Antes de cerrar el primer periodo ordinario del segundo año de trabajo, la XVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó un proyecto de decreto que establece que ahora el delito de extorsión se perseguirá y se investigará por oficio en Baja California Sur.
Su nombre tal cual es “Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión”, que establece el tipo penal aplicable a toda la República, así como sanciones, agravantes y delitos vinculados.
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De forma expresa, el artículo 5 dicta que este ilícito se investigará y se perseguirá de oficio en la entidad. A mediados de agosto de 2025, líderes de diversas cámaras empresariales se manifestaron para exigir esta modificación.
Entre los cambios, en el artículo 24 se estipula que una vez que se tenga conocimiento de la probable comisión del delito de extorsión, la Policía actuará bajo el mando y conducción del Ministerio Público, conforme lo dispuesto en el Código Nacional.
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Entre las obligaciones, se recalca que deberán iniciar de manera inmediata la investigación por los delitos previstos en esta Ley, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, así como solicitar el auxilio y colaboración de los cuerpos periciales de las instituciones competentes para realizar el perfilamiento criminal de los posibles intervinientes en el delito, y para practicar los estudios pertinentes psicológicos y psiquiátricos a las víctimas.
Por otra parte, en el artículo 12 se establece que para la investigación de las conductas previstas en esta Ley, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contará con unidades, Ministerios Públicos policías y analistas capacitados, evaluados, certificados y especializados en materia de extorsión, de conformidad con los criterios que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y las instituciones de Seguridad Pública deberán proporcionar auxilio en las investigaciones, respetando la competencia de cada una.
Además, en el artículo 34 se dicta que las personas sentenciadas por el delito de extorsión no tendrán derecho a los beneficios de la libertad anticipada o cualquier acción que implique la reducción de la pena.
En cuanto a las sanciones, el artículo 14 recalca que se impondrán de 15 a 25 años de prisión y una multa de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral físico y psicológico.
Las modificaciones que traerá esta reforma también se ven reflejadas en un aumento en los años de cárcel por este delito, esto en comparación con la legislación anterior que estaba en el Código Penal del Estado.
En el artículo 245 del Código Penal, aún vigente, se remarca una pena de cinco a 15 años de prisión.
Asimismo, la nueva Ley contiene contempla diversos escenarios para aplicar agravantes según en qué condiciones, circunstancias e instrumentos se utilicen para cometer el delito de extorsión.
Por ejemplo, en el artículo 15 se establece un incremento de cuatro a ocho años más de prisión cuando el o los responsables cometan el delito en contra de quienes realizan actividades comerciales, empresariales, industriales, ganaderas, pesqueras, de servicios públicos o privados.
Esto contempla acciones como que el agresor manifieste su pretensión de obtener un beneficio en especie, dinero o bienes, por concepto del cobro de cuotas o prestaciones de cualquier índole, adicionales a los conseguidos por el ilícito.
También si el sujeto en representación de un sindicato, agrupación o asociación, sea real o simulada, coaccione a la víctima para que contrate tenga o adquiera de otra persona, ya sea física o moral, bienes, insumos o servicios para el desarrollo de su actividad comercial. Esta agravante se consuma con independencia de que se concrete el acto de comercio coaccionado.
Esto incluye si se le impone a la víctima el precio de los productos, bienes o servicios que comercializa o se obliga por cualquier medio a la víctima a celebrar un acto jurídico.
“Cuando se utilice dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, así como sindicatos, asociaciones, cámaras empresariales, organizaciones civiles, ganaderas, del ramo de la construcción y demás instituciones u organismos, indebidamente para coaccionar, amedrentar o presionar para realizar prácticas que no permita el libre consumo de los bienes o servicios necesarios para su desarrollo”, anticipa el artículo.
El mismo agravante se aplicará cuando la conducta se cometa contra de una persona candidata a un cargo de elección popular o cuando sea electa.
En esta tesitura, el artículo 16 remarca otro aumento de cinco a 12 años de prisión cuando la extorsión se cometa en contra de migrantes, menores de edad, mujeres embarazadas o mayores de 70 años; o si hay una relación de confianza entre el agresor y la víctima.
El artículo 17 sumará de siete a 17 año de prisión si se emplea violencia física o moral, armas de fuego u objetos que aparenten ser un arma o si el agresor se ostenta por cualquier medio como miembro de algún grupo vinculado a la delincuencia o delincuencia organizada, asociación delictuosa o pandilla, con independencia de que esto sea real o simulado.
