Morena genera crisis de servicios en BC por falta de obra y mantenimiento en redes de agua potable, energía eléctrica, alumbrado, salud, educación, limpia, recolección de basura y seguridad
La ausencia de inversión en mantenimiento y obra nueva de servicios públicos ha sido el común denominador de los gobiernos morenistas que llegaron a Baja California hace poco más de siete años, lo que ha resultado en una crisis que ni siquiera les interesa atender.
Publicidad
Tampoco es que los anteriores gobiernos panistas (1989-2018) hayan sido mejores, porque si bien, estos si daban mantenimiento y construyeron obras macro, como los acueductos, los pluviales, bulevares, puentes y libramientos, también hicieron que los ciudadanos pagaran para tener acceso a la instalación de servicios como luz, agua y pavimentación, bajo un esquema en el que los propietarios de los predios beneficiados pagaban los costos de la instalación o construcción a través de convenios multianuales, en lugar de pagar esa obra con recursos de erario.
Pero el tiempo no perdona, y esas infraestructuras que tenían décadas funcionando sin ser atendidas, a pesar que debieron tener mantenimientos y sustituciones periódicas programadas, ahora llevan cinco años colapsando.
Publicidad
La reparación de estas obras, por ejemplo, los socavones y acueductos, cuesta millones, pero irresponsables han decidido pagar los parches en lugar de asignar recursos para el personal, equipo y material que dé mantenimiento.
Otra mala noticia: el presupuesto de egresos de la Federación para este 2026 no pinta mejor, porque fuera de la inversión para una desaladora en Rosarito, proyecto que se rezagó del 2025 porque el concurso de obra se declaró desierto, no hay más para Baja California.
Publicidad
Son el pan de cada día las constantes fugas de agua con la respectiva interrupción del servicio por hasta 10 días, e incluso el derrumbe de casas y terrenos provocados por estos escurrimientos; el surgimiento de decenas de socavones, hundimientos en carreteras y calles internas que afectan el tráfico y el servicio pluvial; los cortes prolongados de energía eléctrica, porque el movimiento de los cables colgantes de los postes que se están cayendo inducen la explosión de los transformadores cuando hay viento y lluvia, como sucedió la Navidad pasada, cuando un alto porcentaje de tijuanenses se vio obligado a celebrar a oscuras.
Luego, para la Zona Costa bajacaliforniana -que abarca Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada- el entorno se complica, porque si se va la luz, dejan de funcionar las bombas de agua y la comunidad también se queda sin servicio del vital líquido. Al final, los sueños de los comercios y los residentes habitacionales, acumulan pérdidas económicas y materiales por la falta de esto servicios.
Para los residentes del sexto municipio, San Quintín, también en Zona Costa, la situación es más deplorable, porque ahí el abandono gubernamental es total: ni luz, ni agua o drenaje, menos pavimentación, luz mercurial o seguridad. Y sin el problema de la escasez del agua, la crisis del resto de los servicios también afecta a Mexicali y San Felipe.
Tratándose de salud y educación, es pertinente obviar las contantes manifestaciones de maestros porque no les pagan, o de padres de familia por la ausencia de profesores; los mismo que las denuncias del personal médico por la falta de equipo y material para dar servicios; o las citas médicas que se programan para seis u ocho meses después, y terminan posponiéndose; y aún más grave, los pacientes con cáncer quejándose por la falta de servicios.
Los ayuntamientos y sus alcaldes del partido vinotinto también le abonan a la crisis, con calles llenas de baches y sucias; vialidades y colonias con lámpara, pero sin servicios de alumbrado públicos, a pesar de que cobran un impuesto especial por este rubro; los cortes al servicio de recolección de basura o los cientos de basureros clandestinos.
También el descuido cómplice que tienen respecto a los servicios de transporte público; o el de grúas y arrastres que, en conjunto con los agentes de tránsito, abusan con cobros irregulares a los ciudadanos, y que, a pesar de las denuncias, sospechosamente, mantienen las concesiones.
En cuanto a la inseguridad, resulta que a pesar de la reducción de hasta 30 por ciento en algunos delitos, le entidad se mantiene en los primeros seis lugares de criminalidad nacional. Y los esfuerzos de la autoridad aún son insuficientes, frente a la voracidad de los cárteles empoderados que, en complicidad con agentes corruptos, han decidido hacer del terror y la extorsión a la sociedad, su fuente de ingresos.
Luego, en este contexto, cínicos, los alcaldes tienen la ocurrencia de aumentar el valor de los prediales, incluso en las zonas donde obtienen dinero por cambiar los usos de suelo, y dar permisos para el funcionamiento en zonas habitacionales de comercios, salones de diversión, o mercados sobrerruedas, porque -según ellos- los inexistentes nuevos servicios aumentaron el valor de las propiedades.
En el colmo de la situación, resulta que en el servicio que sí invirtieron, lo hicieron con opacidad e incompetencia; como el caso del viaducto elevado en Tijuana, inaugurado por la Presidenta Claudia Sheinbaum el viernes 30 de enero del 2026, un espacio en el que hasta la última semana de enero la Sedena trabajó a marchas forzadas.
Pero en lugar de construir de noche, laboraron de día, cerrando carriles y generando tráfico vial. Adicionalmente, Óscar, un conductor de motocicleta, denunció que los constructores de la milicia dejaron maquinaria, piedras y grava al costado de la carretera, en las inmediaciones del acceso al Mirador, sin alumbrado, letreros ni los señalamientos obligatorios, lo que provocó que él derrapara y sufriera lesiones que necesitaron suturas y la pérdida de su vehículo.
Tampoco hay que olvidar que la mencionada vialidad, que se “terminó” con un costo oficial de 12 mil 039 millones de pesos -aunque hay versiones que refirieron 12 mil 500 millones-, se había aprobado con un presupuesto de ocho mil 500 millones de pesos, por lo que terminaron pagando sobreprecio del 41 por ciento. Con el agravante que, de acuerdo al cronograma original, la obra debió inaugurarse a más tardar en septiembre del 2024, al final de la presidencia de Andrés López Obrador, pero lo hicieron un año y cuatro meses después.
