La caída de Nicolás Maduro Moros, ahora expresidente de Venezuela, capturado por fuerzas estadounidenses en una operación de gran escala este 3 de enero de 2026, marca el colapso de una de las estructuras de narcoterrorismo más complejas y duraderas de la historia moderna. Según la acusación formal sustitutiva de la justicia de Estados Unidos, Maduro no sólo fue el heredero político de Hugo Chávez, sino el arquitecto de un sistema criminal que convirtió a las instituciones del Estado venezolano en herramientas de una empresa de tráfico de drogas a nivel global.
Bajo el mando de Maduro y el denominado Cártel de los Soles -una élite militar y política corrupta-, Venezuela se transformó en el nodo central de una red que asoció a grupos terroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la banda trasnacional Tren de Aragua (TDA) y los dos pilares del crimen organizado en México: el Cártel de Sinaloa (CDS) y Los Zetas. Este esquema delictivo, que operó por más de un cuarto de siglo, utilizó el territorio mexicano como su principal muelle de descarga, consolidando una cultura de corrupción que infiltró a las fuerzas de seguridad de ambos países para inundar de cocaína el mercado estadounidense.
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Al menos así se desprende de la indagatoria estadounidense que acusa al régimen chavista (desde que Maduro era ministro de Relaciones Exteriores) de operar bajo una lógica de narcoterrorismo, donde el tráfico de drogas servía para financiar agendas políticas y militares mientras se utilizaba el poder estatal para proteger a delincuentes. En el centro de esta conspiración se encuentra el Cártel de los Soles, un sistema clientelar presuntamente liderado por Maduro y figuras como Diosdado Cabello Rondón, actual ministro del Interior y Justicia, y Ramón Rodríguez Chacín.
Estos funcionarios no sólo facilitaron el tránsito de drogas, sino que proporcionaron refugio seguro a las FARC y al ELN, permitiéndoles controlar la producción de cocaína en las fronteras y operar campos de entrenamiento en territorio venezolano. De hecho, se documentó que Rodríguez Chacín mantenía en su finca en Barinas a 200 guerrilleros armados y coordinaba reuniones directas entre los líderes de las FARC y Maduro en el propio palacio de Miraflores.
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Un actor emergente y crucial en esta red fue el Tren de Aragua, liderado por Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. Designada como una organización terrorista extranjera en febrero de 2025, el TDA expandió su poder desde las prisiones venezolanas hasta controlar las costas del estado Aragua, ofreciendo servicios de escolta y logística para el Cártel de los Soles.
Guerrero Flores confirmó en comunicaciones interceptadas que su organización tenía la capacidad de gestionar todos los aspectos del tráfico, utilizando compartimentos de almacenamiento en las playas denominados “cunas” para proteger cargamentos de más de una tonelada de cocaína antes de ser despachados hacia el norte. Esta alianza garantizaba que la droga producida por la guerrilla colombiana fuera custodiada por militares venezolanos y el brazo armado del TDA hasta su salida hacia México y Centroamérica.
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LA CONEXIÓN MEXICANA
La acusación norteamericana es enfática al señalar que el éxito del esquema de Maduro dependía de su sociedad con los cárteles mexicanos, encargados de controlar las rutas de transbordo y el cruce final hacia los Estados Unidos. El Cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Joaquín “Chapo” Guzmán e Ismael “Mayo” Zambada, fue el socio estratégico más prolífico. Documentos judiciales indican que, alrededor de 2011, Guzmán Loera financió directamente laboratorios de cocaína en Colombia, cuya producción era transportada a Venezuela bajo la protección de las FARC y despachada desde pistas custodiadas por Hugo “Pollo” Carvajal, el entonces jefe de inteligencia militar y aliado cercano de Maduro.
Paralelamente, el régimen pactó con Los Zetas (posteriormente Cártel del Noreste o CDN), aprovechando su estructura paramilitar para mover cantidades masivas de droga por vía marítima. Entre 2003 y 2011, bajo la protección de oficiales militares venezolanos conocidos como “Los Generales”, Los Zetas y narcotraficantes colombianos despacharon contenedores desde puertos venezolanos hacia puertos mexicanos, cargados con entre 5 y 20 toneladas de cocaína por envío. Esta relación no era únicamente operativa, sino de mutua protección política: los cárteles mexicanos pagaban cuotas de sus ganancias a políticos en los puntos de transbordo, incluyendo México, para asegurar la impunidad de los envíos que salían de Venezuela.
ZETA encontró coincidencias entre el relato de la acusación norteamericana y un proceso penal seguido en México en contra de una organización criminal que operaba para el Cártel de Sinaloa, o al menos contextualiza las rutas del narcotráfico con Venezuela. El grupo criminal mexicano alcanzó niveles de sofisticación empresarial a través de un relevante movimiento aéreo y funcionaba como un brazo logístico para los líderes del CDS, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, e Ismael Zambada García, el Mayo, operando aeronaves como el Jet Commander WW1121, modificado técnicamente para ocultar cientos de kilos de droga en tanques de combustible.
