Una de las seis empresas con las que el Ayuntamiento de Tijuana tiene concesionados los servicios de arrastre y almacenamiento de vehículos, Grúas Martínez S.A. de C.V., se hizo objeto de una denuncia ciudadana, referente a que personal de la empresa cobra por la liberación del vehículo, siendo que el cobro debe hacerse en oficinas de gobierno.
El denunciante, identificado como Gabino Juárez, refirió que a un familiar suyo le remolcaron una unidad que no había sido importada y que por liberarla personal del corralón aplicó un cobro de cuatro mil pesos. Sostuvo que aunado al caso de su consanguíneo, un vendedor ambulante pagó nueve mil pesos, directamente en el depósito de vehículos, por la devolución de un auto con placas sobrepuestas.
Publicidad
“El carro de mi nieto, un carrito Nissan Altima, ahí lo rotularon, le pusieron números en el parabrisa. Mi nieto tiene su licencia, nomás el carrito no se ha importado. Le dije: ‘Yo te voy a pagar la importación del decreto’, pero simplemente ya se canceló el decreto. Eso fue hace como 10 días. Cuatro mil pesos. Ahí los pagó”, afirmó en entrevista con ZETA.
El Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, válido para unidades internadas con antelación al 19 de octubre de 2021, concluyó el 31 de diciembre de 2025.
El corralón Grúas Martínez está ubicado en avenida Río Blanco esquina con Río Grande, en el Ejido Matamoros, delegación La Presa Abelardo L. Rodríguez.
Publicidad
“Es una súper evasión. Sacan más dinero. Estoy seguro que de 20 carros, 15 son los que salen así. 14, 15, 16. Ya nomás poquitos son los que hacen el procedimiento ante el Ayuntamiento; el pago de multa y todo eso”, expuso Gabino Juárez.
Aseguró que de “cuatro, cinco años” a la fecha, los fines de semana han venido proliferando los remolques de unidades en el área, con el consecuente cobro irregular.
Publicidad
“Los sábados, los domingos, los días de supermercado, andan; a veces más, a veces menos, pero anda el policía, los de moto, y atrás de ellos tres, cuatro grúas. Están escondiditas en las paradas, por algún lugar estratégico, y el policía por ahí en una calle, dos calles, donde saben que el ciudadano comete alguna falta administrativa”, mencionó.
“Entonces, rápido le echa la grúa. En lo que le está preguntando su licencia y eso, ya le habla a la grúa y llega la grúa. O sea, cinco minutos y el carro ya está arriba de la grúa”, prosiguió.
Observó que por el arrastre del vehículo no se emite documento. “Simplemente le dicen: ‘Te voy a dar dos, tres días para que vayas a sacarlo’. Así nomás vas ahí de palabra. Lo sacas. Pagas tanto. Ahí te van a decir que en las grúas tienen la tarifa’”, explicó.
Recalcó que tampoco se solicita documentación para devolver la unidad. “Nomás con que lleve dinero, con eso ya le dan el carro. O sea, ya no entra al sistema de lo que es el Ayuntamiento”, aseveró.
Durante un recorrido por el Ejido Matamoros, se pudo apreciar la presencia de al menos tres automovilistas al exterior de Grúas Martínez, a la espera de recuperar sus vehículos.
Consultado al respecto, uno de ellos dijo no tener queja de los servicios de la empresa. Otro reveló que su vehículo había sido remolcado diez minutos atrás. “Me dijeron que aquí podía pagar”, aseveró.
“SINDICATURA ESTÁ ENCIMA DE NOSOTROS TODO EL TIEMPO”: ENCARGADO
Al interior del corralón, al que se tuvo acceso previa autorización, un encargado refirió a este semanario que el negocio no había recibido notificaciones del Ayuntamiento por presuntas irregularidades.
Sugirió que la concesionaria está sujeta a un esquema riguroso de supervisión a cargo del Órgano Interno de Control Municipal: “Sindicatura está encima de nosotros todo el tiempo”, recalcó.
