Los propietarios del The Old Mill Hotel y restaurante Eucalipto, ubicados en el Molino Viejo, que es uno de los sitios turísticos con mayor historia en San Quintín, enfrentan un conflicto legal que ha derivado en una crisis en la cual participan agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).
Nancy Grace Harer, compañera de James Louis Harer, ambos de 81 años y de origen extranjero, adquirió en 1995, a través de la empresa Viento y Mar, S.A. de C.V., un predio de siete mil 500 metros cuadrados ubicado en el Camino al Molino Viejo.
Publicidad
Para llegar al complejo turístico es necesario atravesar poco más de 7 kilómetros de terracería desde la carretera Transpeninsular, por lo que no es común la presencia de agentes de seguridad en ese trayecto.
Los dueños del hotel y restaurante han tenido que lidiar no sólo con procedimientos judiciales y los repetidos intentos fallidos para notificar al extrabajador, sino también con una presencia policial que usando los recursos públicos de la ciudad ha ingresado de forma recurrente a la propiedad para pedirles que desalojen lo que consideran está fuera de sus funciones.
Publicidad
El pleito legal ha escalado a otros niveles de agresión, pues de acuerdo con videograbaciones, un grupo de policías municipales usa los recursos públicos de la ciudad, acudiendo al lugar para sacar a los propietarios; también realiza rondines continuos y ha escoltado hasta el lugar a un ex agente que está bajo investigación.
Los supuestos afectados describieron cómo en 2014 contrataron a Francisco Javier, un cocinero que conocieron trabajando en un restaurante en Ensenada, con los años, la relación laboral se transformó y la familia Harer lo hizo socio.
Publicidad
En febrero de 2018, los propietarios -ya de edad avanzada- decidieron extender un poder notarial a Castellanos Arreola para auxiliar en la administración de Viento y Mar.
El poder incluía amplias facultades, como el de suscribir títulos de crédito, realizar gestiones laborales e incluso abrir y cerrar cuentas bancarias en BBVA. A partir de ese momento, el cocinero tuvo acceso directo a las cuentas de la empresa.
Además, la asamblea de accionistas decidió otorgarle 40 por ciento de las acciones, y en ese momento se convirtió en socio minoritario, aunque continuó desempeñándose como empleado de la empresa, según consta en procesos laborales previos. Los Harer y su hijo David tenían el otro 60 por ciento.
CONFLICTO LEGAL QUE GENERÓ VIOLENCIA AL MOLINO VIEJO
El problema entre la familia y el trabajo inició cuando la gerente Nancy Harer intentó realizar el pago semanal de la nómina, como era costumbre en uno de sus viajes, pero al ingresar a la cuenta de cheques de BBVA descubrió que su firma había sido cancelada.
Por otro lado, Francisco Javier había tomado control único de la administración a través de la aplicación móvil, y con eso dejó a la empresa, o a la familia, sin acceso a fondos para su operación ordinaria.
“Nos dejó sin acceso para pagar sueldos, insumos y obligaciones fiscales”, relató la familia, que pasaba la mayor parte del tiempo viajando.
Al verse fuera del negocio, y preocupados por la situación, los Harer acudieron a un notario público en Ensenada para revocar el poder otorgado en 2018, misma que quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad y posteriormente notificada por el Juzgado Civil de San Quintín.
De manera paralela, la empresa procedió a rescindir el contrato laboral de Francisco ante el Tribunal Laboral correspondiente, afirmando que no había confianza.
Tras conocerse de manera informal la revocación del poder, la familia Harer afirma que Francisco introdujo a varias personas al complejo turístico con la intención de iniciar un proceso irregular de posesión.
En medio de esto, cuando la familia regresó a San Quintín para conocer cuál era la situación, se encontraron con que sujetos les estaban impidiendo la entrada, además de amenazas de que el lugar tenía dueño.
El 5 de junio hubo un altercado cuando intentaron notificar al extrabajador, quien no se presentó; sólo estaban tres personas que se identificaron como sus abogados, un hombre de nombre Dionisio, otro de nombre Juan Carlos Castañeda, y uno más que dijo ser expolicía municipal con licencia, identificado como Omar Romero.
Omar es un agente que no está en activo debido a que tiene varias carpetas de investigación abiertas, y por ese motivo fue desarmado y no tiene autorización para desempeñar labores de patrullaje.
Semanario ZETA solicitó a la Sindicatura Municipal, conocer la situación legal del ex policía Omar, quien en el 2021 había acumulado siete averiguaciones, por los delitos de robo a lugar cerrado, robo de vehículo, robo equiparado de vehículo de motor y despojo.
Además de otros expedientes por violencia intrafamiliar y la otra por no rendirle un informe justificado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero la entidad no respondió a la petición de información para aclarar el estatus legal.
POLICÍAS INGRESAN A LA PROPIEDAD PRIVADA
De acuerdo con Palafox Granado, durante todo el conflicto los accionistas mayoritarios han sido amedrentados por policías municipales, algunos de los cuales han sido identificados en cámaras de vigilancia.
“Intentaron desalojarnos sin orden judicial alguna. El oficial que encabezaba el grupo afirmó que la propiedad era de Francisco Javier y que nosotros estábamos invadiendo y utilizando el inmueble, incluso consumiendo indebidamente los servicios del hotel”, declaró el abogado Palafox Granado, representante legal de los Harer, sobre uno de los episodios violentos con policías que ingresaron al complejo.
El abogado mostró material audiovisual donde se observa la llegada de los oficiales y la confrontación verbal con los representantes de la empresa.
El material muestra rondines frecuentes de patrullas y agentes a pie, tanto hombres como mujeres, alrededor del complejo turístico. Incluso antes del conflicto, servidores públicos de Seguridad Pública solían frecuentar el restaurante Eucalipto.
La presidenta municipal Miriam Cano Núñez declaró que, cuando tuvo conocimiento de un posible desalojo, ordenó un despliegue preventivo de policías “únicamente para evitar altercados”, y negó de manera tajante que la autoridad municipal esté apoyando a alguna de las partes.
La alcaldesa defendió a los oficiales señalando que su presencia es “para mantener el orden y garantizar la seguridad de visitantes y residentes”, sin involucrarse en asuntos civiles que corresponden a otras autoridades.
Respecto al policía con licencia Omar Romero, Cano Núñez señaló que éste se encuentra comisionado a la barandilla de Camalú, está desarmado y no tiene autorización para patrullar. Informó que tanto la situación de Romero como las actuaciones registradas en videos están siendo investigadas por el Órgano Interno de Control y la Fiscalía del Estado.
También reveló que Romero, antes de ser separado de sus funciones, había solicitado licencia para abrir un negocio de comida, aunque posteriormente se supo que también operaba un negocio de seguridad privada.
“Sí puso un negocio de tortas, pero también uno de seguridad”, declaró la alcaldesa.
El regidor Arnulfo Silva Martínez reconoció que Romero fue su escolta, pero se deslindó de cualquier relación actual debido a que lo dio de baja hace tiempo.
Mientras las autoridades han justificado la presencia policial, los dueños del Molino Viejo describen octubre como el periodo más complejo del conflicto. Según la empresa, los agentes acuden con frecuencia tras reportes realizados, sin que existiera causa aparente.
Y mientras esto sucede, los exaccionistas siguen dentro de sus instalaciones viviendo en dos de las habitaciones, frente a una suspensión de amparo federal, otorgada a Viento y Mar, con el que pueden impedir que se consume un intento de desalojo.
