Para el exdelegado federal Jesús Alejandro Ruiz Uribe, los escándalos en los que se han visto involucrados funcionarios de los tres niveles en Baja California durante 2025 marcarán el ámbito político en lo que resta del año y hasta que se lleven a cabo las elecciones de 2027.
“Creo que sí. O sea, veo en muchos sectores -no quiero hacer señalamientos personalizados, pero veo- mucha ambición desmedida, poca formación política y poca convicción a la hora de ejercer la política”, refirió en entrevista con ZETA Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien se apartó de la función pública a mediados de septiembre.
Recordó que en vísperas de que Marina del Pilar Avila Olmeda tomara las riendas de la administración estatal, ya había fricciones en Morena por asuntos como la pretensión de municipalizar las comisiones estatales de servicios públicos.
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Observó que este año el ambiente político se enrareció con escándalos suscitados por “señalamientos internacionales” y “retiros de visa”; situaciones que habrían llevado a que “un segmento de la población que había estado muy callado” reaccionara “con mucha vida orgánica”, efectuando concentraciones masivas en la vía pública y pronunciamientos en redes sociales.
El 10 de mayo, el excoordinador de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos del gobierno estatal, Carlos Torres Torres (para entonces esposo de la gobernadora), dio a conocer que Estados Unidos le había revocado su visa de no inmigrante, medida que, según expuso, se le notificó días atrás. El día siguiente, Marina del Pilar Avila Olmeda informó haber recibido una notificación similar.
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A esos casos se agregaron otros, concernientes a presuntas prácticas irregulares: el estatus que EE.UU. le adjudicó a la diputada federal Araceli Brown Figueredo como operadora política de una facción del Cártel de Sinaloa; la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, a quien se le señaló de “nexos directos con grupos delincuenciales”; así como la investigación al presidente municipal en turno, Ismael Burgueño Ruiz, a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Tanto el alcalde como el empresario ensenadense Fernando Rafael Salgado Chávez (identificado públicamente como patrocinador de campañas políticas de Morena), fueron citados por agentes de la FEMDO para que comparecieran el 18 de noviembre.
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Otros casos controversiales han sido las inhabilitaciones a excolaboradores de Montserrat Caballero, como Raymundo Vega Andrade, quien encabezó la Tesorería Municipal y en cuyo caso fue inhabilitado “por haber autorizado un pago indebido correspondiente a la supuesta compra de uniformes escolares”.
El 8 de diciembre el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa inhabilitó por tres años al exgobernador Jaime Bonilla Valdez, con motivo del contrato suscrito con la empresa Next Energy para desarrollar una planta fotovoltaica, cuya construcción no procedió.
Ruiz Uribe aseveró que “desde el gobierno se ha puesto muy álgido en ambiente” y expuso que, por lo que a él respecta, se le señaló de estar detrás de la denuncia contra Ismael Burgueño Ruiz (la cual se presentó en la modalidad de anónima) o de distribuir información al respecto.
“Lo cierto es que no tuve nada que ver, pero desde instancias muy cercanas al gobierno se patrocinaron medios para tratar de no hablar de las imputaciones, de por sí graves, sino hablar de quién había denunciado anónimamente y se les ocurrió que era yo”, indicó.
Aseguró jamás haber tenido un problema personal o político y atajó: “Entiendo que son tiempos de competencia y que buscan cómo distraer la atención que se ha puesto sobre ellos, o buscan deshacerse de lo que ellos pueden interpretar como contrincantes”.
Manifestó que en casos como el de los citatorios de la Fiscalía General de la República, a él le preocuparía la situación por la que atraviesa el presidente municipal.
La carpeta de investigación a cargo de la FEMDO incluye al secretario de Desarrollo Económico, Pedro Montejo Peterson. Existe otro expediente abierto por la misma fiscalía especializada, alusivo al senador Armando Ayala Robles, así como a Carlos Torres Torres y su hermano Luis Alfonso (de mismos apellidos).
