En total, de 2018 a la fecha, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), ha emitido nueve recomendaciones por tortura a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana (SSPCM), de ellas destacan cuatro por ser tortura sexual. Sin embargo, sólo tres han sido cumplimentadas al 100 por ciento.
En la recomendación 2/2018, una persona fue atacada en su domicilio por seis agentes municipales, los cuales la golpearon repetidamente aplicándole métodos de asfixia; la 4/2018 describe que dos agentes ministeriales fueron torturados sexualmente con descargas eléctricas en los genitales luego de haber interceptado a una mujer con su hija de tres años, a la cual bajaron de su vehículo para pedirle dinero en efectivo, a cambio de no “empapelarla” por un supuesto reporte que tenían en su contra por venta de droga.
Publicidad
La 2/2021 señala que la víctima fue golpeada por al menos 10 elementos municipales por un lapso aproximado de entre 15 y 20 minutos dentro de una caseta de la policía en la Zona Centro, golpiza que le ocasionó una fisura en un diente así como múltiples excoriaciones en el cuello, pectorales, axila, hombro, codos, muslos, rodillas y el resto del cuerpo; ello sin que los agentes le explicaran el motivo de su detención.
La recomendación 8/2023 se emitió por la tortura sexual ejercida contra un hombre de 33 años por elementos de la Policía Municipal, cuando este se encontraba a bordo de la patrulla en un lugar despoblado de la ciudad, y uno de los oficiales le provocó lesiones con un objeto punzocortante en la espalda y zona lumbar, para, posteriormente, introducirle el mismo objeto en el ano.
Publicidad
Por el mismo motivo se expidió la recomendación 9/2023, en la que mientras se encontraba trabajando en un café internet, un hombre fue sometido por policías municipales para ser interrogado sobre una supuesta venta de drogas en el lugar; pero al no tener respuesta, un oficial tomó un tubo PVC y lo golpeó repetidamente en las costillas.
Después el agente le ordenó bajarse los pantalones y le introdujo el palo de una escoba en el ano tres veces. La víctima ingresó al Hospital General de Tijuana, donde fue sometido a una cirugía por fístula anal y absceso perianal. Un día después, intentó suicidarse lanzándose de la ventana de su habitación, pero fue auxiliado por personal médico. Sin embargo, más tarde falleció por una fascitis necrotizante más isquemia de colon descendente, consecuencia de la tortura sufrida.
Publicidad
En la recomendación 2/2024 se describe que un hombre en compañía de un amigo fue interceptado por dos oficiales municipales a bordo de la unidad BC-812A-1, por lo que al verla, la víctima reaccionó corriendo, pero finalmente fue alcanzada y golpeada en todo el cuerpo a puñetazos y patadas, para luego ser torturado por uno de los agentes con una pistola de postas, recibiendo 21 detonaciones.
La 5/2024 trata sobre la tortura ejercida contra un ciudadano, quien el 19 de septiembre de 2020, mientras se encontraba en compañía de su novia y sus amigos, fue abordado por cuatro elementos de la Policía Municipal de manera agresiva, los cuales los esposaron y trasladaron a un lote baldío en la parte posterior del Motel Luna Park, ubicado sobre bulevar Díaz Ordaz, donde lo golpearon repetidamente.
Supuestamente el motivo de la detención fue por tener la cartera de uno de los oficiales que previamente, ese mismo día, lo había detenido. Sin embargo, la víctima fue trasladada al Ministerio Público por narcomenudeo.
La recomendación 13/2024 se emitió por la tortura perpetrada contra una mujer trans, quien el 6 de septiembre de 2019 fue detenida en el bulevar Cuauhtémoc Sur Poniente, esquina con bulevar Agua Caliente, siendo trasladada a la delegación Centro, tras solicitar apoyo por ser agredida por un comerciante.
Uno de los oficiales no respetó su identidad de género negándose a llamarla por su nombre, pues manifestó que no quería “ese nombre de puto sino su nombre real”. La víctima fue presentada ante el juez municipal, a quien le hizo mención que ella era la afectada; pero fue ignorada e ingresada a una celda, a la que posteriormente un oficial ingresó para golpearla en brazos, piernas, espalda y cabeza con su tolete, provocándole una fractura en los dos antebrazos.
Finalmente, la recomendación más reciente (4/2025), se difundió porque un hombre de 31 años fue detenido el 11 de febrero de 2016, tras intentar ingresar a una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Postal, donde fue amenazado por un sujeto armado que lo despojó de sus pertenencias y lo obligó a cargar una máquina tragamonedas de la tienda a una camioneta, para luego escapar.
La víctima avisó a la Policía Municipal, pero uno de los agentes lo inmovilizó y golpeó el rostro junto a su compañero por ser el supuesto ladrón. Uno de los policías le puso su rodilla en el cuello y le sujetó los testículos, donde después lo pateó bajo amenaza de que si no guardaba silencio y se responsabilizaba de haber cometido el delito, seguiría haciéndolo.
El hombre fue detenido por robo con violencia y portación de arma de fuego sin licencia, trasladado a la Delegación Mesa de Otay y fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR). El día 13 del mismo mes, fue ingresado al Cereso de Tijuana y el día 20 se emitió su auto de libertad por falta de elementos para procesarlo.
Falta de cumplimiento, sanciones y legislación
De las nueve recomendaciones por tortura emitidas por la CEDHBC, sólo la 8/2023, 9/2023 y la 2/2024 han sido cumplimentadas en su totalidad; el resto presenta nulos o pocos avances: la 2/2018 tiene 12 por ciento de avance, la 4/2018 57 por ciento, la 2/2021 43 por ciento, la 5/2024 50 por ciento, la 13/2024 37 por ciento y la 4/2025 cero.
En este sentido, el comisionado estatal de Derechos Humanos, Jorge Ochoa Orduño, reconoció que el gran reto es precisamente el cumplimiento de las recomendaciones, para prevenir que se sigan dando este tipo de casos, lo que achacó a que debe haber voluntad.
“La persona servidora pública, en este caso el secretario (de Seguridad), el alcalde (Ismael Burgueño), deben ponerle atención”, expresó el ombudsperson.
Ochoa Orduño precisó que debe trabajarse una nueva estrategia en la Comisión Interdisciplinaria de la Secretaría de Seguridad, pues la CEDHBC se ha percatado que a pesar de que Sindicatura sí lleva a cabo las investigaciones de las denuncias, una vez que pasan a dicha área los asuntos ya no son atendidos y por lo tanto no se aplican sanciones a los policías.
Pero sobre todo, el comisionado hizo hincapié en la necesidad de una reforma constitucional con la que se le atribuya a las comisiones de derechos humanos la capacidad de sancionar, tal y como hacía el ITAIP, aunque destacó que estas no serían vinculatorias.
Lo anterior en virtud de que actualmente la CEDHBC no puede sancionar a una autoridad para obligarla a cumplir una recomendación, lo más que puede hacer es dar vista al Congreso de Baja California para que comparezca, algo que a la fecha no se ha hecho.
