A nivel nacional ya fue exhibido Baja California Sur como un estado donde los pescadores siguen expuestos al cobro de piso.
Ya lo había denunciado Miguel Ángel Alba Díaz (†) el pasado 23 de enero del 2022: que a los pescadores de la Pacífico Norte “les quitan el fruto de su pesca”, que el control de la droga ya no era suficiente.
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De nuevo, la activista independiente de Sólo Por Ayudar AC, María Gemima Hernández Ávalos, exhibió el grave problema en la entidad.
“En mi estado de Baja California Sur sí hay cobro de piso, estamos siendo muchas víctimas afectadas por el cobro de piso. Somos tantas las víctimas que somos pocas las que nos atrevemos a denunciar”, denunció a nivel nacional María Gemima Hernández Ávalos, activista independiente.
La denuncia social de parte de la activista y de pescadores que lo han denunciado de manera anónima ante ZETA, ha sido ignorada por años. Porque para el gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío, sigue sin haber denuncias formales.
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“No tenemos ninguna denuncia formal, como que la gente no ha tenido la confianza de ir y denunciar formalmente. Sí hemos tenido comentarios”, dijo el gobernador Víctor Castro.
Sin embargo, el empresario y representante de cooperativas pesqueras en Guerrero Negro, municipio de Mulegé, Ismael Hernández Ávalos, que fuera ejecutado el 1 de septiembre del 2025 en su domicilio sobre las calles Pablo L. Martínez y Leopoldo Ramos, en la colonia Solidaridad de la comunidad salinera, ya había denunciado formalmente en 2024 el cobro de piso.
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Él evidenció que, primero, “La Empresa” -como denominan al grupo delincuencial que se apoderó de la pesca- ponía a pistoleros a cuidar el pesaje y entrega de productos marinos, hasta que privaron de la libertad a uno de los hijos de la activista, y que fue a partir de ese momento que Gemima Hernández lo denunció ante las autoridades.
Eso, dijo, le costó que el grupo de los Burros, miembros de la facción de la Chapiza, lo amenazara, levantara y atentara contra su familia; esto dijo aún en vida.
“Mi privación de la libertad ocurrió el 20 de octubre del 2024. El contexto de esto es que, anteriormente, yo había tenido pláticas con esta organización; ellos me hablan para que yo pueda comunicarles con mi hermana, ya que ellos tenían problemas con mi hermana, ya que ellos le habían privado la libertad a uno de los suyos y mi hermana hizo denuncias y estaban sacando órdenes de aprehensión contra estas personas. Yo era representante de una sociedad cooperativa y también directivo del sector pesquero”, expresó en su momento Ismael Hernández.
En junio del 2025, el líder pesquero acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado para conocer el estatus de las privaciones de la libertad de su sobrino y de él en 2024, así como conocer los avances sobre su denuncia sobre el cobro de piso.
Incluso el propio procurador general, Antonio López Rodríguez confirmó que los había recibido y ya perseguían a sus captores, a quienes los Hernández Ávalos identificaron a uno de los líderes como Francisco Javier Ibarra Romo, alias el Burro, de 27 años, originario de Guerrero Negro, jefe de sicarios de la célula conocida como los Burros.
“Tenemos investigaciones de víctimas que se encuentran relacionadas como familiar de la persona que refieres, una de esas personas es su hijo y la otra persona es hermano de ella. Son carpetas investigaciones que son separadas; la primera, la de su hijo, inició el año pasado (2024), por los hechos que corresponden al delito de secuestro”, señaló el procurador en junio de 2025 a ZETA.
A principios de marzo de este año, el Burro cayó por efectivos de la Secretaría de Marina en Comondú; “al correrle la serie” resultó con una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado.
Es precisamente la denuncia por la cual buscaban que Gemima Hernández retirara la acción penal.
“La semana pasada logramos detener un objetivo prioritario (el Burro) que traíamos desde Guerrero Negro; hoy es la audiencia de continuidad, para ver si logramos que ya quede vinculado con el juez a proceso y sacarlo de las calles, por lo menos el tiempo que dura el proceso y hasta lograr una sentencia”, confió Antonio López.
