Caso INVI: fabrican culpables

El caso del desfalco de más de 54 millones a las arcas del Instituto de Vivienda (INVI) de Baja California Sur no ha terminado. Si bien la Fiscalía Anticorrupción del Estado ya capturó a un exfuncionario involucrado y dos presuntos cómplices, los autores intelectuales siguen en libertad, esto dicho por abogados y familiares cercanos al caso.

Y es que pareciera que los estragos legales por la “tranza del INVI” han sido contenidos por el Gobierno del Estado, pues hace dos años encarcelaron al exfuncionario del Instituto, Javier Armando Ramírez Manjarrez, a su hermano Juan Antonio y su amigo Edy Hassan.

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Según las investigaciones, Javier Armando en su carácter de jefe de Departamento de Contabilidad adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas del INVI, sustrajo de las cuentas Banorte 082-768245-6 y 042-535631-3, la cantidad de 54 millones 876 mil 222.64 pesos, prueba, supuestamente, según la Fiscalía, irrefutable.

Pero la evidencia presentada por imputados en el caso, apuntan a la exdirectora Fernanda Marisol Villarreal González y el administrador Juan Manuel Reyes Cervantes, que al cierre de esta edición no han sido vinculados a proceso, y serían los actores principales que orquestaron el desvío de recursos, ya que eran los únicos con jerarquía para autorizar trámites y movimientos, pues “no había paso que no estuvieran enterados”.

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Así quedó evidenciado mediante oficio del 13 de septiembre del 2021, donde la secretaria de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, hizo la solicitud del cambio de firmas “del Sistema Integral de Administración Financiera Estatal (SIAFES), por este conducto me permito solicitar muy atentamente a Usted, se realice el cambio de firmas autorizadas”, esto para el manejo de cuentas.

Los servidores eran responsables para firmar de autorizado y trámites de documentación, así como autorizar transferencias; los facultados eran: Fernanda Villarreal y Juan Manuel Reyes. Con esto, es más que evidente que estaban enterados de los movimientos de la cuenta tripartita; y que también las transferencias y disposiciones en efectivo evidencian a la triada involucrada.

Según la investigación del desvío de recursos:

*En el periodo comprendido del 5 de noviembre de 2021 al 01 de septiembre de 2022, realizaron 116 transferencias bancarias de la cuenta Banorte 082-768245-6, seis millones 910 mil 222.64 pesos.

*Del 10 de diciembre de 2021 al 25 de agosto de 2022, realizó 114 transferencias bancarias de la Banorte 042-535631-3, seis millones 170 mil pesos.

*En el periodo del 1 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2023, hicieron 587 transferencias bancarias de la cuenta Banorte 082-768245-6, 38 millones 386 mil pesos.

*Y del 1 de septiembre de 2022 al 25 de septiembre de 2023, realizó 65 transferencias bancarias de la cuenta Banorte 042-535631-3, distrayendo la cantidad de tres millones 410 mil pesos.

Documentos filtrados en la declaración de Javier Armando, señalan a Fernanda y Juan Manuel como operadores al servicio del propio gobernador del Estado, Víctor Castro, en apoyo a la campaña abierta para el ahora Senador de Morena, Adán Augusto López. Según testimoniales, videos y fotos, recursos del INVI eran destinados para despensas, apoyos económicos y de logística para el entonces aspirante presidencial.

Dos años después, y con un presunto ex servidor público ya señalado y encerrado, finalmente serían vinculados a proceso los líderes del flujo económico. Testigos y grabaciones de video los señalan como quienes instruyeron cómo y a dónde mover los recursos de las cuentas públicas, tanto mediante transferencias como en efectivo.

TESTIGOS IMPUTADOS COMO REPRESALIAS

En audiencia del caso, citada el 5 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción presentará por fin a los extitulares de la Dirección y de Administración, y un tercero, un trabajador que de buena fe cumplió su labor y le pagaron por ello; pero la presunta vinculación que se daría podría ser por uso de recursos de procedencia ilícita, y no por peculado a los dos primeros exfuncionarios, y sí involucrando al tercero, que en desconocimiento del recurso fue incluido.

“El próximo 5 de febrero vamos a llevar un nuevo caso por operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de la extitular del INVI, el director de Finanzas y otra persona más”, aseguró Lenin Ortiz, Fiscal Anticorrupción de BCS.

Dentro de las propiedades que supuestamente el exfuncionario del INVI adquirió con recursos de la dependencia, se encuentra una plaza comercial y un car wash; precisamente a los trabajadores de estos comercios son a los que han convocado a declarar como “testigos”.

De acuerdo con lo dicho por los empleados, que fueron entrevistados como “testigos” y no imputados, los agentes del Ministerio Público no buscaban saber los hechos: pareciera más bien que buscaban declaraciones que los “inculpara”, pues varios de los trabajadores sintieron acoso a la hora de tomar su “testimonio”, siendo que son personas que simplemente prestaron un servicio y recibieron sus pagos.

