Lo que hace poco más de seis meses se anunció con bombo y platillo como un “golpe histórico” a las estructuras de la narcopolítica y el contrabando, hoy languidece en los cajones de los escritorios de la Fiscalía General de la República (FGR) y en las declaraciones matutinas que intentan sepultar el escándalo bajo la alfombra de la institucionalidad. El caso del huachicol fiscal, un entramado de corrupción que permitió la entrada ilegal de millones de litros de combustible por las aduanas marítimas, parece haber encallado en una red de complicidades que llega hasta la cúspide del poder militar y político.
A pesar de que las investigaciones iniciales desnudaron una presunta red de 555 empresas, la infiltración en al menos ocho puertos estratégicos, la participación de altos mandos navales y la supuesta solicitud de más de 200 órdenes de aprehensión, la actuación ministerial se encuentra en un preocupante estado de estancamiento que favorece a las personas detenidas en un principio y que siguen siendo las mismas, sólo que algunas de ellas comienzan a ver flexibilizadas sus medidas cautelares en sus procesos penales y los líderes intelectuales permanecen en libertad.
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El discurso oficial ha pasado de la indignación de origen a la negación sistemática de las cifras y las responsabilidades. Así, el nombre de José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, que flota como una sombra incómoda en el expediente, no es considerado sospechoso de auspiciar o encubrir a la red criminal que infiltró los recintos portuarios para que proliferara el huachicol fiscal, pese a que el líder operativo del grupo delictivo conocido como Los Primos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, es su sobrino político. La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha cerrado filas en torno al almirante en retiro y la propia mandataria ha sentenciado. “No hay líneas de investigación contra el secretario”.
A pesar de la existencia de audios que revelan supuestas conversaciones entre Ojeda y marinos que denunciaron la corrupción interna de sus propios familiares, el ex mando naval es exonerado sin siquiera iniciarse una investigación en su contra. Este blindaje político ocurre mientras el esquema de impunidad se ramifica. De los 14 detenidos iniciales anunciados por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el proceso ha avanzado a cuentagotas, y a la fecha, la justicia mexicana parece incapaz -o poco dispuesta- de localizar y detener al contraalmirante Fernando Farías Laguna, hermano del vicealmirante detenido y también sobrino de Ojeda, quien permanece prófugo pese a la reiteración de la orden de captura dictada en su contra.
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El sistema judicial, en un despliegue de garantismo, ha visto cómo la defensa de Fernando Farías ha logrado suspensiones provisionales y definitivas en juicios de amparo, e incluso acceso a las carpetas de investigación, mientras él se mantiene oculto de la acción de la justicia. La impunidad no es sólo la falta de castigo, sino el desvanecimiento de la verdad. Al negar que el desfalco a la nación alcance los 600 mil millones de pesos, cifra que las investigaciones preliminares y la oposición en el Congreso sostienen, el Ejecutivo federal intenta reducir la magnitud de una tragedia financiera y ética que la propia Secretaría de Hacienda admite no poder “cuadrar” todavía.
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GRADO DE INFILTRACIÓN
Fue el sábado 6 de septiembre de 2025 cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó de la detención de 14 personas, entre ellas cinco marinos en activo, un marino en retiro, cinco exfuncionarios de Aduanas, dos empresarios y un exjuzgador señalados por corrupción e impunidad en un esquema de huachicol fiscal. El grupo criminal, identificado como Los Primos, era encabezado por el excomandante de la Décimo Segunda Zona Naval en Puerto Vallarta, vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. La captura de Farías se registró desde el 2 de septiembre.
Los sujetos detenidos junto con el vicealmirante y relacionados con las carpetas de investigación FED/FEMDO/FEITATA-TAM/0000281/2025, FED/FEMDO/FEIDMHDARV-BC/0000325/2025, y FED/FEMDO/FEITATA-TAM/0000464/2025, fueron el capitán de navío Climaco Aldape Ultrera; el exdirector de Supervisión de Aduanas Marítimas, capitán de navío Humberto Enrique López Arellano; el exsubdirector de Vigilancia y Control de la Aduana marítima de Tampico, Sergio Varela Morales; el exsubdirector de Operación de la Aduana de Tampico, Carlos de Jesús Estudillo Villalobos; el exsubadministrador de la Aduana de Altamira, Fernando Ernesto Magaña Gutiérrez; el exdirector de Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Tampico, Francisco Javier Antonio Martínez; la exjefa de departamento de Recintos Fiscales en la Aduana del mismo puerto, Endira Xóchitl Palomo Chávez; los verificadores de mercancías Perla Elizabeth Castro Sánchez, Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez e Ismael Ricaño Matías; así como los operadores empresariales y legales, Héctor Manuel Portales Ávila, José Ramírez Guardado y el exjuez federal Anuar González Hemadi.