Estableció que en ningún momento la empresa ha detectado que los empleados hagan cobros directos por la devolución de las unidades vehiculares. De darse el caso “se tomarían cartas en el asunto”, advirtió.
Se abstuvo de referir el costo por el servicio de arrastre y sostuvo que varía de acuerdo con la distancia a recorrer.
Hizo hincapié en que el trámite de recuperación del vehículo debe efectuarse “en la delegación” (La Presa Este) o en Palacio Municipal.
De acuerdo con información difundida por la Sindicatura Procuradora, para recuperar la unidad vehicular hay que solicitar la boleta de infracción en la delegación correspondiente; tramitar la calificación de la boleta con el juez municipal; pagar en las cajas autorizadas por la Tesorería; acreditar la propiedad o la posesión jurídica en las oficinas de Subdirección de Arrastre; obtener los sellos autorizados para efectuar el pago por almacenaje y arrastre; solicitar el oficio de liberación en la Delegación y la devolución del vehículo en el corralón.
“TIENEN CONVENIO”: DENUNCIANTE
Gabino Juarez sugirió que Grúas Martínez aplica los cobros directos con anuencia del XXV Ayuntamiento
“¿Cómo es posible que (las autoridades competentes) no se den cuenta?”, expuso. “Hace dos o tres meses le quitaron el carro a mi yerno. Ahí está la oficina de Sindicatura a un lado. Están con la boca tapada y cruzados de brazos y no dicen nada, ni un comentario; como de adorno nada más, como que no ven nada ni saben nada ni se enteran de nada”, refirió.
A decir del entrevistado, ciudadano que acepte pagar por la recuperación de la unidad en el corralón dará lugar a la corrupción.
“Pero la corrupción es una solución a medias, pero estamos viéndonos más. Estamos cooperando pues con lo mismo”, acentuó el denunciante.
Expresó que por los cobros efectuados a su parentela no denunció.
“Porque uno solo, a lo mejor no le hacen caso. En sí, en varias ocasiones en diferentes causas he ido hasta Asuntos Internos y he ido a la Sindicatura y no pasó nada. Como que ya saben de diferentes transas, pero como que hacen, como que quedan asombrados y no hacen nada. Uno tiene que estar insiste e insiste para que algo lo pongan por escrito”, aseveró.
CORRALONES HAN SIDO NOTIFICADOS POR INTENTO DE COBROS DIRECTOS: SÍNDICA PROCURADORA
Durante la presente administración, encabezada por Ismael Burgueño Ruiz, se han presentado aproximadamente ocho denuncias ante la Sindicatura Procuradora, bajo la presunción de pretenderse cobrar en corralones la liberación del vehículo.
“Atendimos alrededor de ocho situaciones en las que en cuanto se notificó del incidente ya se pudo hacer el trámite directamente aquí, en las oficinas de la Sindicatura”, manifestó en entrevista con ZETA la síndica procuradora, Teresita de Jesús Balderas Beltrán.
Sostuvo que no se trata de un número elevado de denuncias: “Han sido muy pocos los hechos de los cuales nos hemos enterado que se ha hecho algún cobro directo en algún corralón; porque en cuanto se ha sabido se les ha notificado a los dueños de los corralones, para que revisen el tema y que se haga el procedimiento tal cual debe hacerse en las oficinas”.
Las oficinas de la Subdirección de Arrastres y Almacenamiento de Vehículos están ubicadas en Palacio Municipal, Rezagos Municipales y Delegación La Presa Este.
De acuerdo con la funcionaria municipal, la Sindicatura Procuradora ha constatado que hay personas que se hacen pasar por personal del órgano interno de control municipal o por empleados de corralón en un afán solicitarle un pago al ciudadano por la devolución del vehículo.
“Hemos descubierto que son estos tramitadores que se ponen a cazar este tipo de situaciones en los perímetros de las concesionarias de los corralones para ofrecer estos servicios”, asentó Teresita Balderas.
