Si no vigilan que funcionarios municipales cumplan con todos los procedimientos administrativos contemplados por la ley, los síndicos también pueden ser desaforados y denunciados
La figura del síndico o sindica municipal, fue creada con la finalidad de cuidar los intereses de la ciudadanía al interior de los ayuntamientos. Tienen la responsabilidad de vigilar que el actuar ético de los funcionarios municipales; fiscalizar que los recursos de erario se inviertan de acuerdo a las leyes; y supervisar que los presupuestos establecidos se gasten conforme a lo aprobados.
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Su principal obligación es ser eficiente en descubrir y revelar a aquellos servidores públicos que utilicen recursos del estado de manera contraria a la Ley, los desvíen o se los apropien; los que abusen de su autoridad y amenacen usando su cargo; los que se coaliguen para cometer delitos y entorpezcan intencionalmente los procesos administrativos; los que entreguen contratos a sus allegados o aprovechen su acceso a información privilegiada.
Están facultados para inspeccionar, impedir, sancionar y, en su caso, denunciar ante las procuradurías, a los empleados municipales, a todos, desde el trabajador con menor sueldo, hasta los regidores y alcaldes titulares, que cometan delitos. Así como detectar, y corregir y sancionar, a los que, con faltas menores, también afectan la administración.
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Con todas esas atribuciones, y la obligación permanente de garantizar la transparencia, los síndicos de los siete municipios bajacalifornianos les están quedando a deber los ciudadanos.
Poco o nada han hecho estos funcionarios en la supervisión de las cuentas públicas y de los funcionarios de los ayuntamientos bajo su responsabilidad; en Mexicali, Óscar Vega; en Tijuana, Teresita Balderas; en Ensenada, Elí Oviedo; en Tecate, Sarahí Osuna; en Rosarito, Ricardo Bejarano; en San Quintín, Pablo Guerrero; y Esperanza Valverde, en San Felipe.
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Sin resultados, la mayoría de ellos se ha mantenido fuera del radar público.
En Mexicali, Vega no hizo nada frente a la inversión de 15 millones de pesos en el inmueble del Cine Lux, y el retraso en inicio de su funcionamiento con oficinas municipales; tampoco intervino en los cuatro retrasos de la inauguración de la escultura del Cocinero Chino, con un costo de 10 millones de pesos; y el 14 de enero pasado, después que la fiscalía detuvo a los policías, denunciados de escoltar a un miembro del crimen organizado desde junio del 2024, el síndico tuvo la puntada de salir a declarar que “ambos agentes estaban próximos a ser removidos del cargo”.
En Tijuana, Teresita Balderas activó comisarios ciudadanos, promovió una reforma que benefició a las víctimas de robo de auto, hizo exámenes toxicológicos, recibió denuncias, suspendió policías, inhabilitó funcionarios del anterior ayuntamiento y suspendió a empleados menores de la actual administración. Pero de lo grande, nada; por ejemplo, no ha investigado las relaciones de Héctor Montejo Peterson, secretario de Desarrollo Económico de Tijuana Martín Peña y Adrián Altamirano Uribe, director administrativo de la Oficialía Mayor, con la empresa favorecida con el contrato lograr la devolución del impuesto sobre la renta.
Teniendo una función de contrapeso, la síndica Balderas no está para disfrazarse de princesas y protagonizar desfiles navideños, tampoco para participar como presentantes del ayuntamiento en eventos sociales, y menos para ser la acompañante del alcalde Ismael Burgueño en sus actos públicos; porque actuar como empleada y comparsa del munícipe, la invalida para cumplir con su obligación de supervisar el actuar del mandatario municipal de manera eficiente.
Sarahí Osuna, la síndica de Tecate, es percibida en el ámbito público como parte del equipo cercano del alcalde Román Cota porque también es usual que forme parte del comité que acompaña a sus actos público al presidente municipal; además que vota a favor sin cuestionar los endeudamientos; que no ha actuado para investigar y corregir el no pago del Ayuntamiento a sus proveedores, ni el impago a los policías municipales suspendidos en enero del 2025 tras los exámenes de confianza, a los que tampoco se les ha resuelto la situación laboral.
En Rosarito, la información pública del síndico Ricardo Bejarano es que ha dejado plantado a los regidores, al secretario de Seguridad y a todos los interesados, porque desde abril del 2025, se ha negado a entregar los 31 expedientes -de 90- de policías reprobados en control y confianza.
Pablo Guerrero, sindico de San Quintín, no ha hecho nada respecto a las cuentas públicas que el congreso reprobó al extinto Concejo Municipal Fundacional, en los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023, aunque tres de esos concejales continúan en el gobierno actual; tampoco actuó con relación a la alta nómina, la compra de software costoso, la ausencia de funcionarios, el uso de autos oficiales en temas personales, la falta de transparencia en el manejo de recursos, las observaciones que les hicieron los diputados durante la glosa del informe. Lo peor es que sus gobernados no esperan que actúe, porque ha sido “amigo de toda la vida de la alcaldesa Mirian Cano”.
Al preguntar por Esperanza Valverde, la síndica de San Felipe, a los regidores de oposición en el Cabildo, sólo respondieron que es como si esa posición del gobierno no existiera. En lo público no hay nada de su actuar, ni bien, ni mal.
En Ensenada, el síndico Elí Oviedo no es amigo de la alcaldesa Claudia Agatón. En julio 2025, él votó en contra del reconocimiento de adeudo y la autorización del pago por concepto de arrendamiento de camiones recolectores de basura utilizados por la Dirección de Servicios Públicos, porque no había un contrato vigente; en octubre 2025, la presidenta lo acusó de irresponsable por suspender obras que no estaba aprobadas, pero dijo, se votarían esa misma semana, y de nuevo se enfrentaron.
También suspendió a la directora de Infraestructura Urbana Municipal porque, previo a su toma de posesión, concursó para una obra, y al ser designada funcionara omitió informar del posible conflicto de intereses; igual suspendió al director de Alcoholes, Comercio y Espectáculos Públicos por la presunta expedición de permisos transito temporales; e inicio una investigación por la posible existencia de 130 aviadores en la nómina municipal.
En Ensenada, la distancia no sólo es personal, también es física, porque las oficinas de Oviedo están fuera de la Casa Municipal, y parece que esto ayuda.
Cercanos o no, de preferencia no, la función de los síndicos es hacer que todos los funcionarios cumplan con todos los procedimientos administrativos contemplados por la ley, verificar posibles incumplimientos y, en su caso, fincar las responsabilidades. Si no cumplen, como funcionarios, los síndicos también pueden ser desaforados y denunciados.