“Como si lo importante no fuera quién denunció, sino de qué están acusados y por qué la FGR hizo las imputaciones. Yo espero que salgan bien librados; son mis compañeros, porque creo que son gente honesta, sobre todo las cabezas que están denunciadas ahí, como el alcalde, básicamente. Los demás, pues son gente, el exesposo de la gobernadora, el hermano… (de) los empresarios, que no gozan de muy buena fama y que no tienen que ver nada con el movimiento”, asentó.
Sostuvo que “todos los escándalos que ha habido, los que ha habido en aquel gobierno (encabezado por Bonilla Valdez) y los que ha habido ahora, están protagonizados como elementos principales por gente que venía de otras luchas”.
De acuerdo con el exdelegado, en el partido oficial o en la autodenominada Cuarta Transformación predomina el golpeteo político.
En tal escenario, estimó Ruiz Uribe, “hay muchos (cuadros) que siguen practicando el deporte preferido de los panistas radicales”, práctica que describió como “la difamación, la injuria, la mentira, el chayote, la corrupción”.
En referencia a las acusaciones de haberse abstenido de declarar la venta en 11 millones de pesos de un terreno ubicado en el fraccionamiento Villafontana, en Mexicali, dijo ser objeto de una campaña negra cuya autoría atribuyó al secretario de gobierno municipal, Arnulfo Guerrero León.
“Dicen que yo no declaré un bien que era mío y que no lo declaré en las declaraciones patrimoniales que todo funcionario debe de hacer, y que lo vendí y que no declaré las ganancias que obtuve de esa venta”, recapituló.
De entrada, “lo tomé un poco como de risa, porque vi los actores que estaban utilizando para promoverlo y pues eran gente que no tenía el nivel como para preocuparme”; de cualquier manera, “lo más importante es que yo sabía y tengo las pruebas suficientes, vastas, de que todo lo que estaban diciendo era absolutamente falso y una construcción hecha para dañar la imagen”, mencionó.
No descartó que con motivo de la falta que se le achacó, se procure la apertura de una investigación en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
“Ellos van a tratar de promover algo para tratar de hacer trampa”, sugirió.
— ¿Quiénes son ellos?
“Pues los que promovieron esta investigación. Tengo claro que uno de ellos por ejemplo es el secretario general de gobierno del presidente Burgueño, el tal ‘Fufo’ (Arnulfo Guerrero León), que es de ese tipo de panistas sucios de toda la vida”, respondió.
A decir del experredista, la acusación en su contra se distingue de los casos concernientes a otros integrantes de la 4T. “No pertenezco yo a ningún grupo político que esté señalado por conductas fuera de la ley en ningún sentido”, arguyó.
Ruiz Uribe mencionó que, a diferencia de Bonilla Valdez u otros exfuncionarios, él no se ve en el camino de la inhabilitación.
“Lo de él tiene que ver con la función pública. Bueno, de lo que me acusan a mí, también, pero me refiero con decisiones que él tomó como gobernador; creo que su caso particular se ve muy claro, que es una vendetta política, por interpretaciones febriles, de que a lo mejor también pudo haber tenido que ver con las imputaciones (o citatorios ante la FGR)”, puso de manifiesto.
En referencia al predio cuya venta no declaró, explicó: “Es muy sencillo el tema. Ese es un terreno que yo compre en el 2007 a Milton Castellanos Gout. Hice un buen negocio, porque me salió barato o no tan caro. Yo quería poner una escuela propia, una primaria en Mexicali, porque yo estaba viviendo en Mexicali porque abrí el CUT (Universidad de Tijuana) allá”.
Según detalló, al final de cuentas terminó donándole el terreno a su padre, Jesús Ruiz Barraza, en tanto que el profesor y fundador de la Universidad de Tijuana le donó una casa en Ensenada. Ambos tramitaron contratos de donación y los firmaron con la participación de testigos. El exdirigente del PRD escrituró la propiedad, en tanto que su progenitor “mantuvo el dominio sobre el bien anclándose en el contrato privado”.
