Integrantes de los primeros parlamentos de mujeres que se llevaron a cabo en Baja California Sur se activaron en contra de una reforma que buscaba modificar la temporalidad e, incluso, determinar quiénes sí y quiénes no podían participar en este ejercicio cívico-ciudadano de representación. Aunque lograron frenar algunas propuestas, recalcaron que hubo modificaciones que cambiaron el sentido de este espacio y que no fueron escuchadas del todo por la XVII Legislatura del Congreso del Estado.
Las parlamentarias evidenciaron en una conferencia de prensa que esta iniciativa era de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Arlene Moreno Maciel, quien en noviembre de 2025 estuvo en el ojo de la discusión pública por no haber llevado a cabo el Cuarto Parlamento de Mujeres, ya que era parte de sus responsabilidades como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado.
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Lo que preocupó a las parlamentarias fue que se proponía ya no llevar a cabo el Parlamento de forma anual, además de que no se fijaba ni se garantizaba un presupuesto específico para realizar este espacio.
“Lo primero que preocupaba es que quitaba un decreto que no había ninguna razón para quitar, si vas a quitar algo es porque lo vas a mejorar. Y cuando tú dices: ‘En lugar de hacerse uno anual, vamos a hacerlo cada Legislatura y lo que vamos a hacer son foros, y quienes vamos a ir somos las diputadas y no las participantes porque se gasta mucho’. Entonces, tú dices, ¿qué es esto? Ella tenía este proyecto de hacer foros, de que fueran ellas, de que se gastara menos. El sentido y déficit de democracia en toda la propuesta que ella hacía nunca lo vio”, expuso Alma Margarita Oceguera, integrante de los primeros parlamentos de mujeres.
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SE LEVANTARON CONTRA LA REFORMA
Ante esta propuesta, un grupo de integrantes de ediciones anteriores de este espacio de participación se reunieron afuera del Congreso del Estado para denunciar que la iniciativa era violatoria de derechos humanos e inconstitucionales.
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“Las personas y organizaciones firmantes solicitamos respetuosamente a este honorable Congreso a no aprobar la iniciativa firmada por la diputada Arlene Moreno Maciel, mediante la cual se pretende instituir el Parlamento de Mujeres de Baja California Sur, derogando los decretos 2560, 2830 y 3043 por tratarse de una propuesta agresiva, inconstitucional e inconvencional”, leyeron en una carta que enviaron también al Poder Legislativo.
Argumentaron que la iniciativa vulnera los principios de progresividad y la producción de regresividad, consagrados el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al eliminar, sin justificación objetiva, mecanismos normativos que garantizan el derecho de las mujeres a la participación política y ciudadana.
Asimismo, señalaron que dicha reforma contravenía la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, particularmente los artículos 2 y 7, que obligan al Estado Mexicano a adoptar medidas legislativas para garantizar la participación plenas de las mujeres en la vida pública y prohíben cualquier acción que tenga como efecto restringir o menoscabar derechos ya reconocidos.
De igual forma, precisaron que la iniciativa resulta incompatible con la convención americana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, al debilitar espacios institucionales de participación política que constituyen herramientas de prevención de la violencia estructural y simbólica, al excluir, limitar o centralizar de manera discrecional la voz de las mujeres.
“La concentración de facultades definitivas e inapelables en un solo órgano legislativo, sin contrapesos ni mecanismos de revisión, reduce la participación democrática, vulnera estándares de parlamento abierto y profundiza las desigualdades que el Estado está obligado a combatir”, subrayaron.
Ante estos fundamentos, advirtieron que si esta reforma era aprobada tal y como estaba escrita, había riesgo de acción de inconstitucionalidad y control de convencionalidad por contravenir la Constitución y los tratados internacionales, así como una posible invalidez del decreto, generando incertidumbre jurídica y responsabilidad legislativa.
También señalaron riesgo de retroceso institucional en la protección y promoción de los derechos políticos de las mujeres.
“Los derechos políticos de las mujeres no son negociables, ni pueden ser reducidos bajo ningunos argumentos administrativos, por ello solicitamos que esta iniciativa tal y cual la presentó la pasada semana no sea aprobada en sus términos y que cualquier forma se construya bajo el principio de máxima protección de los derechos humanos, por consulta amplia y efectiva a las mujeres del estado”, recalcaron.
Asimismo, informaron que el 11 de diciembre se entregó un documento a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado en el que hicieron estas precisiones y expusieron este análisis de riesgos, pero no obtuvieron respuesta.
LOS HECHOS
En una línea del tiempo de los sucesos involucrados en esta lucha y denuncia ciudadana, Alma Margarita Oceguera recordó todos los hechos que se han registrado desde hace unos meses y que giran en torno a esta defensa que han encabezado.
Expuso que en noviembre de 2025, Patricia Ramírez, integrante de la primera edición del Parlamento de Mujeres, exigió que se realizara el encuentro, sin embargo, la diputada Arlene Moreno Maciel respondió que acudieran a ella si no se llevaba a cabo el Parlamento una vez finalizado ese mes, argumentando que todavía quedaba tiempo, hecho que quedó documentado en video.
