Sayuri Arrevillaga, quien es sobreviviente de violencia vicaria, la omisión institucional de la que ha sido víctima al tratar de dar con el paradero de su hijo menor de edad, Damián Alejandro de 15 años, quien podría encontrarse en riesgo grave bajo el cuidado de su padre, quien tiene antecedentes violentos.
“Estoy aquí exigiendo que las autoridades esta vez me escuchen y que no esperen a que suceda una tragedia, que pongan en resguardo a mi hijo y bajo protección del DIF Estatal en lo que se lleva el proceso jurídico que inicié desde el año 2022 para recuperarlo”, mencionó Sayuri.
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Según relató Sayuri, ella fue violentada por su ex esposo Luis Daniel Jiménez Pérez durante todo su matrimonio, por lo que se separó de él en 2019. Sin embargo, éste sustrajo a su hijo en el año 2022, y desde entonces el caso sigue su curso en el Juzgado Quinto de lo Familiar, a cargo de la jueza Aleyda Villegas, bajo el expediente 611/2022. Pero hasta ahora ninguna autoridad ha buscado verificar el estado del menor, razón por la exigió la intervención de Fiscalía General de Baja California (FGE) y del Poder Judicial del Estado (PJBC).
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La preocupación por Damián se agravó cuando Sayuri recibió un mensaje el pasado jueves, a través de redes sociales, de parte de Liliana, hermana de la actual madrastra de su hijo, Magali, quien junto con el padre del adolescente Luis Daniel Jiménez Pérez, mantienen actualmente la custodia de facto del menor, esto para proporcionarle información urgente sobre Alejandro.
Lo anterior debido a que la familia de Magali recibió información sobre que ésta había intentado suicidarse, acabando hospitalizada en el Hospital General de Tijuana, esto derivado de la violencia que Luis Daniel ejercía contra ella y Damián.
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Por ello y ante la negativa constante de no informar el paradero de Damián Alejandro, y considerando el historial de violencia previamente denunciado, la familia de Magali comenzó a temer por la integridad del menor y la mujer, por lo que la madre de esta última se trasladó desde Guerrero hasta Tijuana, para verificar la situación, encontrándose con que el menor no estaba en la casa de su padre y que Magali estaba en malas condiciones sin comida ni agua.
Tras ello, con el apoyo de CESODI, Sayuri llamó al 911 para reportar la desaparición de Damián, generando el folio de atención 127934, no obstante, aun después de haber presentado la denuncia formal, la cual está registrada como RAC 0204-2026-2818, la respuesta de las autoridades fue insuficiente, pues hasta el día de hoy no se ha proporcionado información clara ni se han implementado acciones eficaces que garanticen la protección del menor.
Incluso la familia de Magali, y no la FGE, fue quien le informó a Sayuri que Damián supuestamente ya había sido localizado, pero a la fecha no ha recibido información oficial sobre el estado del menor.
“Al día de hoy no he recibido una respuesta clara con acciones eficaces para proteger a mi hijo, quien estuvo en días pasados inmerso en una clara situación de violencia y peligro provocada por su padre, quien cuenta con antecedentes de ser violento, además de haber atentado contra su vida cuando vivíamos juntos”, expresó Sayuri.
Ante esto el Colectivo CESODI emitió un posicionamiento en el que manifestó:
“Desde CESODI, hacemos responsable directa y públicamente a Luis Daniel Jiménez Pérez de cualquier daño que pudiera ocurrirle a Sayuri, a su hijo, a la madrastra o a la familia de ella. Se trata de una persona violenta que ha intentado silenciar y amenazar, incluso mediante amenazas explícitas. Existe miedo, y aun así hoy las familias están aquí, dando la cara y exigiendo que las autoridades escuchen y actúen de manera inmediata. Hoy no hay una sola víctima. Hoy hay otra mujer violentada, un niño en riesgo y dos familias atravesadas por la violencia y la negligencia institucional”.
