Luego de exhibirse el abandono de adultos mayores que viven en el asilo El Refugio, se debe replantear la política de atención a poblaciones vulnerables en Baja California
Existe una idea preconcebida de que los adultos mayores están protegidos, que son considerados como un eje central de la política asistencialista de México, y que su realidad cambió a partir del 2018, cuando los gobiernos emanados de Morena aterrizaron para brindar apoyos de algunos miles de pesos al mes.
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Sin duda, la pensión del Bienestar para Adultos Mayores es uno de los éxitos más grandes en los gobiernos morenistas, pero hasta en eso hay clases. Hay quienes reciben beneficios, pero entre la diversidad de condiciones en las que viven las personas en senectud, los más pobres, los invisibilizados, quedan fuera de este margen.
En la edición pasada de este Semanario se pudo exhibir, mediante denuncias anónimas, que los adultos mayores que viven -y padecen- en el asilo de ancianos el Refugio de Tijuana son los nadie, los ninguneados, los que “valen” menos que la pensión que les otorgan cada bimestre.
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En Baja California ya conocemos lo que es el abandono institucional de los adultos mayores y sus consecuencias, cuando en junio del 2015, una veintena de inquilinos del asilo Hermoso Atardecer, del Ejido Querétaro, quedaron atrapados en las llamas a raíz de una falla eléctrica que se generó en una de las habitaciones; nadie pudo salvar a los residentes de la casa hogar, donde se confirmó que las medidas de seguridad y protección civil se encontraban en condiciones inadecuadas.
Versiones intentaron desvirtuar el origen del incendio y argumentaron que había elementos para sospechar que el fuego fue provocado. Sin embargo, los análisis finales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con apoyo de peritos de la PGR, confirmaron que las consecuencias se derivaron de omisiones de la administración, las cuales no fueron vistas por funcionarios municipales y estatales encargados de garantizar la operación de los mismos.
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La respuesta de la entonces presidente del DIF, Brenda Ruacho de Vega, fue endurecer las medidas en contra de los albergues de todo tipo, intentando cerrar algunos, cuando el verdadero problema es que muchas de las instituciones a las que apoyaban en aquel entonces eran casas hogar de papel, para justificar la entrega de recurso público.
El secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, fue cuestionado por ZETA sobre las condiciones del asilo el Refugio, a lo que dijo que ya habían acudido anteriormente a brindar atención y no tenían detectados casos de abusos. Sin embargo, tras la denuncia pública -aseguró- reforzaron la vigilancia en ese lugar.
La atención a los adultos mayores es un tema transversal, sobre todo cuando se encuentran en condiciones graves de vulnerabilidad, pues además de la Secretaría de Salud, se debe incluir a DIF, Secretaría del Bienestar e incluso Secretaría de Educación, con el objetivo de garantizar y dignificar la vida de personas sin familia, sin hogar, migrantes, y demás víctimas de la sociedad.
ZETA solicitó información relacionada sobre albergues acreditados para la atención de personas mayores, pero la Dirección de Comunicación Social indicó que no existe propiamente un padrón con estas características en específico. Dentro de la Dirección del DIF Estatal, se pudo confirmar que existe un subprograma enfocado directamente a la atención de adultos mayores cuyo presupuesto aprobado es de cuatro millones 144 mil 169.52, según la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en 2025.
Del mismo modo, la Dirección Nacional de Instituciones de Asistencia Social del DIF Federal no reconoce agrupaciones u organizaciones de la sociedad civil y gubernamental a quienes se les brinda apoyo, salvo las propias instalaciones del DIF Estatal, lo que quiere decir que no existe coordinación entre los grupos de asistencia que tienen registrados el Estado y la Federación.
