El presunto responsable por la muerte de “Chato”, perro que fue asesinado a golpes el 27 de diciembre de 2025, quedó en libertad luego de que un juez de control le concediera la suspensión condicional del proceso, pese a que previamente había sido vinculado a proceso por crueldad animal.
José Carlos “N” fue vinculado a proceso el pasado 12 de enero, ocasión en la que el juez le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. Sin embargo, antes de que venciera dicho término, la defensa solicitó la suspensión condicional, la cual fue concedida.
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Así lo denunció Frank Ortiz, integrante de Abogados Animalistas México y asesor jurídico en el caso, quien señaló que la determinación judicial vulnera los derechos de los animales, así como los de las víctimas indirectas, quienes manifestaron haber sufrido afectaciones derivadas del caso.
“Además de vulnerar los derechos de Chato, protegidos por la Constitución de Baja California, se violaron las leyes de víctimas y de acceso a una vida libre de violencia. La autoridad omitió juzgar con perspectiva de género y no activó los protocolos de protección para mi representada en su estado de vulnerabilidad”, declaró Ortiz en entrevista con ZETA.
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De acuerdo con Ortiz, la resolución permite que el imputado enfrente el proceso en libertad bajo una serie de condiciones, entre ellas el pago de 30 mil pesos por concepto de reparación del daño y la prohibición de acercarse a su vecina.
El abogado sostuvo que la decisión pone en riesgo a su representada (quien es vecina directa del imputado) así como a otros animales que este pudiera adquirir, ya que no se le impuso la prohibición de volver a tener mascotas.
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De acuerdo con el defensor animalista, se interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, al considerar que Ulises Chávez Castillo, juez asignado al caso, inaplicó el artículo séptimo de la Constitución local, el cual reconoce a los animales como sujetos de especial protección.
Asimismo, consideró que haber otorgado la suspensión antes de que concluyera el plazo de investigación, previsto para el 2 de marzo, genera desconfianza en la sociedad respecto al acceso a la justicia.
“Estos precedentes desincentivan las denuncias por maltrato. Al liberar a los agresores, se pone en riesgo tanto a los animales como a la comunidad. Por ello, nos opusimos a la suspensión del proceso”, sentenció.
Finalmente, hizo un llamado al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que el caso sea revisado con perspectiva de bienestar animal, y convocó a la ciudadanía a exigir justicia por “Chato”.
