La Cámara de Diputados aprobó en lo general, el 25 de marzo de 2026, la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece un tope a las jubilaciones y pensiones de ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas, con aplicación retroactiva. La votación arrojó 458 votos a favor, en espera de la presentación de reservas.
La minuta, enviada por el Senado de la República, fija como límite la mitad de la remuneración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el monto que podrán percibir los ex trabajadores de confianza del sector paraestatal. El proyecto exenta de este tope a las Fuerzas Armadas, los haberes de retiro vigentes y las pensiones constituidas a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, aportaciones sindicales y las no contributivas. Establece, además, que las nuevas disposiciones aplicarán también a jubilaciones y pensiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma.
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La discusión se desarrolló en un ambiente de tensión, mientras jubilados de PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro protestaban en el exterior del Palacio Legislativo de San Lázaro e intentaban ingresar a la fuerza al recinto. La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una moción suspensiva para frenar el debate, misma que fue rechazada por la mayoría.
La diputada panista Margarita Zavala sostuvo que la reforma viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Señaló que los senadores emitieron su voto con información imprecisa o falsa, dado que las bases de datos sobre montos de pensiones en empresas del Estado difundidas por el Gobierno Federal fueron corregidas el 17 de marzo pasado. “Si hoy se permite que desde la Constitución se violente el principio de la irretroactividad, si hoy se permite que desde la Constitución, sin estudiar lo suficiente, se elimine derechos adquiridos con base en información imprecisa, incluso falsa, entonces ningún derecho estará a salvo, ni la pensión, ni el ahorro, ni el patrimonio”, advirtió.
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El diputado priista César Domínguez manifestó que, si bien su bancada está a favor de eliminar privilegios, no puede respaldar medidas que vulneren derechos adquiridos, la seguridad jurídica y el pacto social. Calificó la reforma como una posible “bomba legal” que abrirá la puerta a litigios masivos. “El problema financiero del país no es solo el tema de pensiones, el problema financiero del país es la mala administración que tienen, son las decisiones equivocadas y es la falta de responsabilidad fiscal”, señaló.
La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano (MC), indicó que su bancada coincide en términos generales con el planteamiento, pero cuestionó que el parámetro del salario presidencial sea una referencia política discrecional y no un indicador técnico. Precisó que, si la remuneración de la titular del Ejecutivo Federal ronda los 140 mil pesos netos mensuales, el tope implicaría limitar las pensiones a aproximadamente 70 mil pesos, sin considerar prestaciones en especie. Advirtió que la modificación de condiciones ya reconocidas afecta derechos adquiridos y podría generar costos derivados de amparos masivos superiores a cualquier ahorro proyectado.
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En defensa de la iniciativa, la diputada de Morena, Haidyd Arreola, rechazó que la reforma contravenga el principio de irretroactividad, argumentando que, según la jurisprudencia de la SCJN, las reformas constitucionales pueden incidir sobre situaciones jurídicas preexistentes cuando así lo determina el poder reformador. Su correligionario Manuel Vázquez Arellano respaldó que la medida responde también a un problema de sostenibilidad fiscal, pues el país destina más de 2.3 billones de pesos —equivalentes al 23 por ciento del presupuesto público— al gasto en pensiones. Como ejemplo, citó que cerca del 67 por ciento de los más de 14 mil ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro percibe pensiones de entre 100 mil y casi un millón de pesos mensuales.
El proceso legislativo continuará con la presentación y votación de las reservas al articulado.
