Vicealmirante acusado de huachicol fiscal envía carta a CSP; “Se me quiere fabricar como culpable”, dice

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido desde el 2 de septiembre de 2025 en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1 “El Altiplano” por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para solicitar su intervención en el caso y denunciar lo que calificó como fabricación de delitos y un proceso judicial viciado.

En la misiva, fechada el 26 de enero de 2026 y difundida por su defensa legal, Farías Laguna manifestó que el proceso en su contra ha sido “politizado” y “corrupto”, con un “efecto corruptor” que le ha impedido llevar una defensa adecuada. El marino, quien cuenta con 33 años de servicio ininterrumpido en la Armada de México, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR), instancias judiciales y la Secretaría de Marina (SEMAR) de tratarlo como culpable desde el inicio de las investigaciones.

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“Se me quiere fabricar como culpable, iniciándose una investigación por un video de YouTube que no existe, y de ahí forzando una serie de datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones que al día de hoy les ha servido para mantenerme privado de la libertad”, señaló Farías Laguna en la carta dirigida a la titular del Poder Ejecutivo Federal. El vicealmirante describió su situación como “un proceso viciado y, en ocasiones hasta perverso, parecería más un ánimo de venganza que de justicia”.

Farías Laguna denunció que la SEMAR lo dio de baja de la institución el 18 de diciembre de 2025 “de una manera ilegal”, un intento que, según argumentó, busca terminar con su carrera profesional sin que haya concluido el proceso legal en su contra. Contra esta determinación, el marino interpuso recursos legales para salvaguardar sus derechos y prestaciones sociales.

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Respecto al proceso judicial, el vicealmirante detalló que desde el 10 de noviembre de 2025 solicitó acceso a la investigación complementaria contenida en la carpeta 5608/2025, pero hasta la fecha no se le ha facilitado información alguna. “A la fecha no se me ha facilitado nada de lo peticionado, siendo esto de vital importancia para llevar una defensa adecuada ante lo que se me imputa y poder demostrar mi inocencia, y que yo no tuve nada que ver en el delito que pareciera que forzosamente se me quiere hacer culpable”, afirmó en la carta.

El marino enfatizó el impacto que la situación ha tenido en su entorno familiar: “Una afectación a mi familia que quedará como una huella para toda la vida en mi esposa y mis hijas menores, al quererme culpar de algo que yo no hice ni tuve participación alguna”. Farías Laguna mencionó que ya había escrito previamente a la presidenta de la República sin obtener resultados satisfactorios, por lo que reiteró su petición de revisión del caso.

El 22 de enero de 2026 se llevó a cabo una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez que abordó la entrega incompleta de la carpeta de investigación, situación que ha derivado en multas a la FGR desde noviembre de 2025 por incumplimiento. La jueza de control Mariana Vieyra Valdez ordenó a la FGR entregar de forma íntegra los 20 tomos de la carpeta de investigación, fijando como plazo máximo el 27 de enero de 2026 a las 10:00 horas.

Epigmenio Mendieta, titular del despacho que encabeza la defensa de los hermanos Farías Laguna, argumentó que la resolución judicial “pone límite a la discrecionalidad del Ministerio Público” y obliga a entregar la carpeta completa del caso. La jueza determinó que, aunque las copias pueden ser testadas, la carpeta original deberá ponerse a la vista de la defensa sin testaduras, y cualquier intento de reservar información deberá justificarse en una audiencia privada bajo control judicial.

El caso de los hermanos Farías Laguna, conocido como la red “Los Primos”, se convirtió en uno de los escándalos de corrupción más graves para la SEMAR durante 2025. Los hermanos, sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, quien ocupó el cargo de secretario de Marina durante la administración de Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2024, fueron señalados por la FGR como presuntos líderes de una organización criminal que habría permitido el ingreso ilegal de hidrocarburos a México a través de puertos y aduanas controladas por la SEMAR.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en Sonora por elementos de la FGR, la SEMAR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en un operativo que resultó en la captura de 14 personas, entre ellas empresarios, marinos en activo y exfuncionarios de aduanas. El marino fue vinculado a proceso el 7 de septiembre de 2025 por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos y permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano bajo prisión preventiva oficiosa.