Las pesquisas para el desmantelamiento de la red de huachicol fiscal iniciaron con la denuncia realizada por el exdirector de la Aduana de Tampico, Capitán Alejandro Torres Joaquín, quien se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR bajo la clave “Santos” y entregó 29 millones 500 mil pesos que recibió en efectivo por cohechos. El marino, arrepentido y temeroso, declaró ministerialmente que el vicealmirante Manuel Roberto Farías encabezaba el grupo de Los Primos y que le sobornó con un millón 750 mil pesos por cada buque con huachicol fiscal que permitió desembarcar en el puerto tamaulipeco del que estaba encargado. Aseguró que entre abril de 2024 y enero de 2025 fueron 14 los barcos con combustible que llegaron a su aduana.
“Santos” también reveló que el contraalmirante Fernando Farías Laguna, hermano del vicealmirante Manuel Roberto, estaba implicado en el grupo criminal, y que el capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, alias el NK o Comandante Sol, era el cerebro operativo que se encargaba de coordinar la entrega del dinero de los sobornos a través de un sujeto identificado como Osvaldo, el O. Según las investigaciones de la FGR, en el esquema de corrupción se investiga a más de 200 personas, entre agentes aduanales, administradores, subadministradores y personal operativo de diversas aduanas del país por su presunta participación con la delincuencia organizada por lo que habrá órdenes de aprehensión.
El señalamiento del testigo colaborador no se limitaba a actos de omisión, pues advirtió que los marinos proporcionaban información confidencial sobre los operativos de vigilancia, escoltaban los buques y pipas de combustible e incluso intimidaban a otros oficiales que se negaban a participar en el esquema en al menos ocho puertos del país. El nivel de vida de los servidores públicos involucrados era un indicio de la corrupción y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo detectó a través de las alertas de bancos, notarios y hasta casinos reportándose transferencias, adquisición de inmuebles, pagos por pólizas de seguros por más de 10 millones de pesos y la inyección de al menos 52 millones de pesos en casas de apuestas y sorteos. En el expediente se señala a 555 empresas relacionadas con la ilícita red.
UN FANTASMA
Hasta el momento, el paradero del contraalmirante Fernando Farías es un misterio, pero su actividad en juicio de amparo es rastreable en los tribunales. Ha promovido por lo menos ocho amparos en la Ciudad de México, en el Estado de México y en la región de La Laguna, en Coahuila, además de que ha interpuesto recursos de queja y de revisión en los tribunales colegiados quinto y octavo en la capital del país, para evadir la acción de la justicia. El 19 de agosto de 2025, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, dictó orden de aprehensión en contra del mando marino por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia de delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
En fecha 12 de septiembre de 2025, Fernando Farías Laguna “se puso a disposición” del referido juez de control, ante quien manifestó su disposición para efecto de comparecer a la respectiva audiencia inicial; con ello dio cumplimiento a la suspensión obtenida en un juicio de amparo y se tuvieron por cumplidas las medidas de aseguramiento impuestas el 17 de septiembre. Siete días después, el juez de la causa penal señaló para que tuviera verificativo la audiencia inicial el 1 de octubre siguiente, y ordenó a la fiscalía federal la entrega de la totalidad de la carpeta de investigación a la parte imputada.
Sin embargo, llegada la fecha y una reprogramación posterior, el contraalmirante no compareció al recinto judicial, y entonces la FGR pidió a una jueza federal (nueva en funciones tras ser electa en las votaciones de junio) girar nueva orden de aprehensión contra el imputado, misma que fue decretada en una audiencia privada el 5 de noviembre por tenérsele sustraído de la justicia. El 22 de enero de 2026, el secretario de Marina, Raymundo Morales, confirmó que los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías no pertenecen más a la Armada de México: “Ya se dieron de baja, están ellos en su proceso legal, tienen 15 días para poner sus recursos de revisión; algunos ya los cumplieron, se dieron los fallos y estamos esperando a que las autoridades determinen”.
