La fiscal Elena Andrade presumió la captura de una treintena de policías implicados en delitos, algunos relacionados con desaparición forzada y feminicidio, hechos que los centros de evaluación de control y confianza ni las sindicaturas, pasaron por alto
A finales de la década del 2000, Baja California llegó a tener las corporaciones de seguridad municipal y estatal más confiables, o al menos con mayores resultados en torno al combate al delito; a veces incluso sin la intervención del Ejército, concretaban resultados importantes contra el tráfico de drogas, armas y delitos de alto impacto. Esto, sin mencionar que había una mayor coordinación entre corporaciones y con los miembros castrenses.
Publicidad
Mientras las policías preventivas contaban con equipo suficiente y el número de agentes crecía, gracias a que para sus integrantes se volvían una oportunidad de desarrollo y una forma de salir de la precariedad, al tiempo que les daba la posibilidad de construir una carrera con futuro en el brazo armado del gobierno. Al tiempo, las agencias de investigación se preparaban para recibir el reto del sistema acusatorio adversarial.
Por supuesto que, incluso en ese contexto, dentro de las policías había corrupción e infiltrados de los grupos delictivos de los cárteles, que tenían enlace con mandos policiales, políticos, e incluso en el sector empresarial… hasta que eran descubiertos, entregados a la autoridad federal, retirados de las corporaciones o, peor aún, caían a manos de los adversarios criminales.
Publicidad
En días pasados, la fiscal Elena Andrade dio a conocer que en dos años se ha concretado una serie de operativos que culminaron con la captura de más de 30 agentes de las diversas corporaciones de seguridad, la mayoría policías municipales, involucrados en la delincuencia organizada.
Los delitos de los cuales se les señala, van desde desaparición forzada, homicidios y feminicidios, y se trata de agentes implicados desde el 2022 a la fecha. A esto, se le suma que el año pasado, una docena de policías estatales fueron suspendidos por presuntamente participar en un “baje” de más de 180 kilogramos de cocaína en el municipio de Tijuana, de los cuales cuatro ya regresaron a sus funciones.
Publicidad
Los pecados del pasado cometidos por policías en Baja California se arrastran desde el 2022, y la propia fiscal Andrade ha referido que la primera fase de la estrategia de seguridad es acabar con los agentes involucrados con la delincuencia, por lo que no descartó que pudieran darse más detenciones.
Pero esto no es algo descubierto apenas por la fiscal ni por ninguno de los jefes policíacos de Baja California. Durante ese periodo, reportes de medios de comunicación y redes sociales, además de víctimas directas e indirectas, expusieron la realidad de las corporaciones de seguridad durante los primeros años del gobierno morenista.
Videos de policías custodiando a narcotraficantes en Mexicali; policías involucrados en ataques contra otros elementos preventivos en Ensenada; denuncias de abuso policial y una serie de reclamos provenientes de la ciudadanía, eran conocidos por los mandos policiacos, pero no actuaron.
Mientras tanto, el primer muro de defensa contra la corrupción policial, el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3), no detectó estas conductas ni advirtió a los mandos de los riesgos de ciertos agentes y su involucramiento con la delincuencia organizada.
A través de exámenes, el C3 avaló a prácticamente todos los agentes que estuvieron involucrados posteriormente en estos hechos delictivos, por lo que persiste uno de dos escenarios: o hubo corrupción de los especialistas o los mecanismos de evaluación son obsoletos.
La deficiencia de esta institución que en alguna época fue galardonada, se demuestra en que, a pesar de sus resultados, hay involucramiento de policías con la delincuencia organizada.
En este contexto, pareciera que el C3 está más enfocado en reprobar agentes con sobrepeso, deficiencia visual, poco control de ira (siempre relacionado con la falta de descanso o el abandono de la política de salud mental de los policías) o revisando expedientes concluidos de hace 15 o 20 años, mientras el verdadero mal, la infiltración del crimen en las filas policiacas, es imperceptible para el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.
Esto no es casualidad, la implosión de los gobiernos de Morena es por temas de seguridad; al menos durante los seis años del presidente Andrés Manuel López Obrador, ese tan delicado tema, no fue parte primordial de la agenda. La estrategia nacional de “abrazos, no balazos”, se basaba en el debilitamiento de las corporaciones locales, para financiar la fracasada Guardia Nacional.
Lo peor es que los mandos observan al C3 como una herramienta política de control y no como un filtro para localizar las debilidades de la tropa, atenderlas y depurarlas. De la depuración que hace un año inició el entonces secretario de Seguridad del Estado, Leopoldo Aguilar Durán, poco o nada queda. Se quedó en la evaluación de una parte de la corporación en Mexicali, la de Tecate y la de Rosarito… y hasta ahí. Ni en la secretaría hay seguimiento, ni en la fiscalía interés por detectar a tiempo a los agentes corruptos, antes de que cometan un delito, y deban ser detenidos por ellos mismos.
