La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los Estados Unidos determinó el 20 de febrero de 2026 que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no autoriza al presidente Donald Trump para imponer aranceles de manera unilateral, en un fallo histórico de seis votos contra tres que invalida los gravámenes “recíprocos” y los aplicados por tráfico de fentanilo en contra de México, Canadá y China.
La opinión mayoritaria fue redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, con el respaldo de los magistrados conservadores Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, así como de los tres integrantes del ala progresista. El alto tribunal concluyó que la Constitución de Estados Unidos reserva exclusivamente al Congreso la facultad de “establecer y recaudar impuestos, derechos, contribuciones y gravámenes”, por lo que el Ejecutivo no puede ejercer esa potestad tributaria a través de legislación de emergencia. “El presidente debe señalar una autorización clara del Congreso para justificar esta extraordinaria afirmación de poder. No puede hacerlo”, se lee en la sentencia, según reportó la cadena CNN.
Publicidad
El fallo confirma resoluciones previas de tribunales inferiores que habían determinado la incompatibilidad de los aranceles basados en la IEEPA con la legislación federal. El caso consolidado Learning Resources, Inc. v. Trump llegó al máximo tribunal luego de que el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminara, en mayo de 2025, que la IEEPA no autorizaba los aranceles de emergencia de Trump, resolución que fue posteriormente ratificada por un tribunal de apelaciones. Economistas del Penn-Wharton Budget Model estimaron que la cantidad recaudada en concepto de los gravámenes basados en la IEEPA ascendía a más de 175 mil millones de dólares, monto que podría ser sujeto a devolución, aunque la propia corte no definió en su fallo la forma en que se ejecutaría ese proceso.
La decisión abarca los aranceles aplicados a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos desde abril de 2025, incluidos los del 25 por ciento impuestos a México y Canadá bajo el argumento del tráfico de drogas ilícitas y los denominados “recíprocos” frente a desequilibrios en la balanza comercial. El fallo no comprende los aranceles sectoriales aplicados al acero y al aluminio, al sector automotriz o a otros gravámenes amparados en legislación distinta a la IEEPA, como la Sección 232 de la Ley de Comercio de Seguridad Nacional.
Publicidad
Trump reaccionó con furia ante la resolución. Según fuentes anónimas citadas por la reportera Kristen Holmes en CNN, el presidente de Estados Unidos se encontraba en un desayuno privado con gobernadores de diversos estados de la Unión Americana cuando se dio a conocer el fallo. De acuerdo con la misma fuente, Trump “se enfureció y empezó a despotricar contra la decisión, no sólo calificándola de vergonzosa, sino que incluso atacó a las cortes, en un momento dado, diciendo ‘¡Malditas Cortes!'”, utilizando lenguaje explícito. Hasta el cierre de esta edición, la Administración Trump no había emitido un posicionamiento oficial, aunque previamente había anticipado que el mandatario buscaría vías alternativas para aplicar los aranceles, entre ellas la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer gravámenes temporales de hasta el 15 por ciento por un periodo limitado, sujeto a revisión del Congreso.
En ese contexto, el debate respecto a la política arancelaria de Estados Unidos ya registraba movimientos favorables para México antes del fallo. El 17 de febrero de 2026, Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), señaló que la Administración Trump se encontraba abierta a modificar la forma en que se aplican los aranceles sectoriales al acero y al aluminio —que permanecen vigentes en 50 por ciento bajo la Sección 232— ante presiones de grupos empresariales y socios comerciales. “En ocasiones se puede ajustar la manera en que algunos aranceles se aplican por razones de cumplimiento”, declaró Greer en entrevista con la cadena CNBC, al tiempo que aclaró que los gravámenes sobre los metales se mantendrían por considerarlos “muy exitosos”.
Publicidad
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló el 18 de febrero de 2026 que, si bien no existía aún información oficial o definitiva, el secretario Marcelo Luis Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), había recibido indicios de que el Gobierno de Estados Unidos contemplaba ajustes a los aranceles impuestos al acero y al aluminio. “Aún no tenemos algo muy concreto y esperamos que realmente ocurra, es algo que nosotros hemos estado solicitando de manera permanente”, afirmó la mandataria en su conferencia matutina. Sheinbaum Pardo subrayó que los gravámenes sectoriales afectan no solo a los metales en su estado primario, sino también a los productos derivados que forman parte de equipos y manufacturas, lo que ha generado complicaciones en las cadenas productivas. “La verdad, sería muy bueno”, puntualizó respecto a una eventual reducción, al señalar que los aranceles del 50 por ciento también presionan la inflación dentro de Estados Unidos.
Canadá expresó una posición alineada con la de México. Dominic LeBlanc, ministro de Comercio del gobierno canadiense, confirmó el interés de su país en que los aranceles sectoriales al acero y aluminio disminuyan, y afirmó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) deberá mantenerse como un proceso tripartito. “Los mexicanos tienen intereses muy similares a los de Canadá. Ambos seguimos absolutamente comprometidos con el acuerdo comercial trilateral y con trabajar juntos a medida que se desarrolla este proceso de revisión”, declaró LeBlanc en conferencia de prensa, al precisar que en las próximas semanas se reuniría con Greer para discutir la revisión del T-MEC.
Analistas del sector financiero advirtieron que, pese a la invalidación de los aranceles IEEPA, el principal riesgo para México en 2026 seguía siendo la renegociación del T-MEC prevista para junio. Nadia Montes de Oca, gerente de portafolio en Franklin Templeton México, descartó que el tratado pudiera eliminarse dado que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, aunque señaló que los términos de la revisión podrían no resultar favorables para el país. Analistas de Monex advirtieron que la disputa ya trasciende el ámbito comercial al poner en evidencia los límites del poder presidencial en materia económica, y que la Casa Blanca enfrenta la posibilidad de reembolsar decenas de miles de millones de dólares a los importadores.