ASÍ OPERA EL NARCO EL CONTROL DE LA PESCA
Más de cuatro años después de la denuncia del Obispo, acerca del cobro de piso al que han estado expuestos durante tanto tiempo los pescadores de la Pacífico Norte, y que se ha extendido a la zona de Comondú y parte de La Paz, por fin la Procuraduría General de Justicia distinguió el delito que está perturbando a las comunidades pesqueras.
“Por ahí en la zona de los pescadores, traen también la información de que grupos que sí son, que podemos decir que son del crimen organizado, esos que se dedican al narcomenudeo, andan queriendo presionar a los pescadores para que les vendan a ellos el producto nada más. No es como que ‘te cobro porque lo hagas’, sino como que ‘me tienes que vender a mí nada más’ y al precio que ellos pongan; estamos trabajando en esa situación, no tenemos denuncias físicas de pescadores, en carpetas”, afirmó Antonio López Rodríguez.
Según la activista y su hermano en vida, La Empresa es la encargada de hacer y deshacer en la pesca, sobre todo ante las especies de gran valor, que son el principal objetivo de esta agrupación criminal.
El cooperativista Ismael Hernández, explicó que los pescadores y los mismos pobladores están sumidos en miedo, ya que las autoridades están coludidas con el narco.
“Lo que yo he notado, o he llegado a entender, es que esta gente al gobierno que puedan comprar o intimidar, así es como trabajan. Y también en el ámbito del sector pesquero es por intimidación: ‘O trabajamos de esta forma o trabajamos de esta, ustedes deciden’; y ha habido denuncias que ellos mismos, lógicamente, son los primeros que se enteran”, reiteró el representante pesquero.
Explicó a ZETA cómo eran las operaciones del crimen organizado para controlar la pesca, donde los usan a ellos (a los pescadores) para lavar el dinero.
Aquí es cuando mencionó que, en un inicio, ellos ponían gente armada en un local y los pescadores y cooperativistas iban a entregar el producto, lo pesaban y lo anotaban personalmente.
“Después ellos propusieron llevar el producto a una casa y aceptó una persona en llevar ese control de cuánto ingresa en peso. O también, nosotros le vendemos el producto a cierta persona, que ellos llevan el control ya en sus listas de clientes, con factura; nosotros vendemos el producto derecho, con factura y todo, y ellos depositan a las cuentas de nuestras empresas, pero las facturas esas se las tenemos que mandar a esta persona porque ella lleva el control, a su contadora, de cuánto es que tenemos que regresarles de dinero”, añadió Ismael Hernández.
El líder pesquero de Guerrero Negro recordó cuando le dijo a la autoridad de justicia de Baja California Sur que La Empresa les estaba quitando más del 40 por ciento de margen de ganancia, que les pagaban al precio que ellos querían.
La captura de ciertas especies de alto valor, como abulón, callo de hacha, almeja chocolata y hasta la langosta, es decir, especies que -dicen pescadores- “la maña no batallaba en vender”, eran las que les quitaron la ganancia para ellos.
“Nosotros trabajamos cierto producto, que nos lo pagaban a 390, 400 pesos, cuando ellos lo venden hasta 600, 700 pesos, y a los mismos compradores de nosotros, que tuvimos que dárselos en su momento; o sea nos obligaron a darles nuestra cartera de clientes. O sea, nos lo pagaron a 400 pesos y ellos lo venden a 600 pesos a compradores que vienen a Guerrero Negro; pero si nosotros llevamos ese producto al norte, podríamos venderlo hasta 1000 pesos, pero ahora ellos lo hacen”, expuso el líder pesquero.
Y esto ya llegó al municipio de La Paz, donde comerciantes que han visitado la zona de Puerto Chale y Almejas, han solicitado la compra de productos a pescadores regionales, y estos “han negado el servicio”; la respuesta fue que deben comprarlo a ciertas personas que son los encargados, a quienes ellos le entregan su producción.
CRIMEN BUSCA COMUNIDADES ECONÓMICAMENTE ACTIVAS
La pelea entre las facciones del Cártel de Sinaloa (CDS) entre la Mayiza y la Chapiza ha generado la movilización de células que están buscando controlar actividades económicas para subsistir.