En la causa penal 43/2011 del índice del Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México se advierte que el esquema de impunidad era absoluto. En Venezuela, la Guardia Nacional era la encargada de despachar las aeronaves en aeropuertos como el auxiliar de Caracas, Maracaibo o Valencia, asegurando que no fueran inspeccionadas. Por su parte, la justicia de Estados Unidos destaca que Maduro, como canciller, vendió pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y coordinó con la embajada venezolana en México la llegada de supuestas “misiones diplomáticas” en aviones privados que, en realidad, eran cargados con millones de dólares producto de la
venta de droga en México para ser repatriados a Venezuela bajo inmunidad.
El expediente mexicano, que no menciona nombres de funcionarios venezolanos, destaca que, al llegar a territorio mexicano, específicamente en aeropuertos de Puerto Vallarta, Acapulco y Toluca, la protección de los cargamentos de droga estaba en manos de agentes corruptos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y personal militar. Testigos colaboradores relatan eventos como el “vuelo de prueba” de abril de 2006, donde una aeronave que salió de Valencia, Venezuela, aterrizó en Puerto Vallarta con maletas de cocaína que fueron descargadas y escoltadas fuera de la terminal por los propios agentes federales mexicanos. Incluso se documentaron reuniones en Jalisco de personajes acusados de pertenecer al narcotráfico, como Alejandro Flores Cacho, quien presentó a sus pilotos directamente con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada para coordinar estas entregas.
Otro punto de esta complicidad, en la acusación estadounidense, fue el envío en 2006 de un avión DC-9 con 5.5 toneladas de cocaína desde el Aeropuerto de Maiquetía hacia México. Aunque el cargamento fue interceptado en Ciudad del Carmen, Campeche, la investigación reveló que Diosdado Cabello recibió un soborno de 2.5 millones de dólares para proteger a los funcionarios venezolanos involucrados en el despacho. Tras este incidente, el propio Maduro admitió en reuniones privadas con Cabello y Carvajal que el uso de aeropuertos principales para envíos a México había sido un error táctico y que debían priorizar rutas más discretas y ya establecidas.
Por otra parte, la colaboración con Los Zetas (CDN) bajo la protección de Diosdado Cabello permitió el envío de barcos con contenedores de carga desde puertos venezolanos hacia puertos mexicanos con cantidades que oscilaban entre las 5 y las 20 toneladas de cocaína por embarque. Esta sociedad garantizaba a los cárteles mexicanos un suministro constante y protegido por el Estado venezolano, mientras que el régimen de Maduro obtenía los recursos necesarios para mantenerse en el poder a pesar del rechazo internacional y las derrotas electorales.
TREN DE ARAGUA
La acusación estadounidense no sólo apunta a la vieja guardia chavista, sino que extiende la responsabilidad a la familia inmediata de Maduro, incluyendo a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias Nicolasito, y a su esposa Cilia Flores. Nicolasito, descrito como un político corrupto, habría utilizado aviones de la estatal PDVSA para mover paquetes de droga y, hacia 2017, trabajaba activamente en coordinar envíos de cientos de kilogramos de cocaína utilizando contenedores de chatarra, una técnica común en el comercio marítimo hacia el norte. Incluso se menciona que en 2020, Maduro Guerra se reunió en Medellín con las FARC para pactar el transporte de armas y drogas en un plan que se extendía precisamente hasta este 2026.
A este complejo panorama se suma la figura de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua. Esta organización, que se originó en la prisión venezolana de Tocorón, ha expandido su red criminal por todo el hemisferio, colaborando estrechamente con el régimen para gestionar la logística del narcotráfico en las costas de Venezuela. El TDA, ahora también bajo la lupa de Washington como organización terrorista, ofrecía servicios de escolta y almacenamiento para cargamentos que eventualmente llegarían a manos de los cárteles mexicanos.
Sin embargo, este grupo transnacional, que lo mismo trafica narcóticos que vidas humanas, y que ha encontrado tierra fértil para sus ilícitas actividades en Perú, Chile y Argentina, así como en algunas zonas de Estados Unidos (donde tiene presencia debido a la migración delictiva), no ha tenido la misma acogida ni ha ejercido su gobernanza criminal en Colombia, Brasil y México debido a que autoridades de diversos niveles de gobierno ya “cooperan” para los importantes clanes ilícitos, como los paramilitares colombianos, el CDS, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Primeiro Comando da Capital (PCC) o el Comando Vermelho (CV, brasileños).
La captura de Maduro y Flores en Caracas desmantela la cabeza de esta hidra, pero deja al descubierto la profunda interdependencia entre el Estado venezolano y las estructuras delictivas que han asolado a México durante décadas. La justicia estadounidense que imputa cargos al exmandatario por: 1.- Conspiración narcoterrorista; 2.- Conspiración para la importación de cocaína, 3.- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y 4.- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos; ahora busca el decomiso de todos los bienes derivados de estas actividades, en un esfuerzo por asfixiar financieramente a lo que consideran una de las redes narcoterroristas más prolíficas de la historia moderna.
Según las investigaciones, esta cultura de la corrupción se extendió a los puntos de transbordo en México, donde los traficantes pagaban cuotas a políticos locales para operar con impunidad, creando un círculo vicioso de poder y “narcodólares”, que alimentaba tanto a las élites venezolanas como a las organizaciones criminales en México. Esta red financiera y operativa, que incluía el lavado de dinero en constructoras y ferreterías en Chihuahua, permitió que el Cártel de los Soles y sus socios mexicanos operaran con éxito durante décadas, hasta que la intervención de este 2026 finalmente descabezó a su liderazgo en Caracas.
