La explosión de un coche bomba en el municipio de Coahuayana, Michoacán, el pasado 6 de diciembre de 2025, marcó un nuevo y sangriento capítulo en la escalada de violencia en México, obligando nuevamente a la opinión pública a debatir el término que las autoridades mexicanas se resisten a pronunciar: Terrorismo. El saldo de ese estallido brutal, que ocurrió frente a la base de la Policía Comunitaria y la Presidencia Municipal, dejó seis personas fallecidas, entre ellas cuatro policías comunitarios.
Ante la naturaleza del ataque, que utilizó un vehículo cargado de explosivos y causó daños materiales a vehículos, viviendas y comercios por la onda expansiva, la respuesta inmediata de la Fiscalía General de la República (FGR) fue abrir una carpeta de investigación bajo la figura de terrorismo en la misma fecha de los hechos. Hasta se emitió un comunicado oficial en ese sentido. Sin embargo, horas más tarde se reclasificó al tipo penal de delincuencia organizada. Esta clasificación oficial es sintomática de una postura gubernamental persistente y coordinada, que busca evitar a toda costa equiparar la violencia del crimen organizado con actos de terrorismo.
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La propia Presidenta Claudia Sheinbaum evitó declarar sobre la explosión, señalando que las investigaciones seguían en curso y que el Gabinete de Seguridad informaría, al tiempo que enfatizó que la clasificación del delito de terrorismo en México debe apegarse estrictamente a lo establecido en el Código Penal. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, pidió no especular sobre el tema, asegurando que, afortunadamente, no hubo víctimas civiles que lamentar, a pesar del número de fallecidos.
La renuencia de las autoridades federales a emplear el término “Terrorismo” no es nueva, sino que forma parte de una política de Estado que fue incluso llevada -a principios de año- a foros internacionales. México solicitó formalmente ante el Consejo de Seguridad de la ONU no equiparar la delincuencia organizada con el terrorismo, argumentando que estos fenómenos poseen marcos jurídicos distintos y que una clasificación errónea podría resultar en estrategias fallidas. Héctor Vasconcelos, representante mexicano, advirtió que clasificar así los actos criminales podría también estigmatizar comunidades y regiones enteras afectadas por el crimen organizado.
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Esta postura se intensificó tras el decreto del presidente estadounidense Donald Trump, quien el 19 de febrero de 2025 designó a seis cárteles mexicanos de la droga (Cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana) como organizaciones terroristas. Mientras la Federación se mantiene cautelosa, la presión estadounidense no cesa. El Departamento de Justicia de EE.UU. ordenó la eliminación total de cárteles, priorizando procesamientos rápidos para delitos graves como el terrorismo y crímenes capitales.
El 15 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a los líderes de La Nueva Familia Michoacana, acusándolos de traficar fentanilo y cometer actos terroristas, incluyendo el uso de drones y explosivos. Además, el 13 de mayo, la justicia estadounidense presentó una acusación histórica por narcoterrorismo contra líderes del Cártel de Sinaloa, siendo la primera vez que se imputan estos cargos tras la designación oficial de la organización como terrorista.
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La explosión en Michoacán es sólo el último de una serie de incidentes que, de acuerdo con las acciones y clasificaciones en el ámbito local e internacional, cumplen con criterios de terror o siembra de pánico.
CARRO BOMBA Y MÁS
El 8 de diciembre de 2025, Coahuayana, Michoacán, se convirtió en el epicentro de la discusión sobre el narcoterrorismo tras el ataque con un coche bomba que acabó con la vida de seis personas, principalmente policías comunitarios. Los criminales responsables, provenientes de Tecomán, Colima, ingresaron a Michoacán en dos vehículos, uno de los cuales era una camioneta tipo Suburban que contenía la carga de explosivos.
El contexto criminal de Coahuayana es clave para comprender la gravedad del incidente, pues la zona es un punto estratégico por su cercanía con los puertos de Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, históricamente utilizados para el tráfico de mercancías y el desembarque de drogas o precursores químicos. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene el control de la zona desde Colima, mientras que policías comunitarios de origen autodefensa operan en Michoacán, a menudo sin reconocimiento oficial y bajo sospechas de vínculos con el crimen organizado.