En 2023 Ruiz Barraza decidió vender el terreno.
“Yo declaré el bien siempre en mis declaraciones porque estaba mi nombre en registro, no porque fuera mi propiedad. Yo, la obligación que tenía, todo lo que esté registrado a mi nombre tengo que declararlo”, argumentó Ruiz Uribe.
Agregó que una vez que su padre decidió vender el terreno le solicitó acudir como vendedor. “El comprador exigía que fuera registrado en el Registro Público y se iba a tardar más tiempo la operación. Yo accedí porque no iba a ser para mí ese dinero”, aseveró.
“Efectivamente firmé yo, pero ahí mismo estipulé que lo que se obtuviera de la venta de ese terreno se depositara a mi papá, a la cuenta que él deseara; porque era de él, no era mío”, expuso y remarcó: “Yo estaba en la obligación de declarar si hubiera tenido algún ingreso. Yo tuve ningún ingreso durante ese tiempo”.
Agregó que Ruiz Barraza recibió aproximadamente la mitad de los 11 millones de pesos en que se vendió la propiedad y qua a su muerte (acaecida el 29 de julio de 2023) los pagos se suspendieron.
Una vez reanudados los pagos, prosiguió Ruiz Uribe, él los recibió en calidad de albacea de los bienes heredados por su padre.
Tanto el exdelegado como una consanguínea suya finalmente heredaron los ingresos por la venta del inmueble.
“Mi hermana también recibió esa parte y luego congelamos ese dinero, porque no es parte de mi patrimonio. Aunque haya sido en herencia, para mí no es parte de mi patrimonio todavía”, profirió.
A propósito recalcó: “No entra, de acuerdo con la Ley, en mi patrimonio, aunque yo sea el que lo esté administrando. No entra en mi patrimonio hasta que termine la repartición de los bienes”.
De la presunta campaña en su contra, acusó: “Aquí está en el Registro Público; son cosas chiquitas y cosas de buen tamaño y estuvieron ahí minuciosamente, que encontraron lo que ellos juzgaron una incongruencia porque había esta compraventa (suscrita con Milton Rubio). Pero supieron cuando vieron, porque tuvieron, tuvieron el contrato, que yo había determinado que eso era para mi papá, porque era de él. Lo que no sabían es que tenían los contratos privados, uno elevado, el otro, el de él no, pero son de la misma fecha”.
CARLOS TORRES HA SIDO DAÑINO”
No es inusual utilizar las instituciones “como instrumento, como garrote”, observó Ruiz Uribe. Sin embargo, “pueden hacer lo que quieran, tengo todas las pruebas”, refirió.
Dijo tener identificado a Carlos Torres Torres como alguien que igualmente confabuló en su contra con el tema de la omisión en sus declaraciones.
“Necesito ver si no ha renunciado a Morena, si sigue vigente su afiliación o si ya lo dieron de baja también; pero si sigue dentro lo voy a denunciar también”, dio a conocer.
Acusó a Carlos Torres de haber operado para que Arnulfo Guerrero (que al igual que el exfuncionario estatal, se forjó en las filas del PAN) asumiera la Secretaría de Gobierno Municipal.
“Tengo una mala opinión de Carlos Torres, mala opinión, muy mala. Creo que le hizo mucho daño a la gobernadora. Yo alguna vez le dije a ella: ‘Imagínate que no hubiera existido en tu vida este sujeto, tu imagen sería mejor de la que tienes ahora’. Lo digo públicamente, Carlos Torres ha sido dañino para la imagen de ella; ha dañado la imagen también de Morena”, sentenció.
Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien en su momento dijo haber renunciado como delegado en aras de procurar una organización partidista y procurar cambios en las administraciones locales, reiteró que en Baja California prevalece un clima de tensión en el ámbito político.
“Lo que hemos visto, a mi manera de ver las cosas, sí es un problema de algidez política grave, de sucesos que no son cuestiones que deban enorgullecerlos ni que se puedan presentar socialmente como cuestiones probas”, asentó.
