La deuda por 2,960 millones de pesos que estaría contratando la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, para hacer obras complementarias para las desaladoras de Rosarito y San Quintín, tendrá un impacto financiero de 9,778 millones de pesos durante los próximos 30 años, según la Auditoría Superior del Estado.
El 4 de febrero de 2025, diputados de Morena y partidos afines aprobaron el Dictamen 127 en la Comisión de Hacienda, con el que se autoriza al Ejecutivo contratar la deuda comprometiendo la recaudación del impuesto a la nómina.
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Del monto de la deuda, se destinarán 2,686 mdp para las obras complementarias de la desaladora de Rosarito y 270 mdp para las de la desaladora de San Quintín. No obstante, las obras complementarias costarán en total 5,159 millones de pesos (Rosarito, 4,886 mdp y San Quintín, 273 mdp), por lo que también se echará mano de otros recursos.
La diputada del PAN, Santa Alejandrina Corral Quintero, pidió que el gobierno se comprometa a no subir la tarifa del agua, “porque desde que llegó Morena se incrementó” y criticó que se haya reservado el contrato sobre la instalación de las cámaras en el estado que derivó de un endeudamiento de 1,157 mdp, aprobado también por el Congreso.
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El diputado de Morena, Juan Manuel Molina García, refirió la sequía que aqueja a la pesa Hoover en Estados Unidos y la necesidad para dotar de agua la Zona Costa para justificar el endeudamiento. Aunque reconoció que la población pagará el endeudamiento al ser una parte del Estado, aseguró que el incremento de tarifa (ocurrido por la deuda del Bono Verde) se limitó a los 15 metros de consumo, con lo que cerca del 70% de los consumidores no sufrieron impacto.
