“Nos llaman héroes en pandemia, pero nos descuentan sin reconocer nuestros derechos básicos”, afirma una enfermera suplente con más de diez años sin base en ISSSTECALI. Su testimonio sintetiza la contradicción: quienes sostienen hospitales y clínicas con jornadas interminables y sueldos congelados son, paradójicamente, los más invisibles y explotados.
Bajo esta premisa, resulta evidente que interinos y suplentes han sido invisibilizados, discriminados y tratados como piezas desechables de una maquinaria burocrática que se alimenta de su esfuerzo. Esa precarización no borró su proyecto de vida laboral ni familiar: cada guardia y cada turno fue también un sacrificio compartido con hogares que esperan estabilidad. Sin embargo, sus reclamos, cuando se canalizan por la vía legal, suelen perderse en la lentitud de la justicia y en tribunales que se doblegan ante el Ejecutivo local.
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En sintonía con lo anterior, el silencio terminó y la calle se convirtió en su espacio de dignidad. Las manifestaciones no solo denuncian la precariedad, sino que exigen justicia y exhiben la incongruencia de un sistema que justificó descuentos para “proteger el futuro”, pero sin reconocer realidades salariales ni garantizar derechos. Estas protestas, lejos de ser recorridos simbólicos o actos sindicales rutinarios, constituyen expresiones de frustración y resistencia que buscan transformar la indignación en conquistas reales.
Esta dinámica deriva en el análisis del descuento del 14%, obligatorio para los trabajadores desde 2015 en cumplimiento de la Ley que Regula a los Trabajadores, conforme a la Fracción I, Apartado B, del Artículo 99 de la Constitución de Baja California. No obstante, la autoridad lo ha aplicado de manera discrecional, afectando a los más vulnerables sin aviso previo ni consideración de su contexto económico, mientras los titulares de confianza se eximen de dicho descuento en sus compensaciones. Aunque se anunció la medida recaudatoria adicional del PROISSSTECALI para 2026, nunca se explicó cómo se aplicaría ni qué criterios se usarían para proteger a los más vulnerables.
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En consecuencia, la actual administración, iniciada en 2021, llega a febrero de 2026 con más de cuatro años sin resolver lo esencial. Esta omisión constituye una violación a la justicia social que no puede repararse con discursos; se requiere reparación real y definición de responsabilidades.
De ahí que, cuando los trabajadores alzaron la voz, el director del ISSSTECALI intentó contener la protesta reuniéndolos en un auditorio. Con ello restringió la manifestación y apagó su fuerza. La protesta, por su naturaleza, debe ocupar calles y plazas, donde la inconformidad es visible y legítima. Trasladarla a un salón desnaturaliza su finalidad y se acerca a la censura. El director debió reconocer la explotación, pedir disculpas y comprometerse con una agenda real de soluciones.
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Aun sin facultades, firmó acuerdos para apaciguar a los inconformes. El verdadero logro no radica en esos compromisos preliminares, sino en que los trabajadores levantaron la voz y defendieron su dignidad. Bajo esta perspectiva, la agenda debe construirse desde el derecho que otorga la ley, no desde la precariedad. Debe incluir basificaciones con autorización y presupuesto del Congreso, una política que elimine discriminaciones entre interinos y suplentes, aplicación universal del contrato colectivo, reconocimiento de antigüedad cotizada para garantizar pensiones justas, solución de juicios pendientes y un plan financiero transparente con rendición de cuentas.
La Ley Federal del Trabajo respalda estas exigencias: el Artículo 2 establece que el trabajo debe realizarse en condiciones que aseguren la dignidad; los Artículos 24 y 25 obligan a entregar contrato escrito al trabajador; los Artículos 35 a 39 señalan que las relaciones de trabajo deben ser por tiempo indeterminado salvo casos excepcionales, y si subsiste la materia del trabajo, la relación se prorroga automáticamente. El Artículo 356 reconoce además el derecho a formar coaliciones para la defensa de intereses. Estos artículos legitiman la lucha: exigir basificación, aplicación del contrato colectivo, nivelación salarial y seguridad social para la familia, no son favores, son derechos que durante muchos años estuvieron invisibilizados.
En continuidad, el problema de los descuentos segmentados desde 2015 confirma que la medida es meramente recaudatoria ante la falta de un plan real para garantizar derechos adquiridos. ISSSTECALI no ha explicado cómo aplicará el PROISSSTECALI a sus propios trabajadores ni cómo asegurará en el futuro los derechos que ahora promete, tomando en cuenta que a la fecha tiene una crisis financiera sin respuesta y sin ruta clara para hacerle frente.
Así, se desnuda la realidad: ISSSTECALI mantiene trabajadores de primera y de segunda, discrimina, explota y funciona como agencia de colocación política donde imperan impunidad y favoritismos. Además, no existen inspecciones laborales ni sanciones por explotación en la burocracia; esas responsabilidades solo se aplican a la iniciativa privada. Esta omisión perpetúa la impunidad y conecta la explotación laboral con un fenómeno más grave: las violaciones invisibilizadas a los derechos humanos. Son actos u omisiones sistemáticos que causan sufrimiento, daños irreparables o incluso la muerte, pero permanecen ocultos, impunes o fuera de la atención mediática y política. En ISSSTECALI, la precarización y el trato desigual encajan en esta categoría, pues invisibilizan el sufrimiento y perpetúan la impunidad institucional.
Finalmente, la coalición de trabajadores que todos vimos ya demostró que la unión da resultados: no se requirió al sindicato en turno que anda en campaña y negociaciones cupulares, ni a líderes y planillas que festejan su registro. El verdadero éxito provino de la base, de quienes decidieron manifestarse y defender su dignidad sin intermediarios. Los que hoy buscan representar a la burocracia deberían dar un gesto mínimo: pronunciarse y defender esta causa. Callar frente a la explotación laboral es complicidad, y la dignidad de los trabajadores exige respaldo real y firme.
Por todo lo anterior, los trabajadores más vulnerables e históricamente más discriminados del ISSSTECALI ya despertaron y están en la calle. Esa es la ruta: decidir actuar y defender su dignidad frente a un sistema que los explotó en silencio durante años. La injusticia es evidente, la dignidad está en pie, y la nueva historia de justicia social se está escribiendo en las calles y en la defensa de las causas.
Guillermo E. Rivera Millán. es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.
Fundador de Justicia que Transforma México A.C.
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