Captura y liberación del Cholo 40

Autoridades de Baja California Sur detuvieron a uno de los objetivos prioritarios generadores de violencia en Loreto y Comondú, encargado mayormente de los homicidios dolosos en 2025, Christian Iván Romero Acuña alias el Cholo 40, cuando el 27 de enero, en un operativo móvil sobre la avenida Niños Héroes, entre las calles Basilio Polanco y Lorenza Tapia de la colonia Pueblo Nuevo de Ciudad Constitución, este líder criminal del Cártel de Sinaloa, de la facción de la Chapiza, fue imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa contra dos víctimas.

“El día de ayer se detuvo a un objetivo prioritario y siguiendo el protocolo, antes de que se abra (ya está bajo responsabilidad de la Procuraduría), voy a pedirle al señor Procurador que nos haga el favor de decirnos el operativo que hubo el día de ayer y dónde fue; y vamos a ponerle ‘N’ por obvia razón”, celebró Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur.

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El 19 de agosto del 2025, el Cholo 40 y Javier, alias el Javi Pando, agredieron a un adulto y un menor de edad; los sicarios llegaron al domicilio ubicado en la calle Puerto Vallarta en Puerto San Carlos y “con un arma de fuego corta, disparó en diversas ocasiones contra la víctima, no logrando privarla de la vida”, dijo la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El 23 de agosto, el Juez de Control emitió la orden de aprehensión contra los dos delincuentes; fue hasta el 16 de diciembre cuando se confirmó la vinculación a proceso del Javi Pando por homicidio en grado de tentativa, y hasta hace unos días Christian Iván se mantenía prófugo.

“Para que un juez emita una orden de aprehensión, el Ministerio Público debe aportar datos que demuestren la comisión del delito y la probable participación de los imputados. Se nos libró la orden de aprehensión. Se le ejecutó al apodado el Cholo 40 en días pasados y se puso a disposición del juez, pero para sorpresa de la Fiscalía, no lo vinculó a proceso; es un evento que a nosotros nos llama la atención. Normalmente cuando esto ocurre, analizamos si la no vinculación a proceso se debió a ineficiencia o falta de datos de prueba del Ministerio Público, y si es así lo que hacemos es subsanar los errores o las deficiencias y volver a pedir la orden de aprehensión”, explicó sorprendido Antonio López Rodríguez, procurador general de Justicia en Baja California Sur.

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Como la PGJE considera que la resolución judicial presenta algún defecto —ya sea una falta o un error en la apreciación de las pruebas por parte del Juez, como sucedió en este caso—, su curso de acción será interponer un recurso de apelación ante la segunda instancia. Este procedimiento permitirá que un juez de jerarquía superior o un magistrado revise el caso.

Aunque la captura de este objetivo prioritario representaba un golpe duro a la delincuencia organizada, especialmente a los grupos generadores de violencia en los municipios de Comondú y Loreto, y un logro para el Gobierno de Víctor Castro, por otra parte, su liberación significó un retroceso y una falla en la aplicación de la justicia.

La Mesa Estatal de Seguridad ya había reformulado la estrategia de contención y reacomodo de las células del Cártel de Sinaloa en Comondú y Loreto tras dicha captura, y esperaban que esto “destanteara” al enemigo, pero generó más dudas.

“No podemos decir que ya logramos disminuirlo. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir reforzando, tenemos que seguir previniendo muy fuerte, pero este dato es un elemento de prevención para evitar que sigan ocurriendo; mientras nosotros los desarticulemos o le quitemos capacidad de acción, le retardamos la manera operativa o los inhibimos de que sigan operando aquí en nuestro estado, y especialmente en estos municipios que son pequeños y un solo homicidio genera una situación de pánico en la población”, sostuvo Antonio López.

MESES DE TRABAJO

A mediados de diciembre del 2025 se ejecutó orden de aprehensión a una persona de apodo el Javi Pando, que se ubicó en Ensenada, y se puso a disposición del juez, quien lo vinculó a proceso y le impuso la prisión preventiva de manera oficiosa, imputado por el delito de homicidio en agravio de dos personas.

El Cholo 40 contaba con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado y este lunes 2 de febrero fue dejado en libertad por un mal trabajo, haya sido de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la integración de la carpeta de investigación o una “falta de apreciación” del juez.

“Si ya nos vincularon a proceso a uno por los mismos datos, ¿cómo es que al segundo no es vinculado a proceso? Es algo que no tiene un sentido lógico; entonces, lo que nosotros estamos haciendo es analizar, obviamente, la actividad de nuestro agente del Ministerio Público”.

Y es que el Juez de Control con sede en Ciudad Constitución, municipio de Comondú determinó insuficientes los datos de prueba para vincular a proceso al Cholo 40, dejando atrás más meses de investigaciones.

Sin embargo, desde hace poco más de 150 días le siguieron la pista en un pueblo pequeño y no lo habían podido detener.