A los trabajadores se les presionó en sus testimoniales, pues dijeron que el Ministerio Público quiso a todas luces sacar información que desconocían, aun cuando ellos no sabían con exactitud quién era el dueño del terreno donde estaba el car wash o quién es el dueño del negocio, y lo único que conocían era a su jefe directo, quien les daba instrucciones y les pagaba.

“Desconozco, yo soy trabajador y a veces uno no se entera de todo; o sea, no puede saber todo exactamente”, declaró uno de los trabajadores.

La autoridad presente de la Fiscalía Anticorrupción, en un tono molesto, le respondió: “Está bien”, y en tono sarcástico les expresó: “Dices que Javier Manjarrez no tiene nada que ver con el car wash y viene un recibo de luz a su nombre y el car wash se llama casualmente Los Abuelos. Está bien”.

Son 40 testigos, según el agente, los que acudieron a compartir su testimonio, y según la fuente consultada por ZETA, muchos de ellos —que acudieron de buena fe a dar su testimonio de lo que hacían en su trabajo honradamente— caerán en la justicia por un delito que no cometieron por tecnicismos y la falta de un abogado.

“Están buscando a quién imputar, no están buscando a los responsables; para nosotros como abogados es una aberración lo que está haciendo la Fiscalía Anticorrupción. Todos los que recibieron un pago de las personas involucradas son culpables para la autoridad, o todos los están imputando; y claro que aquellos que no tengan recursos para pagar un abogado particular van a caer al tambo por las injusticias de la justicia en Baja California Sur”, sostuvo la fuente de investigación.

Agente Ministerio público (MP): “En el arrendamiento del local, ¿quién es este señor? ¿Lo conoce? Juan Antonio de Jesús Ramírez Majarrez”.

Testigo (T): “Sí”.

MP: “¿Trabaja ahí con ustedes o lo ha visto por ahí?”.

T: “No, es el hermano de Javier”.

MP: “¿Y qué es él ahí del car wash?”.

T: “Nada, que yo sepa”.

MP: “Pues aquí dice que él es quien está rentando el local del car wash”.

T: “Desconozco yo de ese tema. No sé mucho de él, la verdad”.

Los empleados sostuvieron desconocer muchos temas administrativos, no recordaron momentos como la fecha en que inició operaciones, la firma del contrato y a nombre de quiénes estaban el terreno, el negocio y el jefe inmediato.

MP: “Que si tú nos estás mintiendo, aparte de lo que pudieras estar embarrado, pero el hecho de que vengas y mientas es un delito”.

T: (Se queda escuchando).

MP: “¿Cómo entraste a trabajar con gerente de car wash?”.

T: “Fui y llevé solicitud cuando lo abrieron”.

La “entrevista-testimonio-interrogatorio” siguió en el mismo tono, con sarcasmo frente al “testigo” que pareciera ya lo habían señalado como culpable a la vista del funcionario público que interrogaba.

Agente Ministerio público: “Yo te estoy siendo claro con lo que hay”.

T: “¿No? Sí, Lic, pero yo vengo, estoy diciendo también la verdad. O sea, ¿yo qué gano con mentir?”.

MP: “¡Ándale pues! Vas a ganar”.

La fuente de la Mesa de Seguridad informó que están mal elaboradas las acusaciones contra los imputados nuevos, a quienes pretenden vincular a proceso sin quedar bien establecido el delito.

Por ejemplo: la exdirectora y el exadministrador deben ser señalados por peculado, ya que ellos conocían que el dinero era ilícito y sustraído de la cuenta del INVI.

“No se prevé que la audiencia inicial se celebre el día 5 de febrero. Si se les concede la palabra, aun con el poco tiempo disponible para revisar todo el contenido de la carpeta de investigación, solicitarán al juez que se lleve a cabo, argumentando la inocencia de su defendido y la incorrecta imputación del delito. Además, consideran que la imputación tampoco es correcta para Fernanda y Juan Manuel, ya que ellos sí conocen el origen del recurso, el cual proviene de un desvío de fondos públicos cometido por un subalterno, lo que los convierte en parte del delito de peculado y desvío de recursos públicos, además de las responsabilidades administrativas”, dio a conocer la fuente.

Por último, mencionó el entrevistado por ZETA que la justicia dejó de ser importante en el caso de la “tranza del INVI”, comentó que el caso está viciado y se ha permitido a los involucrados transitar con tranquilidad, ya que hay muchos funcionarios públicos activos involucrados.

Añadió que será más fácil inculpar a trabajadores honestos que no tienen que ver con la administración pública.

“No puede ser posible que personal de labor doméstica, trabajadores con el salario mínimo, con personas que solamente aparecen en los listados de personas con transferencias entre particulares, no del INVI, todos ellos recibieron dinero en efectivo o transferencias por terceras personas por cumplir un trabajo, sin saber de dónde proviene el dinero; sólo saben que su jefe inmediato les pagó y es todo, y sólo por conocerlos por su nombre ya los quieren imputar”, sostuvo.