Por su parte, el contralmirante Fernando Farías Laguna permanece prófugo de la justicia desde septiembre de 2025, cuando se dio a conocer oficialmente la investigación sobre la red de huachicol fiscal. La SEMAR informó que el marino alcanzó a cobrar su quincena del 15 de septiembre de 2025, y que actualmente enfrenta un procedimiento por deserción tras faltar tres días continuos a sus labores, conducta que se configuró el 11 de septiembre de 2025.

La defensa de los hermanos Farías Laguna presentó juicios de amparo para impugnar los procedimientos administrativos de baja iniciados por la SEMAR. En el caso de Fernando Farías Laguna, obtuvo una suspensión definitiva que impide a la Marina emitir una determinación hasta que el juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dicte sentencia en el expediente número 2006/2025.

El despacho Epigmenio Mendieta y Asociados argumentó que, en el caso del personal de las Fuerzas Armadas y en particular de quienes integran la milicia permanente, la separación definitiva del servicio, la baja o la suspensión de haberes únicamente deben derivarse de una sentencia ejecutoriada o de un procedimiento administrativo debidamente instaurado y resuelto, con pleno respeto al debido proceso. La defensa señaló que la existencia de una investigación penal, una vinculación a proceso o incluso una orden de aprehensión no constituyen una sanción ni autorizan legalmente a privar a una persona de derechos adquiridos sin una resolución firme, fundada y motivada.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó el 22 de enero de 2026, durante una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizada en el estado de Puebla, que ya fueron dados de baja cuatro mandos navales vinculados al caso de huachicol fiscal, incluidos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna. El funcionario federal explicó que los elementos separados del servicio activo tienen un plazo de 15 días para presentar sus recursos legales de revisión.

La investigación de la FGR señala que los hermanos Farías Laguna habrían utilizado su posición dentro de la Marina para influir en operaciones portuarias en Altamira y Tampico, facilitando el ingreso de al menos 31 embarcaciones con combustible de contrabando entre 2023 y 2025. El esquema incluiría la falsificación de documentos, la simulación de cargas declaradas como aditivos para aceites lubricantes, y la evasión de impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y aranceles.

El caso más emblemático vinculado a la red criminal fue el decomiso del buque Challenge Procyon, de bandera singapurense, que arribó al puerto de Tampico el 19 de marzo de 2025. Las autoridades federales anunciaron inicialmente el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel, presentándolo como el mayor decomiso de combustible ilegal en la historia de México. Sin embargo, documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revelados en enero de 2026 por periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad confirmaron que el cargamento real era de 20.9 millones de litros de combustible ilegal, el doble de lo reportado oficialmente.

En septiembre de 2025, un juez federal vinculó a proceso a Farías Laguna y nueve implicados más, ratificando prisión preventiva oficiosa para la mayoría, con un plazo de seis meses para la investigación complementaria. Entre los procesados figuran capitanes de navío como Humberto Enrique “N” y Clímaco “N”, así como funcionarios de aduanas. El juez rechazó traslados a prisiones militares pese a reportes de amenazas en el Altiplano.

El abogado Epigmenio Mendieta sostuvo que las acusaciones por huachicol fiscal carecen de pruebas sólidas y que se trata de una persecución de “chivos expiatorios”. Planteó que el entramado descrito por la Fiscalía -que incluye la importación de millones de litros de combustible desde el extranjero, el uso de buques tanque y una compleja logística de distribución nacional- no podría ser operado por dos mandos de nivel medio, ya que declaró que “no tendrían la capacidad económica ni operativa para hacer algo de esa magnitud”.

La defensa también ha considerado plantear que la justicia militar asuma el caso, argumentando que “cuando se cometen delitos que son contra el fuero militar, a los militares se les juzga por la justicia militar”. Según Mendieta, “si supuestamente están diciendo que la actividad fue desarrollada dentro de la propia Marina, estaríamos en este supuesto”.

El huachicol fiscal ha provocado un quebranto al fisco federal estimado en 600 mil millones de pesos, según informó Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en octubre de 2025. La funcionaria detalló que este monto corresponde a investigaciones por el ingreso ilegal de gasolinas, las cuales son introducidas al país haciéndolas pasar por otros productos para evadir el pago de impuestos.