El sistema judicial mexicano es enorme, complejo y cada vez más demandado, pero sus recursos crecen a un ritmo mucho menor que los conflictos que debe resolver. Esa es la principal conclusión que se desprende del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2025, elaborado por el INEGI, un diagnóstico basado en datos duros sobre el funcionamiento real de los tribunales del país.
A diferencia de las encuestas de percepción, este estudio no mide opiniones, sino realidades: cuántos tribunales existen, cuántas personas trabajan en ellos, cuánto dinero reciben y cuántos casos atienden. El resultado es una radiografía precisa de un sistema que, aunque ha avanzado en cobertura institucional, enfrenta tensiones estructurales que afectan su eficacia.
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Un sistema enorme sostenido por juzgados de base
En 2024, el Poder Judicial de la Federación estuvo integrado por 1,512 órganos, mientras que los poderes judiciales estatales contaron con 5,470. La mayoría son órganos jurisdiccionales, es decir, tribunales encargados directamente de resolver casos.
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Un dato clave es que la gran mayoría corresponde a órganos de primera instancia. Esto significa que el sistema judicial mexicano se sostiene principalmente en juzgados de base, aquellos que tienen contacto directo con la ciudadanía y concentran la mayor carga de trabajo.
La estructura revela una característica central: mientras los tribunales superiores resuelven asuntos complejos, la presión cotidiana recae en los juzgados que reciben y tramitan miles de casos cada año.
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Persistencia del modelo escrito
El censo también muestra que la transición hacia sistemas orales sigue siendo desigual. En los tribunales estatales, la materia civil continúa siendo la más extendida, seguida de la penal y la mercantil.
Lo relevante es que en materias civiles y familiares el modelo escrito aún predomina, pese a las reformas procesales que buscaban impulsar la oralidad. Esto sugiere que el cambio no ha sido uniforme y que, en muchos estados, la modernización judicial sigue incompleta.
Más personal, pero con desigualdad en los puestos de poder
El sistema judicial mexicano empleó en 2024 a 130,704 personas servidoras públicas, con un crecimiento anual mínimo. Las mujeres representan el 55.5 % del personal, lo que refleja una presencia femenina mayoritaria en términos globales.
Sin embargo, esa paridad desaparece en los niveles de decisión. Solo 23.6 % de las magistraturas federales están ocupadas por mujeres, y menos del 40 % de las personas juzgadoras pertenecen al género femenino.
El dato confirma que la igualdad en la justicia no depende solo del acceso al empleo, sino de la posibilidad real de ascenso dentro de la carrera judicial.
Presupuesto limitado frente a una demanda creciente
El presupuesto conjunto del Poder Judicial federal y los estatales fue en 2024 de 134.9 mil millones de pesos. Sin embargo, ajustado por inflación, el crecimiento real fue apenas del 1 % respecto del año anterior.
Este aumento marginal contrasta con el incremento sostenido en la cantidad de asuntos que deben atender los tribunales. En términos prácticos, el sistema judicial enfrenta cada vez más casos con prácticamente los mismos recursos.
Esta brecha se traduce en tiempos de resolución más largos, mayores cargas laborales para el personal y una capacidad limitada para innovar o modernizar procesos.
La Suprema Corte: menos casos, pero más complejos
Durante 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió 16,370 asuntos y resolvió casi 14 mil. Aunque el número de casos disminuyó respecto al año anterior, su complejidad sigue siendo elevada.
El amparo directo en revisión continúa concentrando la mayor parte de los asuntos. Esto confirma el papel de la Corte como tribunal constitucional de cierre, encargado de resolver cuestiones jurídicas de alta relevancia más que conflictos ordinarios.
El Tribunal Electoral, desbordado por el ciclo electoral
El Tribunal Electoral registró en 2024 un fenómeno excepcional: más de 40 mil asuntos ingresados, un incremento superior al 400 % respecto del año anterior.
Este aumento se explica por la intensidad del proceso electoral, pero también evidencia la fragilidad estructural del sistema judicial ante picos de litigiosidad política.
El cuello de botella: los juzgados de distrito
Los órganos del Consejo de la Judicatura Federal atendieron cerca de dos millones de asuntos en 2024. Más del 75 %ingresaron a los juzgados de distrito, lo que confirma que estos tribunales constituyen el principal cuello de botella del sistema federal.
El crecimiento del amparo indirecto y de los litigios administrativos refleja una expansión del uso del sistema judicial como mecanismo ordinario de control del poder público.
Justicia local: millones de casos y rezago estructural
En los tribunales estatales se registraron más de 2.2 millones de asuntos ingresados y 1.4 millones concluidos. La diferencia evidencia un rezago acumulado, especialmente en primera instancia.
Las materias penal y familiar concentran buena parte de la carga, lo que impacta directamente en derechos fundamentales como la libertad personal, la seguridad y la protección de la niñez.
Un sistema en tensión permanente
El diagnóstico es claro: el sistema judicial mexicano no está colapsado, pero sí opera bajo una presión constante.
La combinación de tres factores explica esta situación:
- crecimiento sostenido de la demanda de justicia,
- limitaciones presupuestales,
- y una transición procesal aún incompleta.
El resultado es un modelo que funciona más en lógica de contención que de resolución eficiente de conflictos.
Una reforma basada en evidencia
El censo deja una conclusión inevitable: la crisis de la justicia en México no es solo normativa ni discursiva, sino estructural y operativa.
Sin una política integral que fortalezca el presupuesto, profesionalice la carrera judicial, simplifique procedimientos y reorganice la estructura institucional, los tribunales seguirán enfrentando rezagos crecientes.
Los datos muestran que el sistema judicial mexicano tiene cobertura amplia y capacidad institucional significativa. Pero también evidencian que la demanda social de justicia crece mucho más rápido que su capacidad para responder.
Y en esa brecha, advierten los especialistas, se juega la credibilidad misma del Estado de derecho.
Miguel Carbonell es abogado. Dirige el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC y es autor de más de 90 libros sobre temas jurídicos.
