Cinco organizaciones adscritas al rubro del transporte acusaron que desde noviembre de 2024, policías de Tijuana han extorsionado a transportistas al exterior de los parques industriales y otros puntos de la ciudad, allegándose de montos de entre 15 mil y 22 mil pesos; requeridos a cambio de no mandar sus tractocamiones al corralón.
Las organizaciones denunciantes (Fematrac, CTM, Indeco, Conatram, Asociación de Transportes Independientes de BC), señalaron que los agentes operan en colusión con personal de arrastre para coaccionar a los conductores.
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“Llegan a los parques industriales, los camiones perfectamente estacionados para entrar a un parque industrial o que estén esperando a descargar. Llega la grúa, los engancha y con un policía por un lado el policía dice que es una multa el que esté estacionado en la calle. Entonces dice ‘pero arréglate con el de la grúa’ y el de la grúa empieza con que 20 mil, le baja a 15 mil y como se deje”, manifestó en entrevista con ZETA Lupita Sandoval, portavoz del Sistema de Protección a Industrias Organizadas, en el cual están agrupadas las consabidas organizaciones.
Indicó que una vez que se verifica el depósito de la cantidad convenida, vía transferencia electrónica, el conductor de la grúa interrumpe su trayecto y desengancha el tractocamión.
“Estamos hablando de cinco, seis, siete, ocho troques en un área y luego se van a otra”, expuso a propósito de la cantidad de tractocamiones a cuyos conductores estarían extorsionando los policías a diario.
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En el artículo 61 el Reglamento de Tránsito y Control Vehicular del Municipio de Tijuana, Baja California establece que “está prohibido estacionarse en la vía pública en todo momento al transporte de carga pesada”.
Sandoval recalcó que el transportista “tiene que bajar su mercancía o subir mercancía o llegar a los puntos adónde va a descargar”. Acusó que los oficiales se valen de la prohibición de estacionarse para extorsionar a los camioneros en lugar de infraccionarlos.
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Refirió que incluso ha habido casos de cobro mensual de “2 mil pesos” establecido por integrantes de la corporación policíaca para que los choferes puedan estacionarse y descargar mercancía.
“Ellos se empezaron a quejar en el mes de noviembre del año pasado, que tenían abusos por parte de la policía municipal. Nosotros incluso no creímos que se diera esta situación. Les pedimos evidencias y se acercaron conmigo; en lo particular personas de Sonora, de Sinaloa, demostrando que efectivamente había cobros de piso en Tijuana”, aseveró.
“Nos hicieron llegar audios, transferencias y cómo es que los hostigan para que paguen mes con mes”, agregó.
Sostuvo que con todo y que el 7 de junio remitió tales quejas al presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, “los oficiales que él sabe siguen operando”.
En alusión al alcalde emanado de Morena, abundó: “Le presenté los audios, le expliqué en qué consistía la corrupción que se estaba teniendo con el transporte de carga y algunos elementos; cabe aclarar, de la policía municipal y ahí los choferes de concesionarios de grúas del municipio. Él me pidió que se lo mandara a uno de sus colaboradores. Se comunicó conmigo el colaborador, me dio su nombre, me dio su teléfono y ya en ese mismo momento le hice llegar todas las evidencias”.
Añadió que Burgueño quedó en reunirse con integrantes del Sistema de Protección a Industrias Organizadas (SPIO) el lunes siguiente. “Él ya sabía que no iba a estar en la ciudad porque voló el domingo 8 a la reunión nacional de los alcaldes del país”, señaló.
A decir de la entrevistada SPIO, no volvió a sostener un encuentro con Burgueño y mientras que al alcalde “se le presentó todo para que actuara en consecuencia no ha hecho nada”.
Sandoval aludió a un período en el que había más cruces de tractocamiones a Estados Unidos de tal suerte que “el negocio era robar a los que se ingresan a la fila o cobrarle a los que manejan perecederos, para ingresar rápido en la fila”.
Pero “ahora que las filas han bajado, que no hay el mismo movimiento de comercio exterior, pues (los policías) buscan otra manera de operar, que es por toda la ciudad, buscando hacerse de recursos”, denunció.
Habló de “tres grupos” de la corporación policíaca dedicados a cometer los actos denunciados. “Uno con 18 elementos, otro con cinco, son varios los que extorsionan”, indicó.
“Está el 03 Camacho, está el 015 Rodríguez”, dijo en referencia a los elementos que estarían encabezando dos de las “células” a las que hizo alusión.
De acuerdo con la portavoz de SPIO, un elemento de la policía la amenazó por conducto de un tercero en razón de los pronunciamientos que en distintas ocasiones ha formulado por presuntas prácticas de extorsión.
“Me habló una persona para decirme que me cuidara porque el oficial este había manifestado que lo voy a conocer. Rodríguez, se llama el oficial”, expuso.
Dijo haber audios en los que se le escucha al agente pedir cuota por permitir que transportistas se estacionen en la vía pública. Compartió una grabación en la que se aprecia una voz indicar: “No depositó, jefe, no depositó. Debe noviembre”.
Dio a conocer que el 22 de diciembre procedió en contra del uniformado ante la Fiscalía General del Estado.
