La red de corrupción en el caso del INVI sigue creciendo; entre los detenidos se encuentran por peculado el exjefe de contabilidad, Javier Ramírez Manjarrez y Edy Hassan, socio del anterior; además, Juan Antonio de Jesús Ramírez, hermano del exfuncionario, sin un motivo claro dentro de la denuncia.
También fueron llamados a cuentas por operaciones con recursos de procedencia ilícita la exdirectora del Instituto de Vivienda (INVI), Fernanda Villarreal González, y el exadministrador, Juan Manuel Reyes Cervantes, aunque según la fuente de la Contraloría Estatal debieron incluirse en la denuncia por peculado, ya que el delito por el que actualmente están señalados será desechado.
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Información en poder de ZETA revela que el nuevo director del INVI de Baja California Sur, Benjamín García Meza, también estuvo relacionado con el desfalco de más de 54 millones de pesos que le imputan al exjefe de contabilidad, Javier Ramírez Manjarrez, el cual se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz hace más de dos años sin sentencia por peculado.
De acuerdo con documentos, Benjamín tomó el encargo en la Dirección General a partir del 2 de octubre del 2023, y mientras era formalmente el encargado de la institución, la cuenta del INVI se siguió vaciando por más de dos meses, incluso con su autorización.
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Así lo dijo uno de los testigos a la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur:
“En relación a las transferencias realizadas: Quien manifiesta que sí reconoce la cuenta como suya y que estas transferencias recuerda que la persona de nombre Benjamín G, que era el director del INVI, en esa época en Loreto le enviaba transferencias a efecto de dar promoción de las actividades del Instituto de Vivienda y darle promoción a la figura de la Dirección General”, se lee en el testimonio del beneficiario de la cuenta BBVA y terminación **520.
Según las transferencias registradas de las cuentas Banorte 082-768245-6 y 042-535631-3, fueron 95 operaciones o movimientos por un monto de $7,286,000.00$ MXN (siete millones doscientos ochenta y seis mil pesos) en el periodo del 2 de octubre al 30 de noviembre del 2023.
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En ese momento, Benjamín García ya era director general del INVI y estaba al tanto de la situación financiera y de auditoría en contra de la institución, irregularidades y más de 40 observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado.
“A partir del 2 de octubre que nosotros nos dieron la responsabilidad del Instituto de Vivienda, primeramente, tomamos el Instituto de Vivienda donde había también una auditoría por parte de Contraloría, en la cual nosotros hemos dado las facilidades para que el equipo de trabajo de ahí de INVI esté solventando las 45, creo son, observaciones que se hicieron; y ahí estamos en ese tema, de que parte del equipo esté resolviendo y esté contestando y desahogando los puntos que así hicieron esa observación”, dijo a su llegada Benjamín García a medios de comunicación.
“En el mes de diciembre, Javier Ramírez Manjarrez renunció al INVI, no fue destituido. Pese a lo que se ha dicho, él decidió dejar la institución sin que los directivos, jefes de área, secretarios, auditores y contraloría se percataran del supuesto desfalco a las arcas del Instituto de Vivienda”.
“Javier lo reconoció de viva voz, tengo culpa y no puedo negarlo, pero se me hace injusto que la demás gente no caiga”, señalando a exfuncioniarios, funcionarios en activo y hasta el propio Gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío de haber instruido el movimiento de los recursos de las cuentas del INVI para favorecer a su amigo, el senador Adán Augusto López.
COMPLICIDADES
Dos años después de actividades ilícitas y desvío de recursos públicos del INVI, fue que la Secretaría de Finanzas dio aviso mediante oficio SFYA/SFF/012/2023 dirigido a la Dirección Anticorrupción de la Contraloría General, el 05 de diciembre del 2023, acerca del desvío de recursos públicos por un monto de $20,795,000.00 (veinte millones setecientos noventa y cinco mil pesos) en el ejercicio fiscal del 2023.
Nunca se dieron cuenta del faltante y desvío de otros 34 millones 081 mil 222.64 pesos en los ejercicios fiscales 2021 del 5 de noviembre al 31 de diciembre del 2021 y del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 (por 13 millones 080 mil 222.64 pesos y 21 millones un mil pesos, respectivamente).
Hay muchos involucrados por desvío, omisiones y complicidad. El Código Penal de Baja California Sur contempla como involucrados por peculado no sólo a quien ejecutó los movimientos financieros, sino a quienes facilitaron o permitieron el acto. Los directivos, como la exdirectora Fernanda Villarreal González y el exadministrador Juan Manuel Reyes Cervantes, pueden ser procesados bajo las siguientes circunstancias:
* Coautoría: Si hubo un acuerdo previo para desviar los recursos, aunque el contador fuera quien ejecutara los movimientos bancarios.
* Comisión por Omisión: Como titulares del instituto, tienen el deber jurídico de custodiar y vigilar el correcto uso del presupuesto. Si sabían del desvío y no hicieron nada para impedirlo, son penalmente responsables por no haber ejercido el control debido sobre sus subordinados.
