Hugo Aguilar defiende compra de camionetas blindadas; SCJN devolverá las nueve unidades

El 26 de enero de 2026, Hugo Aguilar Ortiz, titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), defendió la compra de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee asignadas a ministras y ministros como parte de la renovación de la flotilla oficial, al señalar que la austeridad constituye una política de administración responsable y no un acto simbólico, al tiempo que confirmó que las y los integrantes del máximo tribunal decidieron no utilizar los vehículos y solicitar su devolución o eventual reasignación a juzgadoras y juzgadores en mayor riesgo, decisión que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como una muestra de una visión distinta en la nueva integración de la SCJN.

La renovación del parque vehicular se anunció el 22 de enero de 2026, cuando la SCJN informó que se adquirieron nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee modelo 2026, una por cada ministra y ministro, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para quienes integran el pleno del tribunal constitucional. Según los datos difundidos públicamente, el precio base de cada unidad osciló entre 1.07 y 1.77 millones de pesos sin considerar el costo del blindaje, lo que elevó el valor estimado por vehículo a montos cercanos o superiores a 2 millones de pesos, dependiendo del nivel de protección contratado. La SCJN sostuvo que la decisión se apoyó en opiniones técnicas de autoridades federales que concluyeron que las unidades en uso ya no cumplían con estándares adecuados de seguridad y que su continuidad comprometía la operación del máximo tribunal.

Publicidad

La adquisición se inscribió en un programa más amplio de renovación del parque vehicular del Poder Judicial, que contempló 571 unidades y la sustitución de un esquema previo de arrendamiento por la compra directa de vehículos, lo que, según la información oficial, generaría un ahorro de aproximadamente mil 98 millones de pesos en el periodo 2026-2028 frente a los contratos de renta que se mantenían con anterioridad. La SCJN argumentó que la medida se realizó en estricto apego a una normatividad interna vigente desde 2019, que establece la sustitución periódica de este tipo de vehículos cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor dejan de ser seguras, y afirmó que la renovación se llevó a cabo en paralelo a la reducción general del parque vehicular para evitar un gasto adicional.

Sin embargo, la compra de las camionetas blindadas generó críticas en redes sociales y en el debate público por el costo de las unidades y por la percepción de que la medida resultaba contradictoria frente a los compromisos de austeridad anunciados por la nueva integración de la SCJN desde su instalación en septiembre de 2025, cuando Aguilar Ortiz expuso que la austeridad implicaba erradicar el dispendio, los privilegios indebidos y el nepotismo, y que se buscaba que ningún juzgador ganara más que la titular del Poder Ejecutivo Federal. El contraste entre ese discurso y la adquisición de vehículos blindados de alta gama motivó cuestionamientos respecto al uso de recursos públicos en el Poder Judicial y a la coherencia entre las políticas anunciadas y las decisiones administrativas concretas.

Publicidad

Ante la polémica, el 25 de enero de 2026 la SCJN difundió un comunicado en el que informó que las ministras y los ministros decidieron no utilizar las nueve camionetas blindadas Grand Cherokee recientemente adquiridas y solicitar que se iniciara el procedimiento administrativo correspondiente para su devolución o, en su caso, que se pusieran a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos en el país, siempre con apego a la normatividad aplicable. En el mismo mensaje, el máximo tribunal reiteró su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos y anunció la realización de una conferencia de prensa para el 26 de enero de 2026 en las instalaciones de la SCJN, con el propósito de detallar las razones de la decisión y el alcance del programa de renovación vehicular.

Durante ese posicionamiento público, Aguilar Ortiz afirmó que “la austeridad no es un acto simbólico, es un acto responsable”, al señalar que la determinación de adquirir los vehículos formó parte de un esquema destinado a equilibrar el uso eficiente de los recursos públicos con la protección de las personas que integran el máximo tribunal del país. Detalló que la actual integración de la SCJN asumió funciones con una flotilla compuesta por camionetas Suburban y unidades Jeep que, según su explicación, presentaban deterioro y habían registrado incidentes mecánicos en los meses recientes, lo que llevó a considerar su sustitución. Aguilar Ortiz agregó que, en la administración anterior, cuatro de las camionetas en mejores condiciones se entregaron a ministras y ministros salientes como parte de su haber de retiro mediante un esquema de compra, por lo que ya no formaban parte del inventario actual.