Tráileres no van directo a corralón, en casos de infracción
Sandoval aseguró que los transpo tistas suelen optar por negociar con la policía para recuperar el tractocamión, en lugar de permitir que se les infraccione, en vista de que aun con la infracción el vehículo no va directamente al corralón.
“Ha sucedido y tenemos casos documentados donde se queda el camión; el de la grúa se los lleva, pero no lo mete al corralón, lo deja afuera y les advierte ‘bueno, eran 15 o 20; ahorita ya son 40 si quieres, si no, lo voy a meter al corralón”, expresó.
Detalló que tratándose de conductores procedentes de otras entidades federativas el dueño del camión debe acudir a Tijuana a efecto de recuperarlo.
“Tenemos un caso documentado, donde la madrugada de un miércoles lo detuvo una patrulla al operador en una avenida de la Sánchez Taboada. En la mañana preguntamos qué pasaba con el camión y que pues estaba remitido a la fiscalía. Se fue a la fiscalía y la fiscalía dijo que no tenía ningún IPH (Informe Policial Homologado), donde hubiera remitido ningún camión”, mencionó.
Sostuvo que por tales hechos el propietario de la unidad se tuvo que desplazar del centro del país al municipio fronterizo y que una vez en Tijuana no dio con algún documento oficial en el que se constatara el remolque del tractocamión: “Ellos aparentemente sí fueron a Sindicatura. Tuvieron que venir de Querétaro a rescatar su camión; pero duraron, qué le gusta. Tres días”.
Agregó que a raíz de ello SPIO recomendó a los choferes reportar como robo cualquier arrastre ejecutado sin documento oficial de por medio.
“Si vamos a fiscalía es más de lo mismo”
Si bien Sandoval aludió a una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presuntas amenazas en su contra, admitió que en lo concerniente a las prácticas de extorsión en las que habrían incurrido elementos de la policía, no se ha solicitado una investigación en la FGE.
“El asunto es exhibirlos”, dijo la vocera de SPIO.
“O sea, ya sabemos que si vamos a la fiscalía es más de lo mismo, porque ya nos explicaron y eso se lo digo con las reservas de que a mí no me consta, pero nos explicaron que era un compromiso que tenía el alcalde con la gobernadora (Marina del Pilar Ávila Olmeda), que es que el secretario de gobierno (Arnulfo Guerrero León) está haciendo la colecta para Carlos Torres (con quien la mandataria estatal inició un proceso de divorcio). Ahora que Carlos Torres ya no está ya salió a decir que él quiere ser alcalde de la ciudad”, aseveró.
Secretario “tomó cartas en el asunto”: burgueño
Abordado por este semanario el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, refirió haber atendido en su momento a los transportistas y manifestó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, José Alejandro Avilés Amezcua, igualmente los atendió y “tomó cartas en el asunto”.
Avilés Amezcua, quien el 22 de diciembre participó junto al alcalde y la síndica Teresita Balderas Beltrán en un acto de entrega de patrullas, sostuvo que para la SSPCM no resulta fácil darle seguimiento a un caso cuando no hay una denuncia formal.
“Si no tenemos a la parte afectada, si no tenemos a la parte querellante, que se acerque a las autoridades, denuncie estos hechos; es muy complicado para nosotros irnos con alguna publicación o irnos con algún comentario quizás hasta en redes. Es como se ha venido manejando algunos de estos temas”, observó.
“Lo contundente es la denuncia, la denuncia en la cual yo afectado puedo señalar concretamente algo y entonces eso no tiene vuelta para atrás”, expuso e hizo un llamado a los transportistas: “Cuenten con todo nuestro apoyo, no tienen por qué dar ningún moche, ninguna mordida”.
Alertó que, si un transportista opta por eludir el Reglamento de Tránsito y Control Vehicular y accede a darle dinero a un oficial a fin de evitar el remolque de su vehículo, “se vuelve parte del problema”.
Recalcó que en todo caso quienes se digan víctimas de extorsión procedan con la presentación de una denuncia formal.
La síndica procuradora, a su vez, mencionó que el órgano de control a su cargo sostuvo encuentros al inicio de la administración con la Cámara Nacional de Transporte de Carga.
“Ellos quedaron de revisar precisamente el esquema que estaban manejando los choferes de estos tractocamiones. Nosotros les ofrecimos darles certeza, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, que ninguno de estos hechos iba a quedar impune”, acentuó.
Sostuvo que, con todo y las reuniones sostenidas, en Sindicatura no obra una sola denuncia por presuntos actos de extorsión policial a transportistas.
“Lo que descubrimos es que sí se había convertido un hábito y lo digo también con mucha responsabilidad entre transportistas acceder a este tipo de situaciones con el fin de brincar algún tipo de norma. Por eso es importante para nosotros el que, al tener específicamente estos hechos denunciados, nosotros podemos actuar”, estableció.
“Perseguir algo de oficio es muy complicado”, de cualquier manera, “lo hacemos, pero como no tenemos la otra parte sí cuesta mucho trabajo recabar o indagar en los hechos que suceden”, refirió.
Lupita Sandoval sostuvo que el 13 de diciembre expuso el caso de presuntas extorsiones de agentes de la policía a transportistas ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezada por Omar García Harfuch. Aseguró que la dependencia federal le notificó que canalizaría la queja a la Fiscalía General del Estado de Baja California.
