El primer mes de 2026 fue marcado por una escalada de violencia que golpeó diversos puntos del territorio mexicano, dejando una estela de luto, desapariciones y un clima de inseguridad que parece desbordar los esfuerzos institucionales, sobre todo durante la última semana. El episodio más desgarrador de esta secuencia ocurrió el domingo 25 de enero en el municipio de Salamanca, Guanajuato, donde la tranquilidad de un evento deportivo se transformó en una carnicería humana que cobró la vida de 11 personas y dejó heridas por lo menos a otras 12. Además, diez ingenieros de una mina fueron privados de la libertad y dos diputados fueron baleados en Sinaloa. En tanto, en Michoacán y Jalisco se registraron emboscadas.
Fue la tarde del domingo, después de las 17:00 horas, cuando un comando de hombres fuertemente armados irrumpió en las canchas de futbol de la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca. En un momento en que familias y deportistas se encontraban reunidos para un partido, los agresores abrieron fuego de manera indiscriminada contra los presentes. El reporte oficial del gobierno municipal confirmó un saldo devastador: diez personas fallecieron de forma instantánea en el campo de juego, mientras que una undécima víctima perdió la vida mientras recibía atención médica en un centro hospitalario. Además de los fallecidos, 12 personas resultaron heridas.
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Las primeras investigaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal revelaron que al menos cinco de las víctimas mortales portaban uniformes tácticos, consistentes en camisas negras y pantalones beige tipo militar, y pertenecían a una empresa de seguridad privada vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que reforzó la hipótesis de que el objetivo del ataque era una célula rival que brindaba protección en la zona. La Fiscalía General de Guanajuato ha identificado como presuntos autores intelectuales y materiales a miembros de la célula “Los Marros” del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL).
Las líneas de investigación señalan la participación directa de Moisés Soto Bermúdez, quien opera bajo las órdenes de Mario Eleazar Lara Belman, alias el Negro, Camorro o el Gallo. Este segundo sujeto es considerado un objetivo prioritario para las autoridades, ya que cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado y se le vincula con una red de distribución de droga, secuestro y extorsión en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya.
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La respuesta institucional a este hecho fue de una presión absoluta para dar con los responsables de la masacre. Para el miércoles 28 de enero, el gobierno de Guanajuato aseguraba contar con “avances claros” en las líneas de investigación. No fue sino hasta el jueves 29 de enero cuando se confirmaron los primeros resultados tangibles: tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el multiasesinato. Las capturas, fruto de operativos coordinados en Villagrán, Juventino Rosas y Celaya, vinculan directamente a los sospechosos con el CSRL, organización que mantiene una disputa histórica por el control del territorio en la región, cuya principal actividad criminal es el robo de hidrocarburos.
Entre las víctimas confirmadas se encontraban Carlos Moreno, músico e integrante del grupo Reencuentro Norteño, originario de la comunidad de San José Temascatío; Bryan Gutiérrez, vecino de la misma comunidad; Alejandro Prieto, originario de San José de Mendoza y exelemento de Tránsito Municipal de Salamanca; Luis Fernando Vázquez Sosa y Luis Enrique Vázquez Sosa, jugadores activos de la Liga de Futbol de Valtierrilla; María del Carmen, de 21 años; y María Elena de la Cruz, de 26 años, quien era integrante de la seguridad privada que vigilaba el campo de futbol.
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CSRL VS. CJNG
El Cártel Santa Rosa de Lima es una organización criminal que nació en 2014 en la localidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán. Bajo el liderazgo inicial de David Rogel Figueroa, alias el Güero, y posteriormente de José Antonio Yépez Ortiz, alias el Marro, el grupo se especializó en el robo de combustible (huachicol), aprovechando la infraestructura de la refinería de Pemex en Salamanca. En octubre de 2017, el Marro declaró la guerra al CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, por el control de las rutas de narcotráfico y los ductos de combustible. Esta disputa ha convertido a Guanajuato en el estado más violento del país, cerrando el año 2025 con dos mil 539 homicidios dolosos.
Aunque el Marro fue capturado el 2 de agosto de 2020 y permanece recluido en el Cefereso número 14 en Durango, informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de diciembre de 2025 aseguran que continúa dirigiendo actividades criminales desde prisión, por lo que es uno de los siguientes candidatos a ser extraditado por la vía legal o la entrega masiva de objetivos norteamericanos. El gobierno estadounidense sancionó recientemente al CSRL por socavar a empresas petroleras y privar al gobierno mexicano de ingresos críticos mediante el mercado negro de energía transfronterizo.