El ministro presidente señaló que, tras escuchar las críticas derivadas de la adquisición de los nuevos vehículos, la nueva integración de la SCJN resolvió no utilizar las camionetas blindadas y limitarse a un esquema de movilidad que, en su planteamiento, cumpliera las exigencias de seguridad sin incorporar componentes que pudieran interpretarse como privilegios. En ese contexto, subrayó que la seguridad institucional no implicaba necesariamente la utilización de vehículos considerados de alto perfil y que la decisión de renunciar a las nuevas camionetas se inscribía en el compromiso de mantener una política de austeridad con efectos concretos en el gasto cotidiano del Poder Judicial.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo valoró el 26 de enero de 2026 el anuncio de la SCJN sobre el regreso o reasignación de las camionetas blindadas y sostuvo que se trata de una señal de que existe una nueva Corte con una visión distinta frente a la ciudadanía. “Me parece bien”, expresó Sheinbaum Pardo al ser cuestionada respecto a la decisión de las ministras y los ministros, y añadió que la nueva integración del máximo tribunal debía mantener una relación cercana con la población, en congruencia con los principios de austeridad y transparencia planteados por su presidencia.

La mandataria nacional recordó que, el 23 de enero de 2026, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) solicitó información detallada sobre la adquisición de las camionetas y que, como respuesta, el órgano de administración del Poder Judicial explicó que la compra formó parte de un programa más amplio de sustitución del esquema de arrendamiento de vehículos por la adquisición de unidades propias, lo que, según la información oficial, generaría un ahorro superior a mil millones de pesos. Sheinbaum Pardo reiteró que la decisión de comprar las camionetas correspondió al Poder Judicial, a través de sus propios órganos de administración, y subrayó que la función central de la SCJN consiste en resolver sobre la constitucionalidad de las leyes, más allá de las posiciones políticas.

En su comunicación pública, la SCJN precisó que, en caso de que el proceso de devolución de las camionetas blindadas no pudiera concretarse por razones contractuales o administrativas, las unidades se pondrían a disposición de juezas y jueces que enfrentan mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones, bajo criterios de seguridad y con estricto apego a la normatividad interna. De esa manera, el máximo tribunal planteó dos rutas posibles para los vehículos: la reversión íntegra de la compra o su utilización en labores jurisdiccionales en zonas o casos de alta peligrosidad, sin asignación directa a los integrantes del pleno.

El caso de las camionetas blindadas se insertó en un contexto más amplio de revisión de gastos y prestaciones en el Poder Judicial, en el que la nueva integración de la SCJN había anunciado medidas de ajuste, como la reducción de sueldos y compensaciones, la eliminación de seguros de gastos médicos mayores y la aplicación estricta del marco constitucional que impide que cualquier servidor público gane más que la titular del Poder Ejecutivo Federal. La controversia en torno a los vehículos reavivó el debate respecto al alcance real de esas políticas de austeridad, la forma en que se comunican las decisiones administrativas y el impacto que tienen en la percepción ciudadana sobre la independencia y legitimidad del máximo tribunal.

En los meses siguientes, la SCJN deberá concluir el procedimiento administrativo relacionado con la devolución o reasignación de las nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee, definir el destino final de los vehículos en coordinación con las instancias competentes y precisar, en su caso, los ahorros efectivos derivados de la sustitución del esquema de arrendamiento por la compra de unidades propias dentro del parque vehicular del Poder Judicial. El desenlace de este proceso y las decisiones que se adopten en materia de uso de recursos y seguridad institucional constituirán un referente para evaluar la implementación práctica de los compromisos de austeridad anunciados por la nueva integración de la SCJN y su relación con las expectativas planteadas por la Administración encabezada por Sheinbaum Pardo respecto al manejo de los recursos públicos en los órganos autónomos.