El hecho de que el dinero no haya llegado directamente a sus cuentas personales (de los exfuncionarios) desde el INVI, no los exime de peculado; porque se configura en el momento en que el recurso público se distrae de su fin oficial (vivienda social) hacia cualquier otro fin (campañas políticas, beneficios personales o terceros).
En las investigaciones recientes del Instituto, se señala que el dinero fue enviado a cuentas de particulares sin relación con el instituto, para luego ser usado en efectivo o bienes, presuntamente para la campaña de Adán Augusto López y para bienes consistentes en propiedades, vehículos e insumos como despensas para campañas políticas. Esta triangulación es precisamente lo que constituye la ejecución del delito.
Además, los organismos de control (Contraloría) y la Secretaría de Finanzas pueden ser incluidos en una investigación de peculado si se demuestra que su demora o inacción fue deliberada o producto de una negligencia grave.
La Contraloría no detectó la desviación de recursos en los ejercicios 2021, 2022 y 2023, dejando de observar y aplicar la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos para el Estado de Baja California Sur, a la rendición de cuentas, y el reglamento interior de la propia Contraloría. En las auditorías preventivas de 2021, 2022 y 2023, debió solicitar a la dirección del INVI la comprobación del gasto de los recursos a los ciudadanos que sin ser contratistas y proveedores recibieron transferencias a sus cuentas personales, de las cuentas bancarias del INVI, primero con la presentación de contratos, facturas y los documentos que lo acrediten, exhibió uno de los empleados de la Contraloría Estatal.
En el marco legal de Baja California Sur, la responsabilidad de estos entes de gobierno, podría encuadrarse por:
1.- Responsabilidad por Omisión: La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de BCS establece que la omisión es una infracción al deber legal:
* Contraloría: Si este órgano realizó auditorías y detectó irregularidades (como las más de 40 observaciones reportadas en el INVI), pero no procedió legalmente de inmediato, sus titulares podrían enfrentar cargos por encubrimiento o incumplimiento de un deber legal.
* Secretaría de Finanzas: Al ser el ente que libera y supervisa el flujo de efectivo, el retraso en descubrir transferencias atípicas por dos años a particulares no registrados como proveedores, podría interpretarse como una falla en los sistemas de control interno, lo cual genera responsabilidad administrativa y, en algunos casos graves, penal.
2.- Complicidad por Facilitación: Si se comprueba que la tardanza de dos años no fue accidental, sino una estrategia para permitir que el desvío continuara o para dar tiempo a lavar el dinero para campañas, enriquecimiento ilícito y el financiamiento de bienes inmuebles, los funcionarios de estos organismos pasan de ser negligentes a ser cómplices o coautores de peculado.
La fiscalía debería investigar si hubo una red de protección que permitió el desfalco de los cerca de 55 millones de pesos, que a decir de los involucrados, fueron presuntamente instrucciones del propio gobernador.
“El gobernador le mandó pedir $2,000,000.00 MXN (dos millones de pesos) con Jorge Humberto Bautista, subsecretario de Administración y Finanzas, a Javier (excontador INVI). Javier se los entregó en efectivo a Jorge. Jorge se lo entregó al gobernador; y éste únicamente le regresó 900 mil a Fernanda. Y de ahí se tomaron cien mil pesos para La Paz, hay un audio donde Jorge le pide ese dinero a Javier”, reveló una fuente protegida sobre el caso.
Según Javier Ramírez Manjarrez, no entiende el por qué no quieren que haya juicio; pero la razón quizá sea que el juicio tendría que ser público y podría exponer no sólo la complicidad y/o anuencia del gobernador, sino que gran parte fue desviado para la campaña del senador de Morena, Adán Augusto.
“Casa de Adán Augusto López, los dos millones de pesos famosos que fueron a la Ciudad de México por ellos. Gastos en el tema de la campaña de Adán Augusto; camisas, folletos y lonas 400 mil pesos. Dinero para Adán, siete millones de pesos. De todo eso tengo pruebas, y el problema es que no entiendo por qué no quieren llegar a un juicio”, dijo Javier Ramírez expresamente en un audio en poder de ZETA.
Resalta también que el diputado de Morena, Sergio Polanco, tampoco es considerado dentro del caso, aunque participó y recibió dinero del INVI a través de un tercero, pese a que en su declaración negó tener relación sobre una supuesta venta de un predio a Fernanda Villarreal, mismo que fue pagado con dinero público.
“En este acto se le pone a la vista una transferencia bancaria de la cuenta 1586509891 de Javier Manjarrez a favor de la cuenta BNET 0105913063, realizada en fecha 23 de marzo del 2023 por la cantidad de $16,250.00 MXN (dieciséis mil doscientos cincuenta pesos) por el concepto ‘Mens lote 06 mza 0’. Una vez visto dicho estado de cuenta, es mi deseo manifestar que me comprometo a revisarlo con los contadores encargados las cuentas bancarias de BBVA sobre el depósito efectuado, así como checar el supuesto lote que se pagó, aclarando que la manzana 0 no existe lo que puede complicar un poco la búsqueda pero haremos la mayor búsqueda posible para localizar la información correspondiente”, respondió Sergio Polanco.
