Politiquería es un término usado actualmente con desmedida frecuencia por los representantes de Morena, para descalificar, sin pruebas, a sus contras. Lo hacen con actitud sobrada, tratando de emular a su líder espiritual, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y asegurar que cualquiera que no comulgue con Morena es un embustero, que busca obtener beneficios personales por sus ambiciones de poder.
Pero si hablamos de expertos en politiquería, de esos personajes, ávidos engañadores, que codician el poder y actúan con base en sus intereses, los de Morena en Baja California ni siquiera tienen que salir de sus filas.
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Porque desde el pasado año -2025- los bajacalifornianos han sido testigos, obligados a aguantar politiquería por montones: esa actividad electorera “engañosa”, mal disfrazada, avariciosas y fuera de tiempo, de los adelantados aspirantes a alguna candidatura para las elecciones del 6 de junio del próximo año 2027.
Buscadores de un cargo público encumbrado, que han decidido, en esta nueva etapa, dar sus primeras muestras de abuso de poder, al adelantarse, violentando reglamentos, instrucciones de sus partido o movimiento. Y con esas mismas acciones, evidenciar que no tienen empacho en violentar la Ley.
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Personajes que, si llegan a ganar, estarán mintiendo cuando, al tomar posesión, protesten “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, porque desde el inicio les pareció correcto poner su interés personal de ser candidato por encima de la Ley Electoral que, en papel, penaliza las precampañas, pero deciden aprovechar que las instituciones son deficientes al momento de sancionar.
Peor aún, las evidencias son claras: este comportamiento no es la excepción, sino la regla.
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Los nombres y las caras de los aspirantes a la gubernatura de Baja California han sido, durante meses y meses, una presencia constante con diferentes pretextos, unos más descarados que otros en cuanto a sus aspiraciones políticas.
Los senadores Julieta Ramírez y Armando Ayala; los diputados federales Evangelina Moreno y Fernando Castro Trenti; Alfredo Álvarez, secretario general de Baja California; los alcaldes, Norma Bustamante de Mexicali, Ismael Burgueño de Tijuana, Claudia Agatón de Ensenada; y Jesús Alejandro Ruiz Uribe, exsecretario de Bienestar, son reconocidos desde hace largo tiempo como anhelantes del máximo cargo estatal, aunque poco pueden hablar de méritos, experiencia, capacidad política y resultados notables.
Sin embargo, se están moviendo. Como ejemplos, el secretario Álvarez, que no tenía encargado de comunicación, de repente arreció el envío de boletines y -como nunca antes- empezó hacer presencia en las zonas de conflicto; qué decir de los oportunos y nutridos anuncios de la fundación para la salud Ruiz Uribe; o las decenas y decenas de videos del senador Ayala bailando en reuniones con ciudadanos, con las mismas aptitudes que la actriz Victoria Ruffo y su presencia permanente en los mercados sobre ruedas del estado, en una supuesta campaña informativa acompañado del diputado Sergio Moctezuma.
O los operadores del alcalde Ismael Burgueño quejándose que la denuncia puesta en su contra ante la FGR en noviembre del 2025, es guerra sucia para evitar que el alcalde de Tijuana llegue a la gubernatura; o este mismo munícipe paseándose en Mexicali para reuniones con la gobernadora Ávila, o para visitar la inauguración de Expo Agrobaja 2026. Y en el mismo ánimo, la alcaldesa Agatón, de Ensenada, acercándose a las empresas que coadyuban en la organización del carnaval, conocidos por apoyar campañas electorales.
Atendiendo el dicho de que santo que no es visto no es adorado, y previendo que uno de los principales requisitos para ser considerado precandidato y ganador de las consultas públicas de Morena, será el reconocimiento territorial -después el conocimiento, las aptitudes y la honestidad-, por lo pronto se están ocupando en su interés personal, que los vean.
El sábado 7 de marzo de este 2025, en sesión de Consejo, Morena determinó que el próximo 22 de junio, definirán a los candidatos a las 17 gubernatura que estarán en juego en la contienda electoral del 2027.
Con este acuerdo, los morenos, atendiendo los intereses particulares del partido, también se están adelantando a lo marcado por la ley, que instruye el inicio de las precampañas y registro de candidatos entre diciembre del 2026 y enero del 2027, y el inicio de las precampañas hasta marzo del 2027.
Arguyen que no se están adelantando, sino organizando su trabajo territorial, y según ellos, con un paquete de prohibiciones evitarán lo que ha estado sucediendo en Baja California -y seguramente en otros estados- desde el año pasado: “Actos anticipados de campaña, uso de recursos públicos, promoción con espectaculares, acarreo, eventos y acoso digital contra adversarios”.
Ante el evidente desinterés o injustificada incapacidad del partido en el poder por controlar a los aspirantes, les corresponderá a las bases morenistas bajacalifornianos castigar o premiar a los adelantados al momento del sondeo.
Al final serán los morenos quienes decidan si designan a un candidato tramposos, o a uno capaz y digno.
La buena noticia es que los votantes bajacalifornianos tendrán casi un año para investigar y evaluar si el aspirante morenistas llegó por padrinos y responde a los intereses económicos de sus patrocinadores, o es un profesional, con experiencia, reconocimiento social, valor para enfrentar el tema de inseguridad, interesado en los resultados y no en los reflectores. Para decidir si él o ella y Morena, merecen o no el voto.
