La férrea lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en Baja California quedó en el olvido. A partir del 1 de octubre del 2025 entró en vigor -al menos oficialmente- la Transparencia para el Pueblo, un nuevo esquema para suplir el ejercicio realizado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y sus homólogos locales, y garantizar que el Estado Mexicano cumpliera con sus obligaciones de informar a la ciudadanía sobre sus acciones.
La pelea por la democracia fue olvidada por la oposición política, y prácticamente seis meses después, el Gobierno del Estado y todos los entes encargados de velar por la transparencia, no han concluido con la migración a la Transparencia para el Pueblo, cuya principal modificación es que ahora el encargado de mantener la vigilancia para el cumplimiento con la divulgación de información pública y la respuesta a solicitudes de transparencia, es el mismo gobierno. Las autoridades (más allá del Poder Ejecutivo) parecen no tener prisa con cumplir con su responsabilidad constitucional, pues varios de ellos no han cumplido ni siquiera con las reformas secundarias y reglamentarias para definir los lineamientos de transparencia.
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La reforma emprendida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para desaparecer los órganos autónomos, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión, no anuló la obligación de proporcionar la información, pero tampoco cuenta con plazos legales para cumplir con ello.
Según la secretaria Anticorrupción, Gabriela Monge, están trabajando intensamente para cumplir con las obligaciones legales, y aseguró que Baja California es una de las entidades más avanzadas. Sin embargo, reconoció que todavía hay varios entes que no cumplen con la migración o con las reformas legales necesarias para la nueva forma de trabajo, por lo que consideró que todavía se encuentran en un 60 por ciento de la implementación.
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Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Octavio Sandoval López, la transparencia debería ser una herramienta para que los gobernantes pudieran detectar si hay corrupción dentro de sus filas y actuar en consecuencia. Sin embargo, optaron por la transparencia sin combatir la corrupción, lo que, a su juicio, es simplemente cinismo.
ENTES INCUMPLIDOS
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A finales del mes de septiembre del 2025, cuando concluyó el proceso de entrega-recepción del Instituto de Transparencia y Acceso a la información Pública (ITAIP) con todos los organismos públicos encargados de la transparencia, se traspasaron dos mil 962 peticiones de acceso a la información; algunas de ellas datan incluso del 2015. A esto se le sumaron 200 más que fueron requeridas mediante oficios físicos.
Hoy, la cifra supera los tres mil expedientes, y aunque la Secretaría Anticorrupción ha intentado responder la mayoría de las peticiones en tiempo y forma, no todas las instituciones cumplen con sus lineamientos básicos para operar.
Son más de 190 entes obligados a proporcionar información pública en Baja California y la mayoría de ellos son responsabilidad de la Secretaría Anticorrupción, pero hay otros organismos que tienen sus propias áreas de vigilancia.
ZETA hizo una revisión de algunos sujetos obligados, como la Administradora de la Vía Corta de Tijuana-Tecate, donde se puede observar que dejó de cumplir con la información de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a partir del tercer trimestre del 2025. Es decir, a partir de octubre -cuando se creó Transparencia para el Pueblo- dejó de subir información pública como nómina y contratos.
La Alianza Empresarial no ha actualizado su información y sólo hace mención de su titular, María Elena Díaz, de quien no se proporciona sueldo ni mayores detalles sobre su función, en la PNT.
La Auditoría Superior del Estado no informó lo relacionado a la nómina del último trimestre del 2025 ni mayores actualizaciones. Es decir, a partir del cierre del ITAIP dejó de abastecer información.
Con carencias, pero los ayuntamientos de Mexicali, Playas de Rosarito y Tijuana cumplen con la mayoría de los lineamientos, mientras que Ensenada no tiene actualizados algunos apartados de información de oficio.
Sin embargo, el Ayuntamiento de San Felipe incumple con toda la información relacionada con contratos de obra pública y servicios; mientras que San Quintín dejó de abastecer información desde que concluyó el primer semestre del 2025 y -tramposamente- en la última actualización (junio del 2025) no dieron a conocer los sueldos de la alcaldesa Mirian Cano, de los regidores ni del síndico procurador.
Otros entes incumplen de otras formas; como la Dirección de Comunicación Social del Poder Ejecutivo, que, de dos peticiones de transparencia realizadas por este Semanario, incumplió con ambas y simplemente no contestó. Lo mismo con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, dirigida por Armando Carrazco, la cual ha decidido no dar respuesta a cuestionamientos de información de origen público, como contratos de arrendamiento de oficinas.
Sin embargo, los entes con mayores deficiencias en torno al cumplimiento de la información pública de oficio recaen en los partidos políticos, en los sindicatos y en algunos tribunales.
Y es que a raíz de la implementación de la reforma, no es un ente autónomo el que emprende la vigilancia, sino sus mismos órganos internos de control, visitadurías o incluso el Instituto Nacional Electoral (INE).
Esto provoca que prácticamente todo quede a la interpretación del partido; por ejemplo, en el caso del PAN y Movimiento Ciudadano, cumplen con todas las disposiciones legales, desde nómina, sueldos, contratos por honorarios, convenios firmados y hasta arrendamientos; Morena también tiene un alto nivel de cumplimiento. Sin embargo, el PES (franquicia del expresidiario Jorge Hank Rhon) no cumple con absolutamente ninguna disposición; no mantiene actualizada su nómina, ni sus contratos por honorarios, tampoco se tiene información de los edificios arrendados ni los convenios.
