Trece policías en retiro están molestos porque el Gobierno del Estado cambió su esquema de jubilación humanitaria que les impacta económicamente en su percepción de más de 30 por ciento menos de aguinaldo y al menos 15 por ciento en su cobro mensual. Fue un ajuste que se acordó entre las organizaciones de policías en Baja California con Oficialía Mayor y que ahora administra la Secretaría de Hacienda Estatal, que dicen los agentes nunca autorizaron y que pelearán legalmente para que se les respete sus derechos que firmaron en el convenio.
Durante el bienio de Jaime Bonilla Valdéz en diciembre del 2020, se autorizó el convenio de una jubilación adelantada o humanitaria para los agentes lesionados o incapacitados para laborar de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), los que calificaron fueron los lesionados, enfermos o discapacitados a consecuencia de su trabajo en seguridad.
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Durante el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, funcionó mediante pagos directos en bruto equivalentes a sus sueldos, más un mes adicional conocido como mes trece como aguinaldo. Pero paulatinamente cambiaron las circunstancias y desde 2025 todos los agentes jubilados de las diez corporaciones en Baja California están bajo la administración del Fideicomiso.
“Efectivamente ahora en diciembre sí hubo una discrepancia, porque te digo, esto es relativamente nuevo lo del Fideicomiso (operativamente hablando), pero el fideicomiso pagó 30 días de Aguinaldo y nosotros Oficialía Mayor cubrimos esos 10 días que habían hecho falta porque no se había considerado en el fideicomiso; pero al final de cuentas todos tuvieron su pago como como se había planteado desde un principio”, precisó Alejandra Balcázar Green, directora de Recursos Humanos de Oficialía Mayor.
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Según explicó Alejandro Monreal Noriega, director de seguridad pública en Ensenada y presidente de la Federación Policial de Baja California. “Yo no puedo firmar por una persona y sabes que yo no quiero emigrar ahí, o sea, ellos siguieron en el sistema de manera natural. Pueden llegar, rechazar y salirse. No están obligados, pero se quedarían sin las prestaciones que maneja el Fideicomiso. Estarían ellos deslindándose de estas prestaciones”, afirmo.
Los agentes mostraron a ZETA sus talones, en los que sus cobros mensuales eran superiores a los 20 mil pesos y ahora son de 19 mil; el aguinaldo era de 24 mil y ahora menos de 19mil.
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Los trece agentes que se inconformaron en ZETA explican que demandarán y lucharán por sus derechos prometidos por los gobiernos de Morena. Cuestionan que parte de los beneficios sea la derechohabiencia al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), que se encuentra en una crisis económica que le impide dar atención médica, cirugías y cobertura a los agentes y sus familias.
“Te comenté que había 180 convenios humanitarios, entre esos estaban ellos, porque era la única figura que tenían para no tenerlos trabajando lesionados. Entonces, vete con este convenio a tu casa, recibe tu salario como si estuvieras trabajando y tienes tus derechos como activo. Salarios y aguinaldos, y lo que conlleva; que nada más era eso. Entonces, se iban, pero ese convenio no les amparaba si fallecía, no les amparaban la pensión a la familia. Entonces, así estaban 180 familias antes del 2022. Entre ellos esos 13. Porque no existía el fideicomiso”, dijo Monreal Noriega.
Los agentes se sienten traicionados, pues en Oficialía Mayor no han sido claros sobre el cambio de esquema de su jubilación sin un documento de autorización, que pasó de un monto bruto a uno neto que implica un impacto significativo para su economía familiar.
