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sábado, febrero 21, 2026
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Gobernar endeudando

La administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como lo hicieron Francisco Vega de Lamadrid, y Jaime Bonilla Valdez, aprendió a enredar sus finanzas públicas, comprometiendo las próximas

 

Recurrir a deuda pública a corto y largo plazo, se ha convertido ya en un esquema que forma parte del manejo financiero de las arcas bajacalifornianas donde, todos los años, los gobiernos se comprometen a pagar a bancos financiamientos de corto o largo plazo.

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El pasado 13 de febrero, la Oficialía de Partes del Poder Ejecutivo llamada Congreso de Baja California, avaló un segundo permiso de endeudamiento para el gobierno morenista de Marina del Pilar Ávila Olmeda, al que llamaron Bono Verde 2.0, por poco más de dos mil 900 millones de pesos a pagarse en 30 años, monto que se suma a los más de 20 mil millones de pesos de deuda directa e indirecta a la que ya están comprometidos los bajacalifornianos gracias a que todos los gobiernos, desde Eugenio Elorduy Walther, pasando por José Guadalupe Osuna Millán, Francisco Vega de Lamadrid, Jaime Bonilla Valdez y ahora Marina del Pilar Ávila, recurrieron a endeudamientos para plasmar proyectos, desde vialidades, rehabilitaciones, construcción de inmuebles.

Todos tienen una justificación política para comprometer las arcas bajacalifornianas por 30 o 40 años, sin importarles las consecuencias de sus decisiones.

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Según el último análisis del Poder Ejecutivo del mes de noviembre del 2025 -desde que la Ley de Transparencia no los obliga ya no publican nada- la deuda directa del Poder Ejecutivo es de 17 mil 398 millones 097 mil pesos, a la que se le suman los mil 098 millones 798 mil pesos de las paraestatales, los mil 534 millones 891 mil derivados de los compromisos municipales, y los 425 millones 639 mil pesos de dependencias estatales, lo que da un total de 20 mil 457 millones 425 mil pesos.

Esto representa una cuarta parte del presupuesto de todo el recurso que percibe Baja California de manera anual, lo que ubica a la entidad como la onceava más endeudada del país, según las mismas declaraciones de Andrés Pulido, secretario de Hacienda.

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Ahora, el compromiso de Marina del Pilar Ávila es tomar dos mil 960 millones de pesos para destinarlos en las construcciones secundarias de la planta desaladora de Playas de Rosarito, uno de los proyectos “revividos” de “Kiko” Vega y que en ese entonces era tremendamente criticado por los políticos de Morena.

A este préstamo se le suma el primer Bono Verde -que incluyó un bono de género- promovido por Marina del Pilar Ávila, para infraestructura hídrica y de un edificio para el Centro de Justicia para la Mujer (CEJUM), el cual representó un compromiso de tres mil millones de pesos.

Lo que ni Ávila Olmeda ni Pulido cometan es que las principales obras de infraestructura presumidas por la mandataria estatal, como lo son las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, el Puente de Eje Central en Mexicali y el Hospital de La Morita, en Tijuana, fueron pagados a precio alzado. Es decir, las obras no se pagaron al finalizar el proyecto, sino que la empresa encargada de la construcción adquirió un préstamo -cuyos intereses los carga al Estado a manera de triangulación- y continúan pagándose, a pesar de que ya concluyeron las obras.

A esto se le agrega que de manera recurrente, entre dos o tres veces al año, el Gobierno de Baja California recurre a préstamos cortos de 200, 300 o hasta 500 millones de pesos, para cubrir las necesidades de flujo inmediato, con lo que se ve obligado a cubrir montos con intereses.

Las finanzas de Baja California no se encuentran bien a causa de muchos factores, entre estructurales, como el agujero sin fondo llamado Issstecali, que arrastra a todas las administraciones, hasta presuntos actos de corrupción.

Para solventar todo, el Gobierno del Estado ya se acostumbró a pedir dinero prestado para salir de cualquier conflicto inmediato. Esto, con la intención de no verse obligado a resolver lo importante.

Voltear para otro lado y pedir dinero sin contemplar mayores factores, es un acto que -a la larga- no sólo nos va a salir caro, nos va a volver insostenibles.

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Autor(a)

Eduardo Villa
Eduardo Villa
Periodista desde 2011 y corresponsal en Mexicali del Semanario Zeta. Participante del Border Hub del International Center for Journalists y coautor del libro “Periodismo de Investigación en el ámbito local: transparencia, Acceso a la Información y Libertad de Expresión”
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