La Fiscalía General de la República (FGR) concretó el 29 de enero de 2026 la destrucción masiva de más de 105 toneladas de sustancias y precursores químicos que fueron incautados a grupos delictivos por fuerzas federales durante diversos operativos en Sinaloa.
El anuncio fue encabezado por Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, quien destacó que la acción resultó de la estrecha coordinación entre las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal.
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Según detalló Lara López en un videomensaje, el volumen total de lo destruido ascendió a 105 toneladas, 74 kilogramos y 656 gramos. Las autoridades procesaron 27 mil 874 kilogramos de componentes sólidos y 77 mil 199 litros de precursores líquidos.
Entre las sustancias identificadas por los peritos en química forense se encontraban reactivos y precursores esenciales como acetato de plomo, cloruro de mercurio, ácido clorhídrico, acetona, peróxido de dicumilo, tolueno, así como alcohol etílico y metílico.
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La diligencia requirió un despliegue logístico de alta seguridad debido a la peligrosidad y el volumen de los químicos. La operación estuvo supervisada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Contó con el resguardo permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El traslado se realizó desde Sinaloa hasta una empresa especializada en el manejo y disposición de residuos peligrosos ubicada en el Estado de México.
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Lara López enfatizó que, más allá del decomiso físico, el valor de la acción reside en la prevención y el daño económico a los grupos delictivos. “Fue posible destruir dichas sustancias aseguradas a grupos delictivos, lo que generó pérdidas financieras a dichas organizaciones; pero lo más importante es que no llegaron a las calles en perjuicio de la población”, subrayó el funcionario.
“La Fiscalía General de la República reitera su trabajo y compromiso diario a favor de la población, a fin de continuar construyendo mejores condiciones de seguridad, paz y cohesión social, así como la búsqueda constante de abatir la impunidad”, afirmó respecto a estas acciones que buscan impedir la fabricación de miles de dosis de narcóticos que tendrían como destino el mercado local e internacional.
Envío de mil 600 militares tras ataque a diputados
En medio de una escalada de violencia política y de la confrontación abierta entre dos facciones del crimen organizado que ya impacta directamente a civiles y policías, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) inició el 29 de enero de 2026 el primer despliegue relevante de tropas en Sinaloa en el arranque del año.
Según información oficial, a las 08:40 horas, mil 600 efectivos del Ejército, entre ellos 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, fueron trasladados vía aérea en cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana hacia los municipios de Culiacán de Rosales y Mazatlán, con el objetivo de reforzar el despliegue operativo que mantienen la III Región Militar y la Novena Zona Militar en Sinaloa.
La Defensa informó que la misión del personal es actuar en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes, en apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto a los derechos humanos, para inhibir las actividades de grupos delictivos con presencia en la región.
El envío ocurrió un día después del atentado armado contra los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, atacados en Culiacán de Rosales.
El ataque se registró alrededor del mediodía del 28 de enero de 2026 sobre el Paseo Niños Héroes —conocido como Malecón Viejo— a la altura de la calle Domingo Rubí, en el sector Centro de Culiacán de Rosales. Según información de autoridades estatales, los diputados Torres Félix y Montoya Ojeda circulaban en una camioneta cuando fueron interceptados por un grupo de hombres armados que dispararon contra la unidad.
Durante la agresión, los escoltas de los legisladores repelieron el ataque, lo que derivó en un enfrentamiento. Gonzalo Quintero Baca, identificado como chofer particular de Torres Félix y exescolta durante su periodo como presidente municipal de Culiacán de Rosales, resultó herido en los hechos.
Torres Félix sufrió heridas de arma de fuego en la cabeza, lo que provocó que lo intervinieran de urgencia durante la tarde del 28 de enero de 2026. El mandatario estatal dijo que el estado de salud de Torres Félix es grave pero estable. Un indicador positivo es que todos sus signos vitales se mantienen en niveles normales. La diputada Elizabeth Montoya Ojeda se encuentra fuera de peligro con el tema de una cirugía reconstructiva y el cuidado de uno de sus ojos.
El gobernador Rubén Rocha Moya informó que instruyó un operativo de búsqueda y captura, y que se coordinó con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que la investigación avance “con prontitud y celeridad”. Rocha Moya solicitó a la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, actuar con “prontitud y celeridad” en la investigación.
El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, condenó el ataque y expresó que “la crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites”. En un comunicado publicado en redes sociales, el dirigente nacional del partido naranja exigió a las autoridades una investigación “inmediata, seria y exhaustiva” y pidió que no haya impunidad en el caso.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el 29 de enero de 2026 que personas fueron detenidas tras el ataque armado perpetrado contra los diputados locales de Movimiento Ciudadano. Durante su conferencia matutina, la mandataria nacional informó que el Gabinete de Seguridad federal colabora con el Gobierno del Estado de Sinaloa para esclarecer los hechos y dar seguimiento a las investigaciones.
La titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, estableció comunicación con la dirigencia nacional de MC para manifestar el apoyo del Gobierno Federal.
Contexto de violencia en Sinaloa
La agresión se da en un entorno donde la violencia dejó de ser focalizada entre organizaciones criminales y comenzó a impactar a civiles, funcionarios y mandos de la Policía.
Desde mediados de 2024, Sinaloa atraviesa una confrontación interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, conflicto que se intensificó durante 2025 con bloqueos, ejecuciones, ataques armados en zonas urbanas y afectaciones a actividades económicas, particularmente en el centro del estado.
La guerra interna en el Cártel de Sinaloa inició el 9 de septiembre de 2024 en Culiacán de Rosales, extendiéndose posteriormente a otros municipios como Elota, Cosalá y Mazatlán. Las principales facciones son Los Chapitos, liderados por Ovidio Guzmán López “El Ratón”, Iván Archivaldo Guzmán Salazar “El Chapito”, Jesús Alfredo Guzmán Salazar “Alfredito” y Joaquín Guzmán López “El Güero Moreno”, y La Mayiza, liderados por Ismael Zambada García “El Mayo”.
La violencia ha obligado a refuerzos militares recurrentes. El despliegue se suma a los refuerzos enviados desde el inicio de la disputa criminal en septiembre de 2024. Uno de los primeros operativos se registró ese mismo mes, cuando alrededor de 600 militares ingresaron vía terrestre desde Nayarit, cruzando por el municipio de El Rosario hasta establecerse en Mazatlán.
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