“Pasando la fecha, hicimos una conferencia de prensa denunciando la omisión de la Comisión de Igualdad de Género, que no está cumpliendo con su obligación, no está priorizando garantizar los derechos de las mujeres ni tampoco el presupuesto”, señaló.
“Cuando hicimos esta conferencia de prensa, explicamos que lo único que estábamos exigiendo era que se hiciera en marzo, en el marco del 8 de marzo, el Parlamento de Participación Política de las Mujeres, que no se había celebrado en noviembre por la omisión y el uso indebido de haber ejercido un recurso que estaba etiquetado para el mismo”, agregó.
En este escenario, Alma Margarita Oceguera comentó que hicieron una solicitud al Congreso del Estado, no dirigida a la Comisión de Igualdad de Género, ya que el Poder Legislativo estaba siendo omiso en no señalar la falta de esta comisión.
En este oficio pidieron que el presupuesto al Cuarto Parlamento de Participación Política de las Mujeres, que no se ejerció en noviembre de 2025, se aplicara de forma extraordinaria y por única ocasión para el 8 de marzo.
También demandaron que el Congreso tutelara la designación del presupuesto correspondiente para el próximo Parlamento de las Mujeres para el 25 de noviembre de 2026.
“¿Por qué esto es importante? Porque los Parlamentos de las Mujeres obedecen a acciones afirmativas. Surgen para fortalecer los liderazgos, para garantizar que las mujeres, efectivamente, tengamos mayor experiencia, mayor participación y las brechas de desigualdad que tenemos con los hombres no existan, que se vayan erradicando”, subrayó Alma Margarita.
“Y ella pretende desaparecer eso que por decreto está estipulado que se celebre anualmente de un plumazo por quién sabe qué, pero no le corresponde y está violentando lo que ya está en este boletín”, añadió.
De igual manera, informaron que el 11 de diciembre interpusieron una queja ante la Contraloría del Congreso del Estado, sin embargo, aún no han obtenido respuesta.
“Lo único que sí le exigimos es que conteste por escrito, ya que la queja, denuncia, está fundada en el artículo octavo constitucional que es el derecho de petición, donde todo servidor público tiene la obligación y la responsabilidad de contestarnos lo que él haya investigado de lo que se pide”, expresaron las parlamentarias.
“Presentamos una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que también fue remitida ante un visitador, pero también es momento que ese visitador no se apersona”, acusaron.
APRUEBAN NUEVO DECRETO
El jueves 5 de febrero, la XVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó el decreto propuesto por la diputada Arlene Moreno Maciel, sin embargo, las parlamentarias señalan que ya no era el mismo.
A pesar de que se quitaron modificaciones como la temporalidad, acusaron que sigue siendo un asunto regresivo y que no fueron escuchadas del todo.
La principal molestia es que el Congreso del Estado y la propuesta de Moreno Maciel no establecen una garantía para que se salvaguarde el presupuesto del Parlamento de Mujeres cada año.
Asimismo, expusieron que ahora el Parlamento se cambió para el mes de marzo, lo cual, desde la perspectiva de las manifestantes, no tiene sentido con el origen de este espacio de participación ciudadana.
Recalcaron que el 8 de marzo es un día de lucha, de reiteraciones y de gran carga simbólica en la defensa de los derechos de las mujeres, no obstante, enfatizaron que el trasfondo es distinto al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Por lo anterior, las parlamentarias confirmaron que solicitarán directamente al gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, que vete el decreto aprobado por el Congreso que incluye estas modificaciones y omisiones.
INTERPONEN QUEJA
Por otra parte, Elva Soto Camacho, quien fue integrante del Segundo Parlamento de Mujeres, interpuso un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, que quedó bajo el expediente TEEBCS-JDC-01/2026.
Lo anterior ante la omisión en la que incurrió la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado por no realizar el Parlamento de Mujeres de noviembre de 2025.
“Esta acción se promueve con el objetivo de que se tutelen y garanticen los derechos político-electorales de las mujeres, particularmente el derecho a la participación en la vida pública y política mediante mecanismos institucionales previstos en la ley”, expresó.
Elva Soto expuso que este recurso lo promovió por la no expedición de la convocatoria con al menos treinta días de anticipación a la instalación del Parlamento de Mujeres 2025, así como por la no realización del espacio de participación como lo establece la normatividad vigente.
Agregó a la lista de motivos la omisión de prever y destinar recursos presupuestarios suficientes para su celebración, pese a tratarse de una obligación legal, y la falta de adopción de medidas alternativas o correctivas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de participación política de las mujeres.
“El Parlamento de las Mujeres es un mecanismo institucional diseñado para fortalecer la participación de las mujeres en los asuntos públicos y en la construcción de la agenda legislativa; su no realización impacta directamente en el derecho de las mujeres a incidir en la vida pública y política del estado”, enfatizó Elva Soto.