Baja California Sur ha sido blanco de algunos comercios de venta de alcohol, cigarros electrónicos y otros puntos que también utilizan como puntos de venta de drogas; ni qué decir de los pescadores que son obligados a entregar sus capturas.
Particularmente En la Zona Norte, hay una disputa por el control de la distribución de la droga entre grupos del Cártel de Sinaloa, donde ya opera uno (la Chapiza) y han luchado para evitar que otro más ingrese, pero el procurador identificó que a veces son “sorprendidos”.
“Nuestro personal está trabajando en que no ingresen estos grupos, que no vengan, que no empiecen a operar aquí en el día a día; se recaba mucha información y se trata de contenerlo, igual en la ciudad de La Paz. A veces hay ciertas cosas que no podemos evitar, nos sorprenden; la delincuencia organizada nos crea emboscadas para generar delitos cuando menos pensamos y nos toma por sorpresa a veces. Es un tema que tenemos que estar muy alerta porque puede que siga ocurriendo, no es algo que esté erradicado”, apunto el procurador de Justicia.
Antonio López Rodríguez reconoció que células del crimen organizado están en busca de sitios de interés económico que favorezca a sus organizaciones. Mencionó que en especial en Los Cabos han detectado grupos de extranjeros operando.
“A veces la delincuencia busca esos lugares donde económicamente hay dinero, y nuestro municipio aquí en Los Cabos se sigue desarrollando, se sigue creciendo, sigue viniendo gente invertir, siguen viniendo incluso gente de otros países a trabajar; pero también como la mayoría de la gente viene es buena, es de trabajo, también vienen algunos que no vienen a trabajar, que vienen a desafortunadamente a delinquir. Células de extranjeros que vienen a cometer delitos, incluso la semana pasada acabamos de detener una célula de Sudamérica que vienen a hacerlo; estos eran venezolanos, pero también colombianos son muchísima gente que se dedica a eso, que tienen ese modo de vivir”, expuso el procurador.
En enero de este 2026, en la colonia Centro de La Paz, en un restaurante de mariscos ubicado en Revolución y Allende, autoridades acudieron a un reporte violento, al dueño del local lo habían golpeado y uno de los agresores, según testigos, le dijo que tenía que pagar una fuerte cantidad.
Ese testimonio fue reportado por los agentes municipales que le prestaron primeros auxilios, e hizo pensar que se trataba de cobro de piso. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia confirmó que se trataba de un grupo de colombianos que contrató a golpeadores locales para cobrar una deuda que se adquirió supuestamente a través de una aplicación digital.
“Ubicamos uno que viene desde Colombia la llamada, desde Colombia le están llamando a la persona para cobrarle, porque crearon una aplicación donde te prestan dinero al ciudadano normal; por nada te prestan dinero, cualquier cosa y nomás le tienes que dar tu ubicación y todo, te dan el dinero y si no pagas, van y te cobran con la violencia. Y radicamos eso, porque ellos mismos contratan a alguien de ahí que son golpeadores o que no tienen que hacer, y ellos son los que van y te dicen: ‘Oye, tienes que pagar; si no, va a pasar algo’, pero no tienen un respaldo del crimen organizado”, sustentó el procurador.
López Rodríguez adicionó que, hay registros de personas que sí han acudido a cobrar piso en comercios de La Paz y Los Cabos, pero que supuestamente no pertenecen a una organización criminal, sino que son acciones independientes.
Expuso que los ciudadanos tienen a disposición los canales anónimos de denuncia, esto para atender la problemática antes que les sea imposible contenerla.
“Sí tengo carpetas de extorsión, sí hay denuncias de extorsión, hay varias denuncias de extorsión, pero no en esa modalidad. Parece porque sí hay una que otra persona viva que aparece en el local y dice: ‘Oye, vengo a cobrar dinero’; sí hemos tenido esa situación, pero cuando vamos y lo radicamos no es alguien que tenga respaldo del crimen organizado, y ya lo eliminamos y ya lo vinculamos a proceso. Es una problemática que si existe, sí queremos atenderla, porque si inicia y no la controlamos, luego va a ser muy difícil erradicarla, cuando ya esté totalmente permeando”, finalizó el procurador.