Marco Antonio Coronel, reportero de N+ Docs, reveló que el uso de explosivos en la región no era un hecho aislado, citando antecedentes de artefactos con químicos tóxicos, agresiones con drones y minas, lo que contribuye a un ambiente de riesgo constante. El ataque del coche bomba generó una gran conmoción, causando daños materiales a seis vehículos, además de viviendas y comercios alcanzados por la onda expansiva.
A pesar de que el atentado claramente buscó maximizar el daño y la intimidación en un punto neurálgico del control local, la FGR asumió la investigación y la clasificó bajo la figura de terrorismo, pero la varió a delincuencia organizada. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que la FGR atrajo el caso y abrió nuevas líneas de investigación, sin descartar ninguna. El funcionario dijo que la explosión no fue la de un vehículo abandonado, sino que había un conductor y una persona adicional que ingresaron, se estacionaron y el vehículo detonó en ese momento. Esta precisión resalta el carácter planificado y dirigido del ataque.
Para el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, el incidente de Michoacán era el mejor ejemplo de que el gobierno de Morena no reconoce la realidad de la violencia en el país y calificó el carro bomba como un acto de terrorismo. Más allá de la etiqueta jurídica, el periodista Marco Coronel enfatizó que estos hechos generan un temor palpable entre los habitantes, agricultores y trabajadores de la región, propiciando la aparición de múltiples “zonas de silencio” periodísticas.
Este hecho, altamente visible, se suma a otros incidentes recientes que muestran una sofisticación en la violencia criminal que roza la definición de terrorismo, así sea sólo reconocida por instancias locales o extranjeras. En octubre de 2025, la FGE en Baja California enfrentó un ataque histórico e inédito al ser blanco de tres drones cargados con explosivos en su delegación de Playas de Tijuana. Los drones se acercaron a baja altura para dejar caer explosivos de manufactura doméstica, causando detonación de balines y clavos que resultaron en daños materiales en cuatro a seis vehículos en los patios de las instalaciones. La fiscal general, Elena Andrade Ramírez, reconoció que este acto sería investigado como terrorismo, además de lo que resulte, y no descartó la relación del ataque con el incendio previo de otras dos instalaciones de la FGE en septiembre.
Apenas un mes después del ataque con drones, la masacre de una familia en Loreto, Baja California Sur, sacudió a un municipio con una incidencia delictiva tradicionalmente baja. Siete miembros de la familia Ceseña perdieron la vida en un ataque coordinado en dos domicilios. Aunque el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío insistió en que el ataque estaba claramente relacionado con la pelea por “la plaza” y el narcomenudeo, familiares de las víctimas negaron la versión oficial de un ajuste de cuentas.
La hipótesis alternativa, investigada como uno de los pilares determinantes, fue el terrorismo, donde el fin del atentado habría sido infundir miedo y generar pánico en la población, a las autoridades o a un grupo delincuencial rival, más allá de un ataque directo entre grupos. El procurador general de Justicia del Estado, Antonio López Rodríguez, reconoció esta línea de investigación sobre la intención de “conmocionar o crear pánico en el municipio de Loreto”.
Mientras que las fiscalías estatales como la de Baja California optan por clasificar incidentes con explosivos como terrorismo, las autoridades estadounidenses han consolidado el concepto de narcoterrorismo. En febrero de 2025, la administración de Donald Trump designó a los primeros seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Desde entonces, EE.UU. ha formalizado acusaciones bajo este término. La Nueva Familia Michoacana fue sancionada por el gobierno estadounidense, que acusa a sus líderes, los hermanos Hurtado Olascoaga, de traficar fentanilo y cometer actos terroristas, incluyendo el uso de drones, explosivos y armas contra rivales y fuerzas mexicanas.
