Desde el 20 de enero de 2025 y hasta el 18 de febrero de 2026, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) informó el decomiso de 36 mil 277 armas de fuego ilegales y 2 millones 317 mil 999 cartuchos de diversos calibres en operaciones contra personas con prohibición para portar armas, integrantes de pandillas y proveedores de organizaciones criminales transnacionales, incluidas organizaciones con presencia en México. Según el informe difundido por el organismo federal, 4 mil 359 de esas armas decomisadas tenían como destino México, al igual que 648 mil 975 cartuchos que, en promedio, representaron más de mil 600 municiones aseguradas por día desde la toma de posesión del presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025.
De acuerdo con la información oficial, la ATF atribuyó estos resultados a una estrategia con alcance nacional dirigida a desarticular las redes internas e internacionales que abastecen de armamento a organizaciones criminales, incluidas las que operan en territorio mexicano. La dependencia detalló que el aseguramiento de 36 mil 277 armas de fuego ilegales y más de 2.3 millones de cartuchos se concentró en objetivos vinculados con el tráfico de armas y con cadenas de suministro que nutren a pandillas, grupos delictivos y estructuras delictivas transnacionales.
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En el comunicado, la ATF destacó que las 4 mil 359 armas y las 648 mil 975 municiones con destino a México formaban parte de los flujos de tráfico de armas procedentes de diversos estados de la Unión Americana hacia organizaciones criminales mexicanas. La dependencia subrayó que el fenómeno dejó de limitarse a los estados fronterizos del suroeste de Estados Unidos y que actualmente involucraba a entidades de todo el país, en un contexto en el que autoridades y especialistas han señalado que las armas vinculadas con delitos en México tienen origen en múltiples estados estadounidenses.
“Las armas de fuego utilizadas en delitos cada vez se originan en todos los estados del país. Esto no es un problema de la frontera suroeste, es una amenaza nacional”, declaró el subdirector de la ATF, Robert Cekada. El funcionario añadió que los agentes de la ATF “están enfocándose de manera agresiva en pandillas, cárteles y organizaciones criminales transnacionales que trafican armas de fuego de manera ilegal y convierten las calles estadounidenses en zonas de guerra”, con el objetivo de desmantelar estas redes en todos sus niveles, cortar su acceso a armamento y someter a sus integrantes a procesos penales.
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La ATF señaló que sus agentes concentran esfuerzos en la identificación y desarticulación de traficantes de armas que abastecen de equipo a personas con prohibición para poseer armas, miembros de pandillas, cárteles de la droga, migrantes en situación irregular y organizaciones consideradas terroristas. El organismo indicó que, mediante herramientas de inteligencia balística y de rastreo —como el Sistema Nacional Integrado de Información Balística (NIBIN, por sus siglas en inglés), el rastreo de armas y técnicas de análisis de ADN—, mantiene esquemas de colaboración con corporaciones policiales estatales y locales para investigar, identificar y consignar a los responsables de la violencia armada.
El reporte difundido por la ATF se inscribe en un contexto en el que autoridades mexicanas y estadounidenses han señalado el impacto del flujo de armas procedentes de Estados Unidos en la violencia generada por los cárteles en México. Diversos análisis sobre tráfico de armas indican que los suministros ilícitos de origen estadounidense se distribuyen hacia entidades mexicanas donde operan organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, en rutas que conectan estados como Texas, Arizona y California con la frontera norte de México.
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Según estudios de rastreo de armas, una parte significativa de las armas recuperadas en hechos delictivos en México se relaciona con compras realizadas en casi todos los códigos postales de Estados Unidos, lo que refuerza la caracterización del tráfico de armas como un fenómeno de alcance nacional y no solo fronterizo. La información disponible apunta a que los traficantes utilizan corredores terrestres que replican, en sentido inverso, rutas empleadas por el tráfico de drogas, lo que permite a las organizaciones criminales mexicanas mantener una capacidad de fuego sostenida frente a fuerzas de seguridad y grupos rivales.
La ATF precisó que, de manera paralela a las operaciones contra el tráfico ilícito, mantiene su mandato de proteger a las comunidades estadounidenses frente a delitos cometidos con armas de fuego, explosivos y actos de incendio, al mismo tiempo que salvaguarda el comercio lícito y el respeto a la Constitución. La dependencia reiteró que sus acciones se concentran en decomisar armamento en manos de personas y grupos que lo utilizan con fines delictivos, mientras que las armas aseguradas son devueltas a sus legítimos propietarios cuando procede o, en su caso, destruidas conforme a los procedimientos legales vigentes.
El comunicado concluyó que el Gobierno de Estados Unidos continuará impulsando investigaciones y acciones coordinadas para identificar y cortar las cadenas de suministro de armas que llegan a pandillas y organizaciones criminales, incluidas las que operan en México. La ATF indicó que, conforme avance la estrategia implementada desde el 20 de enero de 2025, se prevé mantener y fortalecer los operativos dirigidos a reducir el flujo de armamento hacia grupos delictivos, así como mejorar los mecanismos de cooperación con autoridades mexicanas en materia de rastreo e intercambio de información sobre armas utilizadas en hechos de violencia.
