La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el 5 de febrero de 2026 al general de División de Estado Mayor Guillermo Briceño Lobera como nuevo comandante de la Guardia Nacional, en sustitución del general Hernán Cortés Hernández, durante su conferencia de prensa matutina realizada en Morelia, Michoacán. El relevo se inscribió en una reestructuración de mandos en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en la que Cortés Hernández fue reasignado a la Oficialía Mayor de dicha dependencia, con el objetivo de reforzar la coordinación operativa y administrativa en la estrategia federal de seguridad pública.
En la exposición pública del nombramiento, la mandataria nacional subrayó que el cambio de mando buscaba fortalecer a la Guardia Nacional como pieza central de la política de seguridad del Gobierno Federal, corporación que opera bajo el mando de la SEDENA a partir de las reformas legales y constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión entre 2024 y 2025 para consolidar su carácter permanente y transexenal. Dichas reformas redefinieron la estructura orgánica de la Guardia Nacional, permitieron homologar los grados de su personal con los del Ejército, ampliaron sus facultades en materia de investigación de delitos bajo conducción del Ministerio Público e incorporaron sus tareas al sistema de seguridad pública y de inteligencia del Estado mexicano.
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Briceño Lobera llegó a la comandancia de la Guardia Nacional después de ocupar la titularidad de la Tercera Región Militar, con jurisdicción en Sinaloa y Durango, cargo al que había sido asignado en octubre de 2024 como parte del proceso de fortalecimiento regional de las Fuerzas Armadas durante el actual sexenio. El nuevo mando es egresado del Heroico Colegio Militar, cuenta con formación de Estado Mayor y con una maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional, además de más de cuatro décadas de trayectoria castrense en mandos operativos y responsabilidades administrativas dentro del Ejército Mexicano.
En su carrera previa, Briceño Lobera se desempeñó como comandante de la Tercera Región Militar, comandante de la 16 Zona Militar en Guanajuato y del 40 Batallón de Infantería en Guerrero, además de fungir como subjefe operativo del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y como jefe o directivo en áreas de educación y formación militar, incluyendo la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. También participó en la organización de la Guardia Nacional desde su creación, lo que, según su perfil castrense, le otorga experiencia directa en el diseño y despliegue de la corporación que actualmente cuenta con más de 140 mil elementos desplegados en todo el territorio nacional, conforme a datos oficiales incluidos en las reformas recientes sobre su operación.
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Al anunciar el relevo, la presidenta de la República enmarcó el movimiento en la continuidad de la estrategia de seguridad basada en la consolidación de la Guardia Nacional como cuerpo de seguridad pública de carácter permanente e integrado por personal de origen militar con formación policial, dependiente orgánicamente de la SEDENA. La Administración encabezada por Sheinbaum Pardo ha defendido que dicha adscripción no implica la militarización de la seguridad pública, al sostener que la conducción de la política en la materia corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de los órganos civiles competentes, en coordinación con la Guardia Nacional, la SEDENA y la Secretaría de Marina.
La designación de Briceño Lobera ocurre en un contexto en el que el Congreso de la Unión aprobó una nueva Ley de la Guardia Nacional y diversas reformas a ordenamientos militares para formalizar el traslado del mando operativo y administrativo de la corporación a la SEDENA, así como para facultar al Senado de la República a ratificar los nombramientos de los mandos superiores propuestos por la titular del Poder Ejecutivo Federal. Estas modificaciones han sido cuestionadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que han advertido sobre los riesgos de ampliar las facultades castrenses en tareas de seguridad pública y han insistido en la necesidad de asegurar el carácter civil de la corporación, mientras que el Gobierno Federal sostiene que el modelo vigente garantiza disciplina, continuidad institucional y respeto a los derechos humanos en las labores de seguridad.
Cambios y mas cambios, personas van y vienen. los resultados los mismos, CERO.