Además, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una acusación histórica por narcoterrorismo contra Pedro Inzunza Noriega y otros miembros del Cártel de Sinaloa, acusándolos de tráfico masivo de fentanilo y de brindar apoyo sustancial al terrorismo. Incluso, se presentó la primera acusación de terrorismo contra una ciudadana mexicana, María del Rosario Navarro Sánchez, por presuntamente brindar apoyo al CJNG, grupo designado como terrorista.
OFICIALISMO Y LEGALIDAD
La reacción del gobierno mexicano ante los incidentes violentos y las acusaciones internacionales subraya la firme negativa a aceptar la existencia de terrorismo o narcoterrorismo bajo la ley federal. El rechazo más claro provino de la FGR, cuyo extitular, Alejandro Gertz Manero, aseguró en mayo de 2025 que no había recibido información sobre una posible extradición de Pedro Inzunza Noriega y su hijo, los primeros mexicanos acusados de narcoterrorismo por la Unión Americana. La Presidenta Sheinbaum también ha sido cautelosa, descartando un nuevo envío masivo de capos a Estados Unidos, enfatizando que las deportaciones o extradiciones deben seguir el proceso legal habitual, aunque reconociendo que México debe buscar una buena relación con EE.UU. basada en la coordinación y no en la subordinación.
Esta resistencia soberana se manifestó en la reforma constitucional impulsada por Sheinbaum para fortalecer la soberanía nacional, endureciendo las penas contra agentes extranjeros que operen sin autorización y rechazando cualquier acto lesivo a la soberanía, como intervenciones o golpes de Estado. No obstante, esta misma reforma incorpora el delito de terrorismo al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo cual fue interpretado por el exlíder del PAN, Marko Cortés, como un avance y un reconocimiento parcial de que “en México sí hay terrorismo”.
El temor a la intervención militar o a la injerencia extranjera es una preocupación central para el Estado. Tras la explosión del coche bomba, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, declaró tajantemente que México “no va a aceptar nunca que intervenga Estados Unidos”. Monreal destacó que, si bien la colaboración e intercambio de inteligencia son admisibles, una intervención armada es “inadmisible”.
Expertos en seguridad y derecho penal coinciden en que la reticencia del Gobierno Federal se fundamenta en la estricta definición jurídica de terrorismo en México, la cual está anclada en marcos internacionales. Edgardo Buscaglia, especialista en seguridad, señaló que la diferencia legal entre delincuencia organizada y “actos de terrorismo” se basa en las leyes de la ONU ratificadas por México. Buscaglia también advirtió sobre las implicaciones de la presión de Donald Trump sobre el gobierno de Sheinbaum y la necesidad de que el Estado retome el control soberano de la seguridad.
El investigador académico Arturo Villarreal Palos, de la Universidad de Guadalajara, entrevistado por ZETA, ratificó que, en términos de la Convención Internacional contra el Terrorismo y el Código Penal Federal, no considera que se dé la figura de terrorismo en el hecho de Michoacán. Explicó que las organizaciones criminales, en general, buscan evitar declararle la guerra al Estado. Si bien algunas entidades federativas podrían tener una connotación más amplia del delito, a nivel federal, si el acto no está dirigido contra el Estado o la población en general con el fin de coaccionarlo, no encuadra en la definición estricta. La reclasificación del carro bomba en Michoacán a delincuencia organizada por parte de la FGR es una señal clara de que el incidente no encaja en el tipo penal de terrorismo a nivel federal.
La discrepancia radica en el objetivo. Mientras que el narcotráfico utiliza la violencia extrema para fines económicos o de control territorial -como la pelea por la plaza en Loreto o el control portuario en Coahuayana-, el terrorismo, legalmente, implica coaccionar al gobierno o a la sociedad mediante el miedo para alcanzar objetivos políticos o ideológicos. No obstante, la evidencia de ataques dirigidos con tecnología bélica (drones, explosivos) en espacios públicos o contra instalaciones de gobierno demuestra que la finalidad de infundir miedo y pánico ya es un resultado operativo de los cárteles, lo cual alimenta la hipótesis del narcoterrorismo.
LA SOMBRA DEL TERRORISMO
A continuación, se presenta una línea de tiempo basada en las acciones, declaraciones y eventos registrados durante 2025.