Sin embargo, ZETA tuvo acceso al contrato de compra-venta del terreno NO. ISC 0021-23.02.23, de fecha 23 de febrero del 2023, en el cual manifiesta claramente Sergio Polanco Salaices: “Recibí la cantidad de $390,000.00 MXN (trescientos noventa mil pesos) de Fernanda Marisol Villareal González por concepto de ‘pago de anticipo’ de compraventa de un lote rústico sin servicios, número 07 de la manzana 03, con clave catastral:103-017-775-007 del Desarrollо Loma Blanca, Predio Zacatecas en El Centenario”, y lo firman Fernanda Villarreal y el diputado Sergio Polanco.
NUEVO DIRECTOR, TAMBIÉN INVOLUCRADO
Por otro lado, con la justificación de que el INVI no puede parar su funcionamiento para atender las necesidades de la gente, el nuevo director de la institución, Benjamín García, permitió que se llevaran a cabo 95 transferencias interbancarias de las dos cuentas de la dependencia, de entre 45 y 100 mil pesos entre el 2 de octubre al 30 de noviembre del 2023.
Benjamín García incurrió en omisiones y presuntamente permitió que siguieran vaciando las cuentas del instituto, porque era el responsable directo de la dependencia y sabía que había irregularidades administrativas y financieras.
“De modo que no puede parar el Instituto desde luego, y pues así estamos en diferentes líneas, y la contratación como la acaba de decir ustedes, la prolongación en ese sentido era porque faltaban algunos puntos de las observaciones de solventar, en la cual pues la Contraloría, en su momento ya, estamos en fecha de que se cumplió efectivamente, y ellos ya nos darán a nosotros a conocer los resultados; y pues ahí ya, una vez que nos den a conocer los resultados, nosotros sabremos en qué condiciones va a quedar el Instituto a través de ese resultado de Contraloría”, expuso en su momento García.
Si el director del Instituto permitió, omitió o facilitó esta estructura de transferencias, la podrían encuadrar varios delitos contra la administración pública, dependiendo de si hubo dolo (intención) o negligencia.
El Código Penal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los delitos principales que se pueden configurar cuando estas transferencias se presentan como prueba en un caso de corrupción:
1.- Peculado: Se configura cuando un servidor público utiliza para su beneficio, o para el de un tercero, dinero, valores o fincas pertenecientes al Estado que recibió en razón de su cargo.
2.- Ejercicio Ilícito de Servicio Público: Ocurre cuando un funcionario autoriza o permite la salida de recursos sin cumplir con la normativa vigente. Sin conocimiento (Negligencia): Si el director no sabía, pero su omisión en la vigilancia y supervisión permitió el desvío, sigue siendo responsable.
3.- Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades: Cuando un servidor público otorga o autoriza adquisiciones, arrendamientos o pagos con fondos públicos que no estén autorizados por la ley.
4.- Lavado de Dinero (Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita): Si las transferencias se usaron para ocultar el origen público del dinero y reintegrarse al sistema financiero de forma aparentemente legal.
5.- Coalición de Servidores Públicos: Si el director se puso de acuerdo con otros funcionarios (tesorería, administración) para ejecutar este esquema de pagos.
Por otro lado, la Contraloría General del Estado debió revisar año por año la rendición de cuentas, situación que no fue así. Con un oficio, Benjamín García reconoció que fue omiso, nunca revisó las cuentas.
“Este oficio es muy interesante por las fechas, que una vez realizado el cambio de director del INVI, dejaron que Manjarrez siguiera transfiriendo recursos durante dos meses octubre y noviembre 2023; después los entregó y renunció. Ve cómo se lava las manos el nuevo director”, añadió la fuente de la Contraloría.
En el oficio señala lo siguiente:
“Donde solicita (el Agente del Ministerio Público) quien era el titular o titulares del token de la cuenta bancaria de Banorte con número 0827682456, a cargo del INVI, así como las otras cuentas con número 0624208783, 0425356322, 0425356313, 0486865786, 1061789035, en el periodo 1 de enero de 2021 al 15 de diciembre del 2023; le comento que esta administración (de Benjamín) entró en labores administrativas el día 2 de octubre del 2023, y que por tanto, al llegar a esta dirección administrativa, el encargado del token en ese momento, era el Cp. Javier Armando Ramírez Manjarrez, hasta el día 13 de diciembre de este año 2023, ya que firmó su renuncia el día 6 del mismo mes. El modo o requisitos para el pago de transferencia era de forma verbal”, se lee.
El nuevo director era responsable de haber cambiado las firmas y contraseñas desde el día uno de su gestión.
