La audiencia de formulación de imputación contra el exsecretario de Bienestar de Tijuana Erik Morales Elvira, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual, se volvió a reprogramar. El siguiente acto procesal habrá de tener lugar el 27 de febrero de 2026.
Luego de que el 10 de diciembre de 2025 Erik “Terrible” Morales y su defensa privada no se presentaran en la Sala en que se llevaría a cabo la audiencia inicial, esta se reprogramó para el día de hoy, viernes 6 de febrero, fecha en la que el exboxeador profesional sí se presentó, al igual que tres integrantes de su equipo legal.
Sin embargo, la juez de control determinó volver a agendar.
Desde un primer momento, durante la comparecencia del exfuncionario municipal, su defensa, integrada por Alejandro Reyna, Jarem Madrigal y Elías Flores Gallegos, señaló que había una causal de improcedencia en razón de que la fiscal Estefanía Mejía estaba a cargo de otro expediente abierto contra el exfuncionario municipal (por “hostigamiento sexual”).
“La misma fiscal que está integrando la carpeta tiene conocimiento de la carpeta de 2024”, manifestó Alejandro Reyna y agregó: “la funcionaría ha desempeñado su función con parcialidad”.
Recalcó que el 3 de febrero se presentó denuncia contra la agente del Ministerio Público por la probable comisión de abuso de autoridad y delitos contra la justicia.
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La juez estableció que en todo caso la denuncia debió haberse presentado con antelación al procedimiento.
La defensa privada además mencionó que se le solicitó a la Fiscalía General del Estado “registro de batería de prueba” relativo al examen de psicología forense practicado a la denunciante de Morales, exempleada del Ayuntamiento de Tijuana en cuyo caso procedió contra el ex pugilista en 2025.
La solicitud se había hecho en un afán de que un perito (de apellidos Soto Gálvez) analizara la entrevista psicológica.
“El perito necesitaba verificar. Al perito no se le permitió acceder a la carpeta de investigación”, alegó Alejandro Reyna.
La representación de la fiscalía sostuvo que el perito no había protestado al cargo de tal suerte que estaba impedido de tener acceso al expediente.
La defensa también acusó que apenas el día de ayer le corrieron datos de la investigación.
Con base en tales argumentos, la defensa de “Terrible” Morales solicitó que la audiencia se reprogramara. Inicialmente, la jueza se negó.
Explicó que de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales los actos de investigación son estrictamente reservados a las partes y dijo que si la Fiscalía no le permitió el acceso al perito la solicitud correspondiente debió correr a cargo de la defensa.
Sostuvo que los abogados privados conocían con antelación a la audiencia los actos de investigación.
“La audiencia inicial forma parte de una etapa de investigación. Al día de hoy no estamos en un juicio. La investigación no se paraliza. Entonces no advierto que haya habido un ocultamiento (de indicios)”, manifestó.
“Determino que no ha habido ocultamiento de los registros en la carpeta”, expuso y afirmó: “se dan las condiciones para que desahoguemos la audiencia inicial”, asentó.
La defensa reviró: “Consideramos que la resolución no ha sido exhaustiva”.
Uno de los abogados privados consignó: “Si se permite que se celebre la presente audiencia se estarían violentando derechos fundamentales de nuestro representado”.
Una vez expuestos los argumentos de la defensa privada la juez de control preguntó a Morales Elvira si era su deseo aportar el total de elementos con que pudiera defenderse en una sola audiencia, ante la posibilidad de ser vinculado a proceso.

“Nosotros sí deseamos que en el mismo día podamos exponer todo lo que tengamos, para proceder a una decisión adecuada”, respondió el exfuncionario municipal, quien en julio de 2025, encontrándose al frente de la Secretaría de Bienestar la denunciante (entonces empleada de gobierno) procedió ante la FGE por la presunta responsabilidad de Morales en el delito de abuso sexual.
La juez de control afirmó que su determinación de no diferir la audiencia se había sustentado en la perspectiva de que no iba a haber un desequilibrio entre las partes.
A propósito de la decisión de Morales Elvira de que se resolviera todo en una sola audiencia observó: “esta postura viene a colisionar esta postura que tengo. Si se resuelve hoy se generaría desequilibrio”.
En ese tenor remarcó: “determino revocar mi decisión de no reprogramar en tutela del derecho fundamental de no generar desequilibrio”.
Una vez fijada la fecha de la próxima audiencia, las agentes del MP accedieron a que el perito se presente el lunes 9 de febrero para que rinda protesta y pueda tener acceso al expediente.
También accedieron a proporcionar copias de baterías a las que según expuso la defensa privada no había tenido acceso.
Elías Flores refirió a ZETA que la fiscalía le había estado obstaculizando a los abogados privados el acceso a la carpeta de investigación. “Nosotros lo que queremos es estar en condiciones parejas para poder defendernos”, mencionó.
Sostuvo que con más pruebas solicitadas el día de hoy la defensa estará en posibilidad de “acreditar fehaciente y rotundamente la inocencia” del ex pugilista.
En esa audiencia habrá de determinarse si a Morales Elvira se le vincula o no a proceso.
Alejandro Reyna a su vez señaló con motivo del otro expediente a cargo de la fiscal Mejía, que la denunciante tenía un año para presentar el recurso correspondiente y que por hechos suscitados en 2013 procedió ante la FGE hasta 2024. Es notoriamente improcedente que continúe abierta la carpeta”, aseveró.
A diferencia de la vez anterior, este viernes la denunciante, identificada con las iniciales MHC, no se presentó en la sede de los juzgados penales del Poder Judicial del Estado. Su asesor legal, Sergio Enrique González Ibarra, le hizo saber a la juez que “había dicho que sí iba a comparecer”.
Al igual que en la anterior ocasión, el padre de la denunciante se presentó en la Sala de audiencias.
La juez de control puso al tanto a “Terrible Morales” que en caso de que él no asista a la próxima audiencia y no medie justificante se recurrirá a la fuerza pública o se girará orden de aprehensión.