También se agrega a este agravante si el agresor trata de impedir, por cualquier medio, que la víctima denuncie la conducta extorsiva, así como el tener como objetivo obstaculizar, restringir, impedir, anular o menoscabar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o la defensa de derechos humanos.
Con esto se describe y se contempla la modalidad de extorsión conocida como cobro de piso, que se atribuye a células de la delincuencia organizada.
Cabe mencionar que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el delito de extorsión presenta un incremento del 40 por ciento en las denuncias presentadas este año.
De acuerdo con las estadísticas, entre enero y noviembre de 2025 se registraron 124 querellas en Baja California Sur, en contraste en el mismo periodo de 2024 fueron 89.
En diversas ocasiones, la entidad se ha posicionado en los primeros lugares a nivel nacional por la tasa por cada 100 mil habitantes.
NO CONTEMPLA UNIDAD ESPECIALIZADA
Cabe recalcar que en la revisión de esta reforma se observa que no se contempla la creación de una unidad, órgano, subprocuraduría o fiscalía especializada en la investigación y persecución del delito de extorsión.
En el artículo 40, se establece que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur (SSPE) contará con un Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, pero su función será implementar mecanismos y procedimientos para la recepción, registro, canalización, atención y seguimiento de las denuncias por la posible comisión del ilícito.
De igual manera, este Centro deberá fortalecer los mecanismos de vinculación con la ciudadanía para orientar e informar a la población de las acciones que deben tomar para la prevención.
El Estado tendrá que diseñar e implementar una estrategia para prevenir y combatir este delito, que deberá ajustarse a los contenidos mínimos de los lineamientos nacionales que están a cargo del Gobierno Federal.
El objetivo será disuadir oportunamente la comisión del delito de extorsión mediante la implementación de campañas permanentes de información, sin embargo, en ningún apartado de la nueva ley se ordena la creación de un órgano, fiscalía, subprocuraduría o unidad especializada para la investigación de la extorsión, como sí sucede con otro tipo de ilícitos.
ES NECESARIA UN ÁREA ESPECÍFICA: COPARMEX
En agosto de 2025, el Frente Empresarial por La Paz, integrado por diversas cámaras y asociaciones, se reunió y convocó a la prensa para externar la preocupación ante el incremento de casos de extorsión; asimismo, solicitaban que este delito se persiguiera por oficio.
En este encuentro, manifestaron que no tenían registros de denuncias por cobro de piso entre los afiliados a los organismos empresariales.
Sin embargo, reconocieron que no podían “tapar el sol de un dedo” y, aunque no tuvieran reportes internos existía la posibilidad de que también el miedo permeara para evitar que se presentaran denuncias por esta modalidad de la extorsión en Baja California Sur.
Ahora con esta reforma, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Paul Valdiviezo, reconoció que es un avance importante, reiterando que el titular de la PGJE, Antonio López Rodríguez, ha mantenido diálogo abierto con las y los empresarios, pero coincide en que sería necesaria la creación de una unidad especializada en la persecución de este ilícito.
“A nivel federal estamos solicitando que se cree una agencia especializada o un departamento o una dirección que pueda fortalecer esta comunicación muy directa a trato de forma muy personal al socio, al empresario o al colega que haya o que sufra de alguna extorsión”, declaró.
“Definitivamente que es muy necesario tener un área muy específica para esta nueva ley; el señor procurador de Baja California Sur ha sido de mucha apertura, de poder dialogar o platicar. Obviamente él, por lo que venimos nosotros trabajando en temas de foros que hemos hecho para atacar el tema de ciberseguridad, de red flags, justamente temas de robo de identidad, de redes sociales”, dijo.
Sostuvo que es un avance muy contundente porque el empresariado o la persona amenazada tenían el temor de poder acudir a las autoridades y levantar la denuncia o poder señalar.
“Ya el hecho de lograr lo que sea por medio de una ley que protege tanto al empresario o a la persona afectada de la extorsión, yo creo que eso le abona a la confianza que podamos tener con la autoridad”, comentó.
Recalcó que insisten a los afiliados a las cámaras para que confíen en las autoridades, de la misma forma en que han exigido y solicitado atención para investigar cualquier caso que se presente en la entidad.
“La Procuraduría ha mostrado tener puertas abiertas en este tema; yo creo que poder establecer un área más específica de este trato sería lo ideal para tener más confianza en la autoridad”, indicó.