“El día 19 de agosto del 2025, aproximadamente las 19 horas, ahí en la calle Puerto Vallarta, en San Carlos, se desarrolló un evento de una de las células. Afortunadamente ahí en la carpeta se lograron recabar datos suficientes para poder solicitar al Juez un mantenimiento judicial en contra de, podemos llamar el jefe de célula de ese grupo, que en ese momento estaba operando, y que se le desactivó por otros componentes de ella; pero ayer, en conjunto la Mesa de Seguridad, en un operativo de la base operativa móvil en Ciudad de Constitución se logró detener a esta persona de apodo el Cholo 40, así lo conocen en el mundo (criminal). Se detuvo por una orden de aprehensión de homicidio en grado tentativa”, dijo Antonio López.

Según expertos en derecho penal, la liberación de una persona detenida con una orden de aprehensión por homicidio puede ocurrir si hay materia legal que impugne la validez de su detención por malas prácticas, aportar pruebas que no sostengan la culpabilidad del imputado o que la defensa argumente que no es necesaria la aplicación de la prisión preventiva, en todas ellas pierde la justicia y la ciudadanía.

En este caso ya hay un detenido con imputaciones sólidas y que presumiblemente actuó junto al Cholo 40, por el mismo delito.

Así, lo que era ya una captura segura y un movimiento de rutina, dejó mal parados al gobernador del Estado y al propio procurador; y es que inmediatamente, al día siguiente de la captura de Christian Iván, el gobierno estatal convocó a una rueda de prensa de “última hora” para difundir los resultados.

Pero, al parecer, sin un caso sólido contra el líder criminal y sin prevenir la infiltración a la Procuraduría o al propio Tribunal de Justicia del Estado, un peligroso objetivo hoy está en libertad.

“La audiencia se llevó a cabo en Ciudad Constitución y un par de agentes del Ministerio Público aquí en La Paz de la Subprocuraduría Especializada fueron los que se trasladaron para allá para llevar esa audiencia, y obtuvieron como resultado esa resolución; y vamos a preparar, independiente de lo que analicemos, vamos a preparar la apelación para que se revierta esta resolución que tuvimos”, detalló el procurador general de Justicia.

Según miembros de la Mesa de Seguridad, al analizar la información, presuntamente notaron una “clara” tendencia del juez a favor del imputado, al desvirtuar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, pero, no descartan que haya habido un mal trabajo de este último.

“Si hay responsabilidades por parte de los agentes del Ministerio Público, también vamos a tomar cartas en el asunto”, lanzó López Rodríguez.

El caso ha generado un impacto muy visible en la opinión pública, no sólo por la relevancia del “objetivo prioritario”, sino también por la amplia difusión mediática que se le otorgó desde el inicio, al tratarse de uno de los principales generadores de violencia durante el año más violento de Víctor Castro.

Aunque este hecho específico —la no vinculación a proceso— es de gran trascendencia y podría verse como un “revés”, para el procurador Antonio López no es necesariamente un caso “perdido” de manera definitiva.

“Este evento es de impacto, pero no significa que es un asunto que está perdido; únicamente fue desafortunada la no vinculación a proceso, pero seguimos trabajando en ello. Es probable que sea la apelación la que ocupemos porque consideramos que los datos que nosotros teníamos eran suficientes para vincular a proceso”, enfatizó el Procurador.

¿QUIÉN ES EL CHOLO 40?

Christian Iván Romero Acuña, alias el Cholo 40, se convirtió en un bastión de la Chapiza en el centro y norte de Baja California Sur; su principal tarea es de logística en las rutas de metanfetamina y ahora fentanilo, además de contener los embates de grupos delictivos locales y externos confabulados con la Mayiza.

Según la Procuraduría General de Justicia, en el último año fue uno de los principales ejecutores en las 113 carpetas de investigación abiertas en el 2025; sus operaciones se concentraron en los municipios de Comondú y Loreto. Antonio López Rodríguez lo señaló como cabecilla que pretendía mantener sus operaciones criminales en la zona.

“Está relacionado con los homicidios que ocurrieron en San Carlos, especialmente en el área de San Carlos y Ciudad Constitución, que ustedes saben que fueron 104 los que el año pasado ocurrieron entre las dos ciudades, y unos aquí en La Paz, pero casi prácticamente todos en Loreto y en Comondú y que es la participación de un grupo y otro. No le podemos atribuir los 104 a una célula. Sí es una persona que desafortunadamente pretendía seguir operando allí en el área”, expuso el procurador general.

Romero Acuña apareció en el mapa por su participación activa en la pelea por la plaza en la parte media de Baja California Sur; además de las dos carpetas de investigación por homicidio calificado en grado de tentativa, también hay tres carpetas más abiertas por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, portación de arma sin licencia y posesión de cartuchos útiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Su detención y puesta en libertad lo puso en la mira de las autoridades, pero también de grupos contrarios a la delincuencia organizada. La autoridad ya está buscando nuevos instrumentos legales para llevarlo tras las rejas.

“Derivado de (labores de investigación) en temas de delincuencia organizada, la Procuraduría de Alto Impacto, tiene lo que le llamamos nosotros un análisis de estructuras criminales, y viendo quiénes son los generadores de violencia, y desde ese tiempo que se desarrolló, se estuvo elaborando un plan de trabajo de esta pugna que traen los grupos de delincuencia organizada; no nada más de uno, sino de todos los intervinientes ahí para empezar a trabajar y desactivar (células)”, finalizó Antonio López.