Mayor coordinación, acercamiento y gestiones para agilizar el cruce de donativos de Estados Unidos a México, es lo que le piden las organizaciones civiles y albergues al nuevo delegado de migración en Baja California, Carlos Gerardo Ruiz Ruiz, que desde el 17 de febrero está al frente de la delegación estatal del Instituto Nacional de Migración (INM).
Mientras que Raúl Ochoa, director de la Casa del Migrante en Tijuana, apuesta por un mayor acercamiento y coordinación del INM con las organizaciones defensoras de derechos humanos en Baja California; el pastor Albert Rivera sí pidió consideraciones para importar alimentos y donativos de Estados Unidos, una ayuda puntual que les despresurizaría la crisis económica por la que atraviesan todos los albergues de ayuda a personas en situación de movilidad en la frontera.
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“Gracias a Dios todavía tenemos tres bancos de comida en Estados Unidos que todavía nos proporcionan donativos de comida para sostener todo. El problema viene en la cruzada. Nosotros teníamos unos 15 bancos de comida que podíamos ir en cualquier momento a recoger y ahora solo nos han quedado tres que sí nos brindan la comida, el problema es para cruzarlo. A ver si las autoridades nos pueden ayudar a nosotros, ya que es una asociación civil, es sin fines de lucro para poder sostener el albergue y somos cristianos, y somos una organización de fe, creemos en Dios”, expresó Rivera.
El pastor Rivera está al frente del albergue AGAPE en Loma Bonita, en la ciudad de Tijuana; enfatizó que la ayuda se ha complicado en la administración de Donald Trump. “El nuevo delegado le pedimos que nos ayude en esto. Estamos brindando ayuda y especialmente que estamos ayudando en un tema de migración. Y le estamos diciendo a los bancos de comida que los donativos es comida para los migrantes mismos que Estados Unidos está deportando y poderles ayudar de aquí a que puedan echar raíces acá y puedan reinstalarse”, insistió.
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Han sido los funcionarios del INM los que comunicaron del relevo de delegado a los activistas en Baja California; quienes esperan de acercamiento y comunicación institucional de una ruta política, social y hasta económica del apoyo a las organizaciones que por décadas han atendido a los migrantes, y que ahora atraviesan una severa crisis económica sin el apoyo de organizaciones de Estados Unidos y la distancia que han tomado los gobiernos mexicanos desde hace más de dos décadas para atender a la población que converge en Tijuana, ya sea desplazada de sus Estados en México y a los repatriados de la Unión Americana.
