La Administración Trump expandió el 10 de marzo de 2026 la vigilancia contra el lavado de dinero de los cárteles mexicanos en la frontera con Estados Unidos, al ordenar a los negocios de servicios monetarios —remesadoras, casas de cambio y empresas de traslado de valores— en los condados fronterizos más poblados reportar todas las transacciones en efectivo de entre mil y 10 mil dólares.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió una Orden de Identificación Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés) que amplió una norma anterior —la cual ya cubría nueve condados fronterizos— para incluir ahora al condado de Pima en Arizona y al de Doña Ana en Nuevo México. Además, la FinCEN incorporó otros tres condados que, si bien no colindan directamente con México, se encuentran dentro de su órbita geográfica: Maricopa en Arizona, y San Juan y Bernalillo en Nuevo México. La orden entró en vigor el 7 de marzo de 2026 y permanecerá vigente hasta el 2 de septiembre del mismo año.
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“Estamos intensificando nuestros esfuerzos para mantener el dinero del narcotráfico fuera de EU y proporcionar a las fuerzas del orden información adicional para poner a estos traficantes tras las rejas”, declaró Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de EE.UU., al hacer pública la ampliación de la medida.
La FinCEN precisó que la disposición “permitirá a los investigadores obtener pistas adicionales y se espera que impulse los procesos judiciales mediante un mayor escrutinio de los fondos destinados a zonas que son motivo de preocupación”. Según el organismo, el objetivo es combatir las actividades ilícitas y el lavado de dinero de los cárteles con sede en México y de otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos.
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La medida se sustenta en la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2026 del Departamento del Tesoro, publicada el 6 de marzo del mismo mes y año, que identificó a las empresas de servicios monetarios como una parte central de los flujos de blanqueo de capitales de los cárteles. Según ese documento, las organizaciones del crimen organizado contrabandean dinero ilícito a México para luego reintroducirlo a Estados Unidos en vehículos blindados, declarándolo como ingresos legítimos de empresas con sede en territorio mexicano. En algunos casos, añade el informe, esos recursos se destinan a la compra de armas estadounidenses que se exportan ilegalmente a México para “promover campañas de terror”.
El blanqueo de capitales mediante empresas de traslado de valores tiene antecedentes documentados. En febrero de 2025, la FinCEN impuso una multa de 37 millones de dólares a la empresa Brink’s —dedicada al movimiento de valores— por violaciones a las normas contra el lavado de dinero relacionadas con el transporte de efectivo a granel.
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La relevancia de las remesadoras en este esquema contrasta con la composición real de las remesas enviadas a México. Según datos del Banco de México, de los 61 mil 776 millones de dólares que ingresaron al país el año pasado, el 99.06 por ciento lo hicieron por transferencia electrónica; los giros postales sumaron 130 millones 730 mil pesos, mientras que en efectivo y especie se enviaron 448 millones 390 mil pesos.
Los 14 condados cubiertos por la orden son: San Diego e Imperial en California; Yuma, Santa Cruz, Pima y Maricopa en Arizona; Doña Ana, San Juan y Bernalillo en Nuevo México; y El Paso, Hidalgo, Cameron, Webb y Maverick en Texas. La medida se inscribe en una escalada progresiva: desde marzo de 2025, la FinCEN había emitido órdenes similares para condados en California y Texas, las cuales se extendieron en septiembre de ese año a condados seleccionados en Arizona, hasta alcanzar la cobertura actual de cuatro estados fronterizos.
