“El Estado tiene la obligación de investigar y sancionar conductas delictivas, aun cuando ocurran dentro de un contexto de protesta social”
La Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco y la H. Alianza Mexicana de Abogados de Baja California sostuvieron que los destrozos cometidos durante la marcha celebrada por el Día Internacional de la Mujer, el domingo 8 de marzo en Tijuana, se deben investigar.
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Ambas asociaciones reconocieron el derecho de los participantes en la concentración a manifestarse. En cambio, recalcaron que los daños ocasionados a instalaciones, mobiliario, expedientes deben ser objeto de investigación.
“Reconocemos el dolor, la indignación y la frustración que muchas mujeres expresan. En nuestra labor profesional hemos acompañado historias de violencia, impunidad y búsqueda incansable de justicia por parte de muchas familias. Sin embargo, la violencia y el vandalismo no pueden ser el camino. La destrucción de instalaciones y expedientes no abona al acceso a la justicia; por el contrario, puede afectar proceso legales y derechos”, consignó la Barra de Abogadas presidida por Ilse Estefanía Campos García.
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“Lo ocurrido durante las movilizaciones del 8 de marzo en ciudades como Tijuana plantea un debate jurídico claro entre dos planos distintos: el derecho a la protesta y la comisión de delitos”, estableció la Alianza encabezada por Rafael Mauricio Cruz Manjarrez.
La agrupación puso de manifiesto que el derecho a manifestarse está protegido por los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la libertad de expresión, libertad de difusión de ideas y reunión y manifestación pacífica, respectivamente.
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Advirtió que “si durante una protesta se cometen actos tipificados en la ley penal la situación cambia”.
A propósito, observó que el Código Penal para el Estado de Baja California contempla como delitos el daño a propiedad ajena, el robo, la destrucción u ocultamiento de documentos públicos, los ataques a bienes del Estado.
Durante la concentración, efectuada en Zona Río, manifestantes destrozaron plafones y micas de la primera estación del Sistema Integral del Transporte de Tijuana; plasmaron mensajes con aerosol en las glorietas Cuauhtémoc y Lincoln; pintaron paredes; rompieron ventanas, pantallas de computadora, extrajeron expedientes, en la sede de la Fiscalía General del Estado; averiaron módulos y equipo de cómputo en el Centro Estatal de Justicia Alternativa; estropearon una carpa al exterior de Palacio Municipal.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que investiguen los hechos ocurridos con apego a la ley, pero también para que actúen con mayor diligencia y profesionalismo durante todo el año, fortaleciendo las investigaciones y evitando la impunidad”, establecieron las integrantes de la Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco, por conducto de su presidente, así como de la secretaria general de la asociación, Karen Vanessa Juárez Rodríguez.
“El Estado tiene la obligación de investigar y sancionar conductas delictivas, aun cuando ocurran dentro de un contexto de protesta social. De lo contrario se generaría impunidad y se afectaría el principio de legalidad”, sostuvo la Alianza Mexicana de Abogados de Baja California.
“Ignorar los delitos por razones políticas o sociales no es compatible con el Estado de derecho, pero criminalizar la protesta en sí misma tampoco lo es”, asentó. (Eduardo Andrade Uribe)
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