ASÍ MOVIERON LA LANA DEL INVI

De acuerdo a la declaración del exjefe de Contabilidad, por instrucciones del exadministrador y la exdirectora, distribuyó el dinero que se movía de las cuentas del Instituto entre terceras personas, a quienes pedía el favor para entregar a los exfuncionarios de primer nivel mediante transferencias o en efectivo (la gran parte).

“Mucho de este dinero era gastado en muebles, despensas, un terreno para la directora y una camioneta Bronco, que Javier le pidió el favor a un trabajador para ponerlo a su nombre y obligaron que se hiciera una carta poder para que a su vez pasara a manos de la exdirectora del INVI. Grandes sumas de dinero eran entregadas en efectivo a manos de Fernanda y Juan Manuel, incluso enviados por ellos; de muchos encuentros hay evidencia en video, de Bautista y otros enviados del gobernador”, dijo la fuente en el caso.

Entre los movimientos, también salió el nombre del diputado Sergio Polanco Salaices, quien vendió a la exdirectora un predio ubicado en la carretera al norte, justo en la salida del Ejido El Centenario, en el municipio de La Paz.

“En este acto se le pone a la vista una transferencia bancaria de la cuenta 1586509891 de Javier Manjarrez a favor de la cuenta BNET 0105913063 realizada en fecha 23 de marzo del 2023 por la cantidad de 16 mil 250 pesos por el concepto ‘Mens lote 06 mza 0’. Una vez visto dicho estado de cuenta, es mi deseo manifestar que me comprometo a revisarlo con los contadores encargados las cuentas bancarias de BBVA sobre el depósito efectuado, así como checar el supuesto lote que se pagó, aclarando que la manzana 0 no existe, lo que puede complicar un poco la búsqueda, pero haremos la mayor búsqueda posible para localizar la información correspondiente”, respondió Sergio Polanco.

Según la fuente de ZETA, una testigo crucial, y que la Fiscalía Anticorrupción debió considerar desde un principio para llevar a todos a la justicia y que no quede ese sabor de “justicia selectiva”, es precisamente el de una trabajadora doméstica, la cual fue testigo presencial.

Su labor siempre la realizó como correspondía con la venia de atender las necesidades del hogar; ella cumplía y recibía un pago por ello, como todo empleado, y para su labor no era de interés saber la procedencia del dinero, sólo cumplió su contrato de brindar un servicio y recibir su paga.

“Ellos me pagaban en efectivo y por transferencias bancarias a mi cuenta. Alguna vez me depositaron para hacer compras del súper, incluyendo llevar a los perros al veterinario, y en alguna ocasión compré artículos para despensas de la casa y algunas despensas no eran para la casa; también compré los adornos de Navidad para la propia casa, pago de servicios de la casa”, comentó.

Pero no sólo eso, sino que su testimonio es muy importante en el caso porque ella presenció cómo Juan Manuel Reyes Cervantes acudía constantemente a recolectar dinero en efectivo, despensas y otros objetos comprados con recursos de procedencia ilícita.

“Me toco ver que acudía a la casa de Javier el señor Juan Manuel Reyes Cervantes hasta dos o tres veces por semana y me toco a mí darle dinero en efectivo, el cual me daba Javier Armando Ramírez: me decía: ‘Dale este dinero en efectivo’, variando las cantidades de 10 mil o hasta 20 mil pesos. También me tocó ver que le dieran regalos, y verlo muchas veces; en muchas ocasiones Juan Manuel acudía a recoger despensas, se llevaba hasta 10 bolsas de despensas, me tocó ver que acudía a recoger dinero y Javier se lo entregaba en sus manos, cantidades no recuerdo ni cuándo lo entregaba”, recordó la empleada.

Además, dentro de la testimonial afirmó que en una ocasión acompañó al exjefe de Contabilidad para hacer la entrega de medio millón de pesos en efectivo en una bolsa de Liverpool a la exdirectora del INVI, Fernanda Villarreal.

“En una ocasión, antes de las cinco de la tarde me dijo Javier: Acompáñame a el estacionamiento de soriana Forjadores’, entre Telcel y la Gasolinera, en diciembre de 2021, no recuerdo el día exacto, pero fue antes de Navidad, para entregar dinero en efectivo. Era la cantidad de 500 mil pesos, el cual lo traía en una bolsa de Liverpool color rosa, cosa que no conté, la cual entregó a la persona de nombre Fernanda Villarreal”, dijo al Ministerio Público.

También hay documentos y estados de cuenta que confirman que se le transfirieron recursos a Juan Manuel Reyes Cervantes entre el 3 de octubre del 2021 y el 2 de mayo del 2022, mediante 30 transferencias bancarias por la cantidad de 315 mil 438.78 pesos, a las cuentas bancarias HSBC 4213166155957511, HSBC 4213166143897639, BANORTE 4915664474922738 y SANTANDER 5579100357521523, a nombre de Juan Manuel Reyes Cervantes.

Además de otras transferencias de cuentas vinculadas con el “delito”, por 21 mil, 45 mil 500 y 71 mil pesos, entre otras muchas más; y si esto no es suficiente para que hayan sido vinculados a proceso a la par del “contador”, es porque hubo “protección y justicia selectiva” en Baja California Sur.