Por lo que ve al vicealmirante procesado y preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, Manuel Roberto Farías Lagunas, sus abogados están al pendiente del procedimiento de baja de servicio activo de la Armada de México (expediente OFLMAY/Jur/Bajas/01/2025, del índice de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Marina), desde que fue dictado su inicio el 20 de octubre de 2025, a través de la interposición de demandas de amparo. También cuenta con dos juicios de garantías iniciados; uno en contra del auto de vinculación que le mantiene procesado; el otro, contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que en su momento le fue modificada a prisión preventiva justificada.
NO TODOS PRESOS
Aunque la mayoría de quienes son procesados se encuentran privados de su libertad en la prisión federal de máxima seguridad del Altiplano, cárceles femeniles de la Ciudad de México y en el Centro de Reinserción Social de Ensenada, los imputados han conseguido que se varíe la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a la modalidad de prisión preventiva justificada, que es revisable periódicamente y buscarán revertir jurídicamente. Sin embargo, no todas las personas implicadas están tras las rejas, pues se han decretado medidas cautelares diversas.
Tal es el caso de la verificadora de mercancías de la Aduana de Tampico, Perla Elizabeth Castro Sánchez, a quien, a diferencia de sus coacusados Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez, Endira Xóchitl Palomo Chávez e Ismael Ricaño Matías, le fue modificada la prisión preventiva oficiosa en audiencia celebrada el 23 de octubre de 2025 tras ser escuchada por la jueza de control, quien ponderó los elementos de convicción, y le impuso como como medidas cautelares: la prohibición de salir del país; la instalación de un localizador electrónico; y resguardo domiciliario en un inmueble ubicado en la colonia Emilio Carranza, en Ciudad Madero, Tamaulipas.
Perla Castro no puede salir del domicilio y está sujeta a una cuarta medida cautelar, que es la de “vigilancia por parte de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso de la Guardia Nacional”, teniendo que contestar obligadamente llamadas o videollamadas todos los días o realizadas de forma aleatoria por la citada autoridad para verificar que se encuentre en el inmueble que se asentó en la causa penal 325/2025. El resto de los imputados en el mismo asunto promueven dos, tres o más juicios de amparo para tratar de mejorar sus condiciones procesales como lo hizo la verificadora portuaria.
En Ensenada, Baja California, son procesados penalmente los hermanos Jesús Tadeo y Cristian Noé Amaya Olvera, vinculados en la causa penal 79/2025 ante el Juzgado Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juzgado de Control, del Centro Penal de Justicia Federal de ese puerto por el delito de Posesión de Hidrocarburo sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas y permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos, y almacenamiento ilícito del mismo. Ambos obtuvieron amparos concedidos por la Jueza Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, Marisela Reyes Calderón, para el efecto de que, “en definitiva, se deje insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y dentro de la causa penal en que actúa no imponga este tipo de medida cautelar”. Les fue variada a prisión preventiva justificada y siguen presos.
Ambos implicados en el huachicol descubierto el 26 de marzo de 2025 en un predio de El Sauzal, en Ensenada, propiedad del exsenador morenista Gerardo Novelo Osuna, donde había ocho millones de litros de combustible y una flotilla de autotanques de las empresas Mefra Fletes y Autolíneas Roca (relacionadas con Blanco), también luchan jurídicamente a través de un juicio de derechos fundamentales en contra de la autorización del juez de la causa para que les sea aplicada la técnica de investigación de la toma de voz, por lo que sus defensores alegan violaciones al debido proceso. El reclamo vía judicial se encuentra pendiente de resolución.
Por su parte, el dueño del referido terreno donde se realizaban actividades ilícitas de almacenamiento de hidrocarburo que ingresó de contrabando al país, Novelo Osuna, tras ver sobreseído su juicio de amparo contra una posible orden de aprehensión por este asunto, al responder todas las autoridades como inexistente el acto reclamado, sigue enfocado en recuperar el inmueble de su propiedad, mismo que había rentado a dos sujetos, según informó el mismo día del aseguramiento. El exsenador tramita un amparo diverso, en calidad de “tercero ajeno al delito”, para que le sea entregada la posesión del inmueble “al tenor de las documentales que he exhibido”. Situación que por el momento no será posible, al continuar las investigaciones.