Para sostener su guerra contra el CJNG, el CSRL ha recurrido a estrategias extremas, como el reclutamiento de exmilitares y paramilitares colombianos, y ha forjado alianzas con los cárteles del Golfo y de Sinaloa. Además del huachicol, el grupo diversificó sus operaciones hacia el narcomenudeo, el cobro de piso, el secuestro y la extorsión sistemática, utilizando notas intimidantes para someter a comerciantes en Celaya, Salamanca, Irapuato, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande.
La masacre en el campo de fútbol de Loma de Flores es el capítulo más reciente de una larga cronología de horror en la región. Entre los hechos violentos que han marcado a Salamanca y sus alrededores, se recuerdan: Un ataque armado el 18 de diciembre de 2023 durante una fiesta en la ex hacienda de San José del Carmen, en Salvatierra, que dejó 12 jóvenes muertos. Simultáneamente, en Salamanca, cuatro hombres fueron ejecutados en una barbería. Y el 1 de octubre de 2024, un grupo armado embistió el portón de un anexo en la colonia El Rosario, Salamanca, matando a cuatro jóvenes.
El 2 de octubre de 2024 se registró otro ataque en un anexo de Salamanca que dejó cinco muertos y cuatro lesionados; dos días después, en menos de una hora, 12 personas (ocho hombres y cuatro mujeres) fueron ejecutadas en cinco puntos distintos de Salamanca. Se localizaron lonas atribuidas al CSRL. El 24 de junio de 2025 ocurrió una masacre en una fiesta patronal en Irapuato, que dejó 12 muertos y 20 heridos, atribuida también a la pugna CSRL-CJNG; y el 18 de agosto siguiente, autoridades hallaron tres cuerpos, dos de ellos envueltos en plástico y uno desmembrado, en la entrada del fraccionamiento Villa Salamanca.
Para el 17 de diciembre de 2025, las autoridades federales y estatales anunciaron la detención de 11 presuntos extorsionadores del CSRL que operaban en el corredor industrial de Guanajuato. Recientemente, el 14 de enero de 2026, hombres armados plagiaron a una empleada de un puesto de tacos al vapor en Salamanca, frente a comensales y estudiantes. Y el 24 de enero, un día antes de la masacre del campo de fútbol, cinco personas fueron asesinadas en la comunidad de Cuatro de Altamira y una más en San Vicente de Flores.
El alcalde de Salamanca, Julio César Ernesto Prieto Gallardo, reconoce que el municipio atraviesa una “grave descomposición social” y solicitó el refuerzo permanente de las fuerzas federales para evitar que los grupos criminales sometan a la autoridad. Mientras tanto, la población de Salamanca vive bajo la sombra de una guerra que parece no tener fin, alimentada por el control de una de las refinerías más grandes del país.
LAS OTRAS GUERRAS
Aunque la masacre de Salamanca atrajo los reflectores nacionales, la violencia ya se gestaba días antes en el norte del país. El 23 de enero, en el municipio de Concordia, Sinaloa, se registró un evento que ha puesto en alerta máxima al sector extractivo: la privación ilegal de la libertad de diez trabajadores mineros. Según los reportes de los familiares y de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, un grupo armado irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, donde se hospedaba el personal vinculado a la empresa canadiense Vizsla Silver Corp.
Entre las víctimas se encuentran ingenieros originarios de Sonora, principalmente de Hermosillo. A pesar de que los hechos ocurrieron el viernes 23, la alarma pública y la confirmación de las carpetas de investigación por parte de las autoridades se consolidaron hacia el miércoles 28 y jueves 29 de enero. La región de Concordia, afectada históricamente por la presencia de grupos criminales, se encuentra hoy bajo la sombra de la incertidumbre mientras se agilizan las acciones para localizar a los ingenieros con vida. Aunque las fuentes no mencionan explícitamente al Cártel de Sinaloa como autor de estos secuestros, es importante recordar que esta región es identificada históricamente como zona de influencia de dicha organización y sus diversas facciones en pugna.
