Ante la XVII Legislatura del Congreso del Estado se presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California Sur, con el objetivo de aumentar las penas de prisión y multas por delitos de corrupción.
De acuerdo con la reforma, que fue presentada por la diputada de Morena, Guadalupe Vázquez Jacinto, las modificaciones incluyen delitos como cohecho, el ejercicio abusivo de funciones, el peculado y el enriquecimiento ilícito.
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“La corrupción es una mala práctica que se genera de manera continua en nuestro país, estas conductas componen múltiples pérdidas al Estado, así como una gran desconfianza de los ciudadanos a nuestras autoridades”, dijo en su exposición de motivos.
Para el delito de enriquecimiento ilícito, propone que se establezca una sanción de entre cinco y 15 años de prisión, dependiendo del monto que se compruebe al imputado.
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Con respecto al ejercicio abusivo de funciones pretende que se incremente en cinco años la pena máxima de cárcel. De aprobarse la reforma, quienes incurran en este ilícito podrían ser sentenciados a hasta 15 años de prisión.
“Combatir la corrupción es tarea de todas y todos, quienes formamos parte de la Cuarta Transformación tenemos claro que la eliminación de privilegios y erradicación de la corrupción es tarea prioritaria para quienes integramos este proyecto”, manifestó en Tribuna.
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En el caso del delito de cohecho, Guadalupe Vázquez propone que la pena de prisión quede de dos a 15 años y una multa de entre 200 y 800 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo del valor de la dádiva, de los bienes o la promesa en la que incurra un servidor público.
En cuanto al delito de peculado, Vázquez Jacinto también busca que se aumente hasta en cinco años la pena máxima de cárcel. Si la reforma es aprobada por el Pleno, ahora la sentencia por este ilícito podría ir de los dos a los 20 años de prisión, dependiendo de los montos distraídos o fondos utilizados indebidamente.
La legisladora califica a estos castigos como “más severos y ejemplares”, recalcando que estas acciones vulneran la legalidad y afectan directamente al pueblo, sus recursos y además lacera la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Asimismo, en la reforma se contemplan agravantes para duplicar las penas cuando estos delitos sean cometidos por servidores públicos o funcionarios de instituciones de crédito, agregando como castigos la destitución del cargo, decomiso de bienes obtenidos de manera ilícita y la inhabilitación para ejercer en el servicio público.
