ocasiones que se tiene conocimiento por parte de alguno de los padres y ellos de alguna manera han sido permisivos o no han tomado las medidas para evitar que esto se siga cometiendo. Cuando ocurre eso, se tiene que extraer al familiar, se lleva a algún albergue. Así es con nosotros. Así, hacemos aseguramientos de los menores y se ingresan en el albergue”.
AGRESORES FUERON VÍCTIMAS
Aunque en la FGE no existen referencias de ello, para la perito y especialista en salud mental, Edna Sánchez, estudios profesionales advierten que los agresores sexuales, principalmente los que atacan a las infancias, cargan con un historial de abuso en su historia de vida.
La psicóloga aseguró que es uno de los indicadores más importantes el hecho de que existan antecedentes que se replican por parte de las anteriores víctimas. Incluso cuando identifican sus afectaciones, se ven obligados a modificar su placer sexual para canalizarlo hacia una conducta saludable.
“Si alguien fue abusado sexualmente de forma constante, sí afecta en su forma de disfrutar la sexualidad. Un ejemplo: si esta violación era anal, para que no hubiera indicios, la persona aprendía a disfrutarlo y batallaban para disfrutar lo vaginal; es un tema común en la parte de disfrutar, pero recaer y hacerlo”, ejemplificó la profesional de la salud, quien agregó que esto no es una ley, pero sí lo consideró un factor que influye en estas conductas.
La Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo, cuenta con una página de internet donde establece cinco pasos a seguir en caso de conocer que un infante fue víctima de una agresión sexual, de los cuales uno de ellos es estar atento a cambios de humor, como agresividad, el aislamiento social; cambio de hábitos alimentarios; pesadillas, pensamientos o intentos de suicidio; cambios en su rutina y rendimiento escolar; y conocimientos de términos sexuales inapropiados para la edad, como alertas a considerar en los niños, como una posible consecuencia de la agresión sexual.