Por si eso no bastara, la tarde del miércoles 28 de enero, la capital de Sinaloa fue escenario de un nuevo hecho de violencia, esta vez dirigido contra figuras políticas. En el malecón de Culiacán, una zona de gran afluencia, se registró un ataque armado contra diputados del partido Movimiento Ciudadano. En el sitio se encontraban heridos de bala, Sergio Torres Félix, exalcalde de esa ciudad y exdirigente de su partido, así como la diputada local Elizabeth Montoya. Aunque tras las detonaciones se desplegó un operativo de seguridad y se acordonó el área, hasta el jueves 29 la Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantenía un hermetismo notable, sin emitir información oficial confirmada sobre el estado de salud de los involucrados ni reportar detenciones inmediatas.
Un día antes, la retahíla de sucesos criminales marcaba la agenda con dos nuevos atentados de alto impacto en el occidente del país. En Michoacán, específicamente en la localidad de Palos Marías, municipio de Coahuayana, una célula de aproximadamente 30 sujetos fuertemente armados pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) perpetró una emboscada contra elementos de la Policía Comunitaria. Lo más alarmante fue que ocurrió a escasos metros de una base militar. Según los reportes, los policías comunitarios repelieron la agresión por su cuenta, denunciando que el Ejército Mexicano les negó el apoyo necesario para contener a la organización criminal. Este evento subraya la compleja dinámica de seguridad en las zonas colindantes entre Michoacán y Colima, donde el CJNG busca expandir su dominio territorial frente a grupos locales.
Casi de forma simultánea, en la zona metropolitana de Guadalajara, se desataba una balacera que tenía como objetivo al abogado fiscalista y empresario Marco Wilfrido Radilla Rosales. El ataque ocurrió afuera de un negocio en la colonia Jardines del Tepeyac, en Zapopan, sobre la avenida Guadalupe. El saldo de este enfrentamiento fue de dos personas muertas: uno de los escoltas del abogado, quien murió repeliendo la agresión, y uno de los presuntos atacantes, quien falleció en la Cruz Verde Norte.
Las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco, encabezadas por su titular, Salvador González de los Santos, revelan detalles inquietantes sobre los agresores. Se confirmó que los sujetos se trasladaron desde el municipio de Tala con el objetivo específico de asesinar al abogado. Uno de los agresores lesionado, que inicialmente intentó ocultar su identidad cambiándose el nombre, contaba con una orden de aprehensión vigente por desaparición forzada de dos personas -padre e hijo- ocurrida en 2024. Al cierre del reporte del jueves 29, las autoridades buscaban a un cuarto implicado que logró escapar en una camioneta, cuya ruta está siendo analizada a través de las cámaras del C5 Jalisco. El abogado Radilla Rosales se reporta estable y en evolución favorable.
CONTEXTO CRIMINAL
La suma de estos hechos dibuja un mapa de guerra entre organizaciones criminales que utilizan distintas tácticas para someter a las regiones. En Guanajuato, la masacre de Salamanca y la posterior detención de integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima confirman que la organización fundada por El Marro sigue operativa y con capacidad de fuego letal contra la población civil. La pugna entre el CSRL y el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control del huachicol y el narcomenudeo sigue siendo el motor de la violencia en el Bajío.
Por otro lado, la actividad del CJNG en Michoacán, demostrada en la emboscada de Coahuayana, revela una estrategia de confrontación directa no sólo contra grupos antagónicos, sino contra las estructuras de seguridad comunitaria, incluso en presencia de fuerzas federales.
Finalmente, en Sinaloa, la desaparición de los 10 ingenieros mineros y el ataque a políticos sugieren una descomposición del orden interno en el bastión del Pacífico, donde las facciones criminales —que el contexto histórico identifica con el Cártel de Sinaloa— han intensificado sus tácticas de control territorial y económico, afectando incluso a empresas internacionales como Vizsla Silver.
Entre el horror de Salamanca y la incertidumbre de Concordia, el mes de enero de 2026 cierra con una sociedad mexicana que observa cómo las estructuras del crimen organizado desafían al Estado en múltiples frentes, dejando claro que la justicia y la paz siguen siendo asignaturas pendientes y urgentes en la agenda nacional. Eso, independientemente de los hechos violentos en esta frontera del Noroeste, donde la madrugada del jueves 29 fue localizado un vehículo envuelto en llamas en la colonia El Pípila, con al menos cuatro cadáveres en su interior.
