La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el 27 de marzo de 2026 a la Cámara de Diputados modificar su convocatoria para el proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de garantizar la inclusión de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad en las quintetas de candidatos, así como permitir la participación de aspirantes con doble nacionalidad y de quienes hayan contendido como candidatos a cargos judiciales.
El magistrado Felipe de la Mata fue el principal promotor de la medida, al argumentar que el proceso de selección debe contemplar acciones afirmativas que posibiliten el acceso de personas indígenas, afrodescendientes o pertenecientes a la diversidad sexual. “¿En qué consiste específicamente esta acción afirmativa? Consiste en establecer que dentro del proceso de selección de consejerías electorales del INE, cada una de las tres quintetas que integrará el Comité Técnico de Valoración deberá incluir al menos a una persona perteneciente a un grupo en situación de vulnerabilidad”, afirmó De la Mata.
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La Sala Superior resolvió los recursos presentados con cuatro horas de anticipación al cierre del registro de aspirantes, luego de retrasar la sesión ante la llegada de dos impugnaciones de último momento. Según la sentencia, las personas aspirantes podrán manifestar su autoadscripción a grupos vulnerables, y tanto el Comité Técnico como la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados quedarán vinculados a garantizar la implementación y difusión efectiva de esta medida.
En materia de doble nacionalidad, el TEPJF determinó que la restricción vigente en la convocatoria es discriminatoria e injustificada. “La restricción de no haber adquirido una nacionalidad diversa es discriminatoria e injustificada, pues el hecho de que la parte actora cuente con otra nacionalidad por nacimiento es una cuestión contingente que no rompe en principio con la finalidad que buscó el legislador al establecer como requisito el ser mexicano”, señala la sentencia.
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Respecto a quienes participaron en el proceso de elección judicial, el TEPJF precisó que la prohibición de haber sido candidato o haber ejercido un cargo de elección popular no aplica a quienes compitieron para ingresar al Poder Judicial, pues dicho impedimento tiene como finalidad evitar vínculos con partidos políticos que comprometan la imparcialidad, lo cual no se actualiza en el caso de candidaturas judiciales al pertenecer a un régimen ajeno a la lógica de la competencia político-partidista.
El 27 de marzo de 2026 cerró el registro de aspirantes. A partir del 30 de marzo y hasta el 17 de abril, el Comité Evaluador analizará los perfiles de los candidatos, con el propósito de remitir la lista de finalistas a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el 20 de abril del mismo mes y año.
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En ese contexto, la Jucopo acordó los tres perfiles que conformarán el Comité Técnico de Evaluación: Selene Cruz Alcalá, Marcela Elena Fernández Domínguez y Rubén Jesús Lara Patrón, todos señalados por su cercanía con el Gobierno Federal o con instancias vinculadas al partido en el poder.
Cruz Alcalá retornó en 2018 de una beca en España y comenzó a colaborar con el Gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. En enero de 2022, Luisa María Alcalde, entonces titular de la Secretaría del Trabajo, la designó como titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (Profedet). En 2024 rindió protesta como magistrada representante del Gobierno Federal en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y en octubre de 2025, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Senado la ratificó como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para un periodo de 15 años. Cruz Alcalá también figuró como aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, según reportes de medios locales, apareció en los “acordeones” de la elección judicial en estados como Coahuila.
La segunda integrante propuesta, Fernández Domínguez, se desempeña como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial en Toluca. Fue electa en junio de 2025 como magistrada en la Quinta Circunscripción para un periodo de ocho años, tras obtener 494 mil 812 votos, según datos del propio INE. También fue señalada por aparecer en los acordeones distribuidos durante la elección judicial.
El tercer perfil propuesto por la Jucopo es Lara Patrón, quien fue magistrado de la Sala Regional Especializada del TEPJF, institución en la que también fungió como subsecretario general de acuerdos, secretario de Estudio y Cuenta y secretario auxiliar. En la SCJN se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta y secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad. En 2025, el Poder Legislativo lo postuló como magistrado de la Sala Superior del TEPJF.
El Comité Técnico de Evaluación estará integrado por cinco personas: tres propuestas por la Jucopo y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Entre las candidatas de esta última institución figuró Irma Ramírez Cruz, quien se desempeñaba como asesora de Claudia Espino, secretaria ejecutiva del INE, desde febrero de 2025. Sin embargo, Ramírez Cruz renunció a su cargo en el organismo antes de ser formalmente incorporada al Comité, tras la polémica que generó su designación entre consejeros y asesores del INE, quienes consideraron que existía un conflicto de interés y que su participación podría interpretarse como un intento de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, o de la propia Espino, de incidir en la selección de perfiles.
El INE defendió la incorporación de Ramírez Cruz y atribuyó su dimisión a un acto de ética profesional. “Aun cuando no hay impedimento legal para formar parte del Comité de Evaluación, renunció a su cargo con la finalidad de aceptar la encomienda”, indicó el organismo. Según datos de la página oficial del INE con corte al 22 de marzo de 2026, Ramírez Cruz aún figuraba como coordinadora de Gestión Técnica en la Secretaría Ejecutiva, con un sueldo bruto de 120 mil pesos. Ramírez Cruz también fue consejera del Instituto Electoral de Michoacán y asesora en los organismos electorales de Querétaro y Chihuahua.
La CNDH propuso igualmente a Miriam Rodríguez Armenta, licenciada en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), con maestría en Ciencias Sociales y doctorado en Humanidades, como segunda integrante del Comité Técnico de Evaluación por parte de ese organismo.
