La improvisación en la seguridad

La política de seguridad en Baja California en la era morenista no tiene estabilidad: más de 30 cambios en titulares y mandos en Estado y Ayuntamientos; además, malos resultados e incluso asesinatos

En Baja California, la política en materia de seguridad se comprende entre el gatopardismo y la improvisación, donde se presumen reducciones en materia de homicidios, pero sin resultados que demuestren un combate frontal a los generadores de violencia en la entidad, cuyas consecuencias sean la reducción de la criminalidad en general.

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Desde el arribo de los gobiernos morenistas al poder con Jaime Bonilla Valdez, transitaron de una Secretaría de Seguridad Pública y una Procuraduría General de Justicia, a una Fiscalía General del Estado bajo el mando de Guillermo Ruiz Hernández. Poco más de dos años de este ejercicio, el abogado abandonó el cargo y fue sustituido por Ricardo Iván Carpio Sánchez, a quien se le modificó la Ley a modo para cumplir con los requisitos de elegibilidad, aunque ya sólo como fiscal y no encargado de las áreas de la Secretaría de Seguridad.

Cuando asumió el cargo la gobernadora Marina Ávila Olmeda, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le impusieron una política pública y un mando: separaría de nueva cuenta la Fiscalía de la Secretaría de Seguridad, y esta última sería encabezada por un mando militar; de hecho, estaría en la facultad no escrita de la secretaría de la defensa nacional.

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Desde entonces, desde que Ávila Olmeda gobierna Baja California, se han dado más de 30 cambios en cargos superiores de las diversas áreas de seguridad y procuración de justicia, a los que se pueden fácilmente agregar una cifra similar en los mandos de segundo nivel.

En días pasados, la fiscal Ma. Elena Andrade Ramírez anunció una serie de remociones dentro de la estructura orgánica, donde destaca el cambio del ahora exfiscal central, José Antonio Lozano Blancas, en favor de Jesús Manuel López Moreno, quien titulaba la Dirección Jurídica de la FGE; el nuevo comisionado de la Agencia Estatal de Investigación fue designado Ancel Aispuro Sandoval, un fiel del equipo de la fiscal Andrade Ramírez, el cual sustituyó a Hibael Suárez Osorio.

A estos cargos se le suman diversas modificaciones en las fiscalías regionales, los cuales también han sido recurrentes desde el arribo de Andrade.

De manera paralela, el general Laureano Carrillo -el tercer secretario de Seguridad en la gestión de Marina del Pilar- ha realizado cambios en las direcciones dentro de la SSC, entre civiles y militares, donde por algunos meses fortalece a los viejos mandos policiales y de forma sorpresiva envía militares a los puestos claves.

Lo interesante es que las modificaciones en los perfiles no demuestran que exista una visión o perspectiva en torno al combate a la inseguridad. Como ejemplo, cuando Norma Bustamante asumió el cargo en Mexicali -allá en 2021- eligió a un externo de nombre Joel Dueñez, quien duró escasos meses en el cargo; luego viró hacia un litigante de carrera como es Pedro Ariel Mendivil, el cual fue recomendado por la propia gobernadora para asumir el cargo. En 2024, tras la reelección de Bustamante, su sucesor fue Luis Felipe Chan, a quien luego de unos meses -nuevamente por recomendación de la gobernadora- cambió para colocar al teniente coronel Julián Leyzaola Pérez. No pasaron ni cuatro meses cuando renunció y entregó el puesto -de nuevo- a Luis Felipe Chan, quien ya ocupaba un puesto en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Pese a los datos que presumen reducciones en materia de homicidios, que rondan hasta el 30 por ciento en Tijuana y Tecate, y entre un 5 y 11 por ciento en Mexicali y Ensenada (San Felipe y San Quintín son los únicos dos municipios que registraron incrementos sustanciales), la realidad es que son pocas las detenciones y procesamientos de perfiles de alto interés, y de ellos, un gran porcentaje han sido detenidos por petición del Gobierno de Estados Unidos o por intervenciones del Gobierno de México, como la detención de Edwin Huerta Nuño, alias el Flaquito, a mediados de este año.

Los cambios dentro de las corporaciones de seguridad son comunes, sobre todo cuando se trata de instituciones de seguridad en problemas tan complejos como los de nuestra entidad, pero las modificaciones excesivas y constantes impiden que exista un seguimiento a los casos, ya sea para formular imputaciones o para perseguir objetivos prioritarios.

En los cuatro años de Marina del Pilar no se ha dado un sólo momento de estabilidad dentro de los espacios de poder en materia de seguridad, lo que demuestra que, aunque presumen sus reducciones, pareciera que los cambios son simplemente gatopardismos o improvisación, pero no consecuencias de una estrategia de seguridad.