El titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur (FECCBCS), Lenin Ortiz Amao, confirmó que dieron trámite a una apelación para insistir en la vinculación a proceso de cinco exfuncionarios del Ayuntamiento de Mulegé, acusados por la venta irregular de terrenos que eran propiedad del gobierno municipal.
En diciembre de 2025, buscaron en audiencia inicial el Juez de Control dictara la vinculación a proceso; no obstante, la autoridad judicial rechazó esta solicitud debido a que consideró que faltaban elementos para comprobar la calidad de servidores públicos de los implicados.
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En su momento, Lenin Ortiz explicó que este argumento del Juez se debió a que los señalados estuvieron en campaña electoral en el año en que se registró este hecho, por lo que a través de una apelación insisten por la vinculación a proceso.
Fue en septiembre de 2018, a unas semanas del cambio de gobierno municipal, cuando se ejecutó la venta de alrededor de 80 predios que eran patrimonio de Mulegé, más de la mitad quedaron en manos de los mismos funcionarios de esa administración y de sus familiares, según expuso la Fiscalía Anticorrupción.
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Como ZETA lo dio a conocer en diciembre, la Fiscalía identifica como involucrados a los siguientes exfuncionarios de la administración siglada por el Partido Acción Nacional (PAN) la alcaldesa, Cecilia López; síndico municipal, Gibran Francisco Lucero Álvarez; secretario general, Luis Alberto Hernández González; tesorera, Iliana Enriqueta Montaño Méndez y el director de Catastro, Olegario Lizardi Araiza.
Entre los hechos, Lenin Ortiz mencionó que los exservidores se vendieron a sí mismo y a sus familiares los terrenos a precios más bajos y sin una justificación en conformidad con las leyes, y que la venta de propiedades de los gobiernos municipales sólo se permite en condiciones específicas, como saldar deudas o mejorar las condiciones financieras.
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El Fiscal hizo hincapié en que confía en la labor que está en manos de la Sala del Tribunal Superior del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur (TSJBCS), ya que si se autoriza la vinculación a proceso podrán continuar con el procedimiento con el que se busca sancionar a estos exfuncionarios.
“El caso no está cerrado, es importante para nosotros que este es un acto en donde servidores públicos adquieren predios a favor de ellos directamente, a favor de sus familiares a un precio muy bajo de la realidad”, recalcó Lenin Ortiz.
“Habría que esperar a lo que resuelva la sala, hasta el momento lo que resolvió el juez de control es una vinculación a proceso, ya que el Juez consideró que, por insuficiencia probatoria, no sobreseyó, no consideró que no había delito, consideró que no había elementos suficientes desde su perspectiva”, finalizó.