De manera que “mucha ciudadanía ha sido extorsionada y víctima de fraude en que no recupera su vehículo e incluso tienen capturas de WhatsApp en donde ahí les piden el número y les están mandando lo que necesitan y nunca concluyen el trámite”, agregó.
Hizo referencia a que los casos que ha atendido la Sindicatura se enmarcaron en esa modalidad de fraude.
“Gracias a Dios (los denunciantes) no han caído ante este hecho”, opinó.
Balderas Beltrán afirmó que en el primer año del gobierno municipal sostuvo reuniones con los propietarios de las empresas concesionarias en aras de indicarles que evitaran situaciones en las que se viera involucrado recurso que se manejara directamente en el corralón.
“Las concesionarias, obviamente, prestan un servicio a la Sindicatura, al Ayuntamiento, pero esto no los exime de cualquier responsabilidad u obligación que ellos tengan que cumplir para mantener el contrato que ellos prestan”, aseveró.
El 28 de marzo de 2025 el Cabildo de Tijuana aprobó prorrogar por cinco años las concesiones del servicio público de arrastre y almacenamiento de vehículos a Grúas Martínez, Grúas Hermanos Castro, Grúas y Arrastres de Tijuana, Arrastres de Tijuana, Grúas Olmos y Grúas Cajeme.
Balderas Beltrán también dijo conocer el caso relativo al cobro por la entrega de un vehículo de procedencia extranjera, modalidad a la que aludió el denunciante Gabino Juárez: “Me enteré del tema de este ciudadano, y comentarte y exhortar a la ciudadanía a que se acerque a la Sindicatura a denunciar este tipo de hechos para que nosotros poder resarcir esto que está ocurriendo, pero tenerlo bien documentado”.
La funcionaria del XXV Ayuntamiento remarcó: “Por parte de ningún organismo yo tengo alguna denuncia colectiva respecto a este hecho”.
Se pronunció por que al ciudadano se le recibiera la respectiva denuncia en Sindicatura.
El Reglamento de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos del Municipio de Tijuana establece que “constituirse en recaudadores del cobro por el servicio de arrastre o de almacenamiento” resulta ser una infracción que atenta “contra el servicio público de transporte de grúa y almacenamiento de vehículos”.
Balderas Beltrán manifestó que para proceder contra Grúas Martínez con motivo de la acusación por cobro directo en el corralón, la Sindicatura Procuradora tendría que revisar que, en dado caso, quien haya cobrado “sea miembro del equipo” de la empresa.
“Cuánto tiempo tiene, bajo la supervisión de quién estaba y tratar de invitar al ciudadano con toda la atención posible para poderle tomar su denuncia y que nosotros también pudiéramos documentar eso y poder actuar con más certeza”, mencionó.
Admitió que por las ocho denuncias interpuestas durante la presente administración no se ha impuesto sanción contra empresa alguna. Explicó que las averiguaciones no se concretaron, en vista de que los denunciantes se abstuvieron de ratificar.
“Han llegado aquí con nosotros para documentarnos el hecho, pero ya no lo ratifican; o ya no quieren que se inicie un procedimiento porque ya vienen a hacer el trámite, se les apoye a agilizar su trámite y se llevan su vehículo”, sostuvo.
Estableció que aun sin denuncia formal, pero con conocimiento del hecho, la Sindicatura procede a auditar y hacer visitas continuas a los corralones.
En el trienio anterior, encabezado por Montserrat Caballero Ramírez, el área de arrastres pasó a formar parte de la Sindicatura Procuradora.
Teresita de Jesús Balderas Beltrán afirmó que la transferencia concurrió a ejercer mayor control sobre las concesionarias.
“La Sindicatura está facultada para iniciarles procedimiento a los servidores públicos como para determinar si algunas empresas o compañías son aptas para brindar un servicio al Ayuntamiento. Entonces, en ese sentido, las concesionarias tienen ahora sí que la lupa bien puesta ahí, porque es precisamente la Sindicatura la que va a determinar la continuidad o no del servicio que prestan”, concluyó.
