La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el 12 de marzo de 2026, desde Palacio Nacional, el denominado Plan B de la reforma electoral, cuyo eje central es reducir el gasto en los Congresos locales y en las regidurías de los municipios del país, tras el rechazo de su iniciativa de reforma constitucional en la Cámara de Diputados. La mandataria nacional adelantó que la propuesta se enviaría al Congreso de la Unión el lunes 16 del mismo mes y año.
En conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo explicó que la nueva iniciativa establecería un tope máximo a los presupuestos destinados a los Congresos locales y al Senado de la República, calculado a partir de un promedio del gasto total que recibe cada diputado local en el país. “Poner un tope máximo a lo que deben destinarse de los presupuestos a los Congresos locales, al Senado de la República”, señaló. La titular del Ejecutivo Federal precisó que los recursos que se liberaran con dicho tope permanecerían en los estados y municipios para destinarse a obra pública y necesidades sociales.
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La mandataria nacional exhibió una tabla con el Presupuesto de Egresos de los Poderes Legislativos de cada entidad, así como el costo de las regidurías en distintos municipios del país. Señaló que Monterrey cuenta con 28 regidores, Puebla con 23 y Acapulco de Juárez con 20, y cuestionó la necesidad de mantener ese número de funcionarios. Como ejemplo, sostuvo que si Monterrey redujera su número de regidores a 10, los recursos sobrantes se destinarían a obra pública municipal. Denunció además que algunos regidores perciben compensaciones de hasta 500 mil pesos mensuales, pese a que sus salarios formales rondan los 20 mil pesos.
“El Plan B tiene que ver con esto: seguir disminuyendo los privilegios. Entonces, la propuesta la enviamos el lunes y tiene que ver con esto: tope máximo como un porcentaje del presupuesto o de la población o de lo que en este momento representa el promedio de lo que recibe cada diputado”, declaró Sheinbaum Pardo. Ante preguntas del Grupo REFORMA, precisó que la iniciativa podría incluir reformas constitucionales, aunque señaló que los equipos técnicos seguirían evaluando el alcance de la propuesta hasta el domingo previo a su presentación.
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La titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que si la nueva propuesta no obtuviera la aprobación del Congreso, tampoco representaría una derrota para su administración. “Si no pasa, tampoco pasa nada. Pero nosotros tenemos un mandato y una convicción y un principio”, afirmó. Insistió en que el rechazo de la reforma constitucional original no constituyó una derrota, y aseguró que la ciudadanía pudo observar con claridad qué legisladores votaron en contra de la reducción de privilegios.
El fracaso legislativo de la reforma constitucional se produjo el 11 de marzo de 2026, cuando la iniciativa de Sheinbaum Pardo no alcanzó la mayoría calificada en San Lázaro, ante la negativa de sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) de respaldar el texto completo. Esa misma noche, dirigentes y legisladores de Morena, el PVEM y el PT se reunieron durante más de cinco horas en Palacio Nacional para revisar posibles alternativas, sesión a la que asistieron el coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal; el coordinador de senadores de Morena, Ignacio Mier; el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco; el coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar; y el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya. Al término del encuentro, los participantes reconocieron que no se alcanzaron acuerdos concretos sobre un nuevo plan electoral.
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“No se avanzó en nada de los planes nuevos, más bien estamos trabajando en qué pudiéramos construir de las leyes secundarias para posibles propuestas a futuro, pero no hay nada definitivo”, expresó Escobar al concluir la reunión. El dirigente verdeecologista también señaló que la presidenta de la República estuvo presente solo brevemente en el encuentro y que el ambiente fue de cordialidad, sin reclamos por el resultado legislativo.
No obstante, la bancada del PVEM anticipó que su postura frente al Plan B podría ser de rechazo. El senador Luis Armando Melgar advirtió que, si la iniciativa pretendiera introducir modificaciones constitucionales mediante leyes secundarias, los legisladores verdeecologistas votarían en contra bajo protesta y esperarían la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Si nos quieren sorprender en las leyes secundarias con modificaciones que van más allá de la Constitución y nos las quieren mandar para sorprendernos, bajo protesta votaremos”, advirtió Melgar. La posición del PVEM plantea un nuevo obstáculo para la estrategia legislativa de la administración en materia electoral.