Esto, a pesar de que es el partido político percibió en 2025 alrededor de 80 millones de pesos, convirtiéndose así en el más oneroso y menos transparente. El PRI de Baja California, que en su narrativa defendía al INAI, no cumplió en todo el 2025 con sus obligaciones de transparencia, al igual que el PVEM, quienes no rindieron cuenta sobre sus gastos. Es más, ni siquiera pudieron cumplir con la entrega del currículo de sus directivos.
En el caso de los sindicatos se percibe exactamente los mismos; ni los de Colegio de Bachilleres, ni el SIETE, el SETE ni los que conforman la burocracia, han llenado un sólo apartado de sus obligaciones de transparencia en 2025.
TRANSPARENCIA, EN UN 60%: MONGE
Aunque aseguró que todo su equipo está trabajando a marchas forzadas para cumplir con las obligaciones de transparencia y las solicitudes del mismo tema, Gabriela Monge comentó que son nueve los organismos que se encargarán de velar por la transparencia de manera autónoma.
Comentó que además de la Transparencia para el Pueblo de Baja California, dirigida actualmente por la licenciada Érika González, la Fiscalía General del Estado (FGE) será responsable de sus propias peticiones y regulación mediante la Visitaduría; la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Contraloría interna del Congreso del Estado, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UABC y la Comisión de Responsabilidades del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, ya están trabajando para migrar al nuevo esquema de transparencia.
Sin embargo, reconoció que el ente público estatal más retrasado es el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC), pues no ha cumplido con los lineamientos debidos para su operación. Sin embargo, reconoció que ya están trabajando para regularizarlos.
También, comentó, el Poder Judicial del Estado está definiendo las modificaciones a su Ley Orgánica, para presentarla ante el Poder Legislativo, y con ello, definir los lineamientos de la transparencia.
El punto resulta importante dado que a nivel federal, es el Tribunal de Disciplina el ente encargado de atender las peticiones de acceso a la información y el cumplimiento de la documental de oficio. Sin embargo, a nivel local se plantea que sea la Comisión de Administración, algo que rompería con la dinámica que se planteó a nivel federal.
Monge y González afirmaron que cada viernes sostienen reuniones de trabajo con la Federación para ir evaluando los avances, y a partir de esto, se coordinan con las otras entidades gubernamentales para apoyarlos en construir los nuevos criterios.
Agregó que el ITAIP tenía un presupuesto de 17 millones de pesos anuales, con 25 personas asignadas para la atención de peticiones de información y denuncias; mientras que la Secretaría opera con una tercera parte de ese recurso y ocho personas del área jurídica asignadas a este tema.
“Ahorita llevamos un porcentaje muy avanzado de tablas de aplicabilidad emitidas, incluso algunos ya están publicados en sus portales; si te metes a Ayuntamiento de Mexicali, si te metes al Instituto del Deporte de Tijuana, ya van a tener publicados ellos sus tablas de aplicabilidad. Vamos en un 60, 70 por ciento de avance y de ahí ya empezar a verificar”, refirió la funcionaria, quien agregó que en cuanto todas las instituciones cumplan con sus tablas de aplicabilidad podrán avanzar a la segunda etapa que es la de la supervisión de cumplimiento.
Aseguró que la transparencia debe mudar la idea y convertirse en un gobierno abierto, donde no se necesite hacer una solicitud de transparencia, sino que la información ya esté disponible desde el primer momento.
Cabe señalar que para el mes de abril, los entes gubernamentales están obligados a cumplir con la publicación de los datos del primer trimestre del 2026.
“Entonces, una vez que ya tengamos las tablas de aplicabilidad, podremos atender ahora sí que los datos que tenemos en resguardo. Pero sí, tengo el compromiso de atender todos los recursos de revisión”, sentenció.
LA TRANSPARENCIA ES UN MODELO DE AUTOCONTROL: CCE
Para el expresidente del CCE, Octavio Sandoval López, los modelos de transparencia deben servir a los mismos gobiernos como modelos de autocontrol y de supervisión para que sus propios funcionarios sean expuestos si cometen actos de corrupción.
En entrevista, el representante empresarial afirmó que la transparencia no vive en el vacío en la época donde tanto medios de comunicación como las tecnologías le brindan herramientas a la ciudadanía para conocer lo que hace su gobierno.
Consideró que la transparencia como se conocía ya era obsoleta y compleja, por lo que no era accesible a la ciudadanía.
“Alejandra Ang. Todo el mundo sabe que le perdió tres millones de pesos y nunca los comprobó y quiso culpar a un pobre trabajador que públicamente se ve que no tiene forma de cómo hacerlo. ¿Sí? ¿Qué debería haber pasado ahí? Pues perdió su carrera política. Debió haberla perdido, no haber sido diputada y ni modo, que se vaya a otro sector porque mancha el movimiento o el proyecto político. Prefieren asumir esas manchas, ¿sí? Y tienen esa marca”, refirió el también expresidente del ITAIP, el cual reclamó que el gobierno actual ha preferido cargar con los actos de corrupción que purgarse de ellos mediante el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas.
Denunció, además, que casos como el del diputado Juan Manuel Molina, quien carga con tres escoltas que tienen un costo superior a los 120 mil pesos, son situaciones que atentan contra el gobierno ante la falta de transparencia, la cual, si carece de información oficial, se llena con las versiones con las que la ciudadanía tiene a su